El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
En la última semana hemos asistido a un nuevo ataque de los sectores dominantes del país contra la seguridad social solidaria. Se trata de atemorizar a la población con el fin de asegurar la plena consolidación del modelo de cuentas individuales, las cuales, además, estarían directamente administradas por el capital financiero. Esto se evidencia, por ejemplo, en un titular del diario la Prensa correspondiente al 30 de agosto: “El tiempo se ha agotado para el IVM”. Lo mismo ocurre con otro titular del 27 de agosto: “IVM, sin ahorros para el pago de pensiones”.
Es claro que el sistema solidario (subsistema de beneficio definido) se encuentra en graves problemas, de manera que en los tres próximos años mostrará un déficit de B/. 3,860.0 millones. Este más los que le seguirán, como bien se reconoce en el diario La Prensa tiene su origen en la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005. Donde falla este diario es en preguntarse quienes la promovieron. Con esto se oculta que fue el sector empresarial, junto al gobierno de turno de ese momento, quienes la originaron, negándose reconocer el enorme costo de transición que estaban originado, poniendo en peligro la jubilación de toda una generación de panameños y panameñas. Los editores de la Prensa deberían acogerse a la célebre frase de Lincoln, que ellos mismos citan: “no se puede engañar a todas la personas todo el tiempo”.
Un elemento central en el discurso contenido en la argumentación del diario la Prensa se refiere a la siguiente idea: el Estado no puede ayudar a la solución del problemas sin poner en riesgos sus finanzas y la estabilidad económica del País. Este discurso interesado, que niega el principio de subsidiaridad contenido en la Ley Orgánica de la CSS, se basa en el hecho de que no sería posible cubrir estos déficit por su magnitud. Por ejemplo, se señala que entre el 2024 y el 2030 el déficit acumulado del sistema solidario sería de B/. 11,787 millones, es decir un promedio de 1,683.6 millones de dólares anuales.
Los analistas de la prensa cometen un claro desliz al no mostrar para cada año la relación entre el déficit y el PIB en términos nominales, a fin de mostrar su peso real sobre la economía. También olvidan, o no quieren evidenciar, que de acuerdo a la DGI en el año 2019 la evasión fiscal del sector corporativo alcanzó al 10.0% del PIB. Se trata de B/.6,698.4 millones anuales. De mantenerse este nivel de evasión, si proyectamos conservadoramente el PIB nominal hasta el 2030, se tendría que la evasión acumulada entre el 2024 y el 2030 sería de B/.67,431,2 millones.
Los analistas de La Prensa callan frente la posibilidad de enfrentar la corrupción que representa la evasión fiscal, a fin de lograr una mayor holgura de la finanzas públicas para ayudar a la seguridad social solidaria, la que es un derecho humano. Como también callan frente a los problemas de la evasión de las cuotas de la seguridad social y el uso inadecuado de los fondos que la ACP entrega al gobierno central. ¿Qué efecto tienen estas omisiones?
Como queda claro en el artículo publicado en La Prensa el martes 13 de abril de 2021 y el 14 de septiembre de 2022, la propuesta del sector empresarial implica tres cosas: el desmembramiento de la CSS; la transición de prácticamente todos los asegurados a las cuentas individuales; el manejo de dichas cuentas por el sector privado. Un modelo que, como lo indica la experiencia, significa pensiones de miseria para la población y elevadas ganancias para el capital financiero.
Este es el momento de defender el sistema solidario de pensiones.
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