La corrupción de los sectores económicamente dominantes

Juan Jované

La corrupción es, sin lugar a dudas, una lacra social, que se expresa en la negación de derechos fundamentales como lo son, solo para mencionar algunos,  la alimentación, la salud, el agua potable, la educación de calidad, la seguridad social y el derecho al trabajo decente. Esto hace urgente denunciar sus distintas formas, así como dejar en claro donde residen la bases estructurales que le dan origen.

Los sectores empresariales, teniendo en cuenta sus propios intereses, solo llaman la atención hacia la corrupción que se origina en los funcionarios públicos, omitiendo el hecho de que aún en este caso para que exista corrupción también hace falta un corrupto del lado del sector privado.  Tal como lo ha señalado Alberto Acosta, “Transparencia internacional estudia el sector público, sin descubrir la otra cara de la medalla, el ámbito privado donde la corrupción campea por igual”.

En nuestro país las formas de corrupción originadas en la empresa privada están a la vista, constituyendo formas de acumulación por desposesión de los recursos públicos. Su principal manifestación es la infame evasión tributaria. Esta realidad se puede apreciar en las estadísticas sobre impuestos de la Dirección General de Ingreso, aun cuando, lastimosamente, sus últimas publicaciones se refieran al 2019. En ese año, la evasión tributaria del sector empresarial alcanzó a B/. 6,698.4 millones, cifra equivalente al 10.0% del Producto Interno Bruto de ese año. El significado de este monto de evasión queda más claro si se tiene en cuenta que el mismo es 3.7 veces el aporte de la ACP al fisco en el 2019.

La corrupción por evasión de la empresa privada no se restringe a los impuestos, también afecta duramente a la seguridad social. De acuerdo al reciente informe actuarial de la OIT, en el 2019 solo el 73.3% de los asalariados de estas empresas fueron inscritos y sus cuotas entregadas a la CSS. Esto significa una enorme evasión que afectó al 26.7% de los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Se trató, visto en términos absolutos, de 227,671 asalariados y asalariadas a los que sus empleadores, de manera corrupta. y por vía de la apropiación criminal, le negaron el derecho a la salud, las pensiones y la protección frente a los riesgos profesionales.

Este fenómeno, a diferencia de lo que plantean los voceros de los sectores económicamente dominantes, afecta directamente a quienes laboran en las empresas formales del sector  privado. Es así que, de acuerdo al INEC, en el 2019 un total de 101.084 asalariados de este tipo de empresas debieron ser calificados de trabajadores informales de las empresa formales, debido a que los mismos fueron evadidos de la CSS.

Claro está que existen otras forma de corrupción que se originan en la actividad de las empresas privadas. Entre estas, para dar un ejemplo, está la venta de viviendas con publicidad engañosa, en zonas en que los promotores saben perfectamente que existirán problemas de abastecimiento de agua potable. No menos clara es la corrupción de los sobreprecios que los oligopolios privados imponen a los productos de primera necesidad.

El origen básico de la corrupción se encuentra en la propia estructura y lógica de la forma de economía en que vivimos. Esta considera que las relaciones económicas deben basarse en el individuo egotista, carente de toda solidaridad, cuyo objetivo exclusivo es maximizar su posesión de riqueza. El individuo se mide por cuanto tiene, no por lo que es. Esto lleva al afán de acumular a como de lugar, en una competencia en que la corrupción no es más que un mecanismo para lograr el objetivo. Volver al ser humano con su dimensión solidaria, precisa de un cambio de civilización.

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