El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por Ramiro Guerra M. Abogado y cientista político.
Molestia e indignación ha causado la declaración de Manuel Pino, al decir públicamente que, se reunió con la presidenta de la Corte Suprema de justicia, lic. Maria Eugenia López, para que ésta interceda en las decisiones de los jueces por el hecho que estos desaprenden y dictan medidas cautelares, en asuntos penales. Le incomoda, según él que, la policía detiene a ciudadanos y los jueces hacen todo lo contrario. Esa postura del ministro no tiene nada que ver con la colaboración armoniosa entre los órganos del estado. Se trata de una clara injerencia de este funcionario en asuntos de otro Órgano del estado, que lo lleva a incurrir en una evidente violación a la constitución nacional.
No vivimos bajo la egida de un gobierno de excepción donde eso puede ocurrir. Es un irrespeto al órgano judicial solicitar semejante petición. Lo peor, decir o dejar establecido como que la magistrada accedió. El ministro hace gala de una ignorancia inexcusable; se conduce como un funcionario que le resbala las leyes y la constitución. La magistrada presidente, no puede oficiar a los jueces y magistrados o mejor darle curso a tal solicitud. En el caso del ministro, dicha injerencia, debería dar curso a su inmediata destitución y en el caso de la presidenta, lic. María Eugenia López, una severa reprimenda del pleno, la ciudadanía y peor, si se comprometió con el ministro Pino, mediando denuncia, la Asamblea debería abrir o dictar un auto de cabeza para la investigación de posibles delitos a la constitución.
La ciudadanía y el gremio abogadil, no puede callar y solo procede condenar tal injerencia del órgano ejecutivo.
El presidente Laurentino Cortizo, no puede dejar pasar lo anterior. Se cae todo su discurso sobre el estado de derecho y la justicia en Panamá.
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