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La administración de justicia y el caos, el desasosiego y la violencia

Sin Justicia, no hay Paz.

Quienes propician el caos?

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Cuando los Órganos del Estado se adversan y rompen el equilibrio del ejercicio de las funciones del Estado, socavan el Orden Constitucional afectando en forma directa los intereses nacionales. En nuestro País, Panamá, se viene profundizando una crisis en el Poder Judicial, en especial en las más altas esferas, la Corte Suprema de Justicia, un Poder Judicial que debe estar comprometido por garantizar y salvaguardar la seguridad jurídica, la estabilidad y armonía del Estado. Cuando nuestros operadores de justicia se apartan del ejercicio funcional de administrar justicia, de la honradez y probidad, cuando se despojan de la moral, de la ética y se ubican en el marco de los intereses personales, el amiguismo y la comisión, se destruye todo el Sistema de Seguridad Jurídica Nacional.

Para explicación del lector y no generalizar, tenemos Magistrados en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Primera de lo Civil, que acomodan los fallos para favorecer a su clientelismo, causando daños y perjuicios, no solamente a la Administración de Justicia, sino también al que recurre a esa sede jurisdiccional.

Existe un clamor general contra el Magistrado Olmedo Arrocha, quien está deformando y desnaturalizando tanto la Doctrina como la Jurisprudencia y vulnerando todo el sistema normativo procesal constitucional, con fallos exabruptos y comprometidos, que sería largo enumerarlos.

A título de ejemplo citamos, en el caso de Mueblería Unión, Financiera Única y Gustavo Vásquez contra Emilia Estévez de Vásquez y José Vásquez Estévez, bajo la ponencia del Magistrado Hernán De León, mediante un fallo descabellado revocan la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que confirmó la sentencia de primera instancia que anuló la transacción extrajudicial por considerar que la parte demandada Emilia Estévez de Vásquez y José Vásquez Estévez (Madre e Hijo), habían utilizado un acta cargada y saturada de declaraciones falsas y además por no estar legitimados, acta protocolizada en Escritura Pública por el Notario Ricardo Adolfo Landero Miranda, mismo Notario que se arrepintió pocos días después de haber protocolizado la escritura que contenía las declaraciones falsas, y para enmendar su actuación y bajo el principio de la Fe Pública, en otra Escritura Pública manifestó que había sido sorprendido en su buena fe. El Magistrado Olmedo Arrocha, en un escalofriante Salvamento de Voto Razonado, dio valor probatorio a la Escritura espuria, fraudulenta de una transacción extrajudicial celebrada entre madre e hijo, para despojar a Mueblería Unión y Financiera Única de todos sus bienes patrimoniales. Este Magistrado Olmedo Arrocha está difamando su propia investidura y ocasionado daños y agravios a la Administración de Justicia y al resto de los Magistrados que integran la Sala Civil.

Si es cierto que reconocemos los esfuerzos que realiza la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia para que se imparta una justicia con apego a la Ley y a la Constitución Nacional, estos esfuerzos no son notables como consecuencia de la actitud contrario a la moral jurídica en que incurre el Magistrado ya varias veces mencionado, que continúa lesionando la integridad de nuestra máxima corporación de justicia con fallos amañados y selectivos.

La ciudadanía en general, las organizaciones de profesionales y en especial el Colegio Nacional de Abogados y otras organizaciones de profesionales del derecho, deberán levantar su voz de alerta porque la situación de la administración de justicia exige enérgicamente denunciar estos hechos que constituyen una amenaza para esa sede jurisdiccional e impedir que se agudice en nuestro país, la crisis de la administración de justicia y crear el caos, desasosiego y la violencia que estamos observando en otros países fronterizos o aledaños.

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