Por: Eduardo A. Reyes Vargas
Hace unos meses el Presidente Laurentino Cortizo C., firmó la ley que reafirmó el derecho de los servidores públicos a la famosa prima de antigüedad.
Palabras más palabras menos, el espíritu de esa ley, como lo fue la Ley de 1994 que rige la Carrera Administrativa por vez primera reconocía un bono de antigüedad a los servidores públicos y ahora se reafirma.
Definitivamente se aplaude esa ley del Presidente Cortizo y es bueno revisar en profundidad.
Entren a la Página Electrónica de la Dirección de Carrera Administrativa y encontrarán algunos de estos documentos relativos al tema. Creo hay ausente algunos. No sé por qué.
Sin embargo desde l994, la Ley madre ha sido objetos de reformas, muchas veces gestadas por los intereses de los gobernantes de turno y sus seguidores.
Se señala que un gobernante en su reforma propuso que los derechos a esta prima de antigüedad se reconocían a partir del 2014.
Hemos escuchado algunos voceros de los servidores públicos reafirmar lo de esa fecha.
Luego otro gobernante posteriormente entiendo que a través de otra reforma deroga lo expresado en la Ley firmada por su predecesor.
Las preguntas como un servidor público retirado antes de esa fecha del 2014, son las siguientes:
¿En base a que se definió el año 2014, que para algunos, es el año de partida para reconocer ese estímulo?
Se puede interpretar que esa ley aparentemente abolida por otro Presidente posterior a la ley que fija fecha del 2014 abolió ese año?
¿Me pregunto?
Acaso los servidores públicos previos al 2014, no eran servidores públicos.
¿No existe allí una violación a derechos del servidor público y al ciudadano, establecido en algunos artículos del Constitución vigente de Panamá?
¿Po que no se tomó en cuenta la Ley madre de l994 para fijar esa fecha?
Entendemos que lo que privó fue el compromiso financiero gubernamental.
¿Pero caso no tiene los gobiernos otras vías como bonos, saldos de deudas de servicios públicos etc. para reconocer ese humano derecho como se ha hecho con otros en el pasado?
¿Se olvidaron sus proponentes que con esa fecha, dejaron de reconocer a muchos servidores públicos ese derecho y olvidaron algunos de ellos que entablaron luchas reivindicativas fueron acompañados pon mucho de esos ciudadanos que hoy abandonan?
Recuerdo que la Presidenta Moscoso, reconoció con justicia a unos educadores su derecho al salario final en sus pensiones, pues otra ley no respeto un límite fijado por convenios internacionales de los que somos signatarios.
Ponderen esa decisión.
Hay muchas vías para reconocer ese derecho muy humano y muy bien ganado por los servidores públicos
Eviten que los que se sienten afectados transiten por la vía Contencioso Administrativa o las diferentes instancias de Derechos Humanos Internacionales.
Esos errores pueden costarle más a nuestro erario público como ya ha sucedido en demandas previas.
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