En el gobierno de Martinelli se autorizó, contra todo sentido lógico y sensato, la construcción de una planta de generación de energía eléctrica en Donoso, dentro de la concesión minera cuyo combustible sería carbón proveniente de la guajira colombiana.
Estas plantas para ese mismo periodo fueron prohibidas en Europa y otras partes del mundo por el alto riesgo contaminante que resulta de su operación.
Los residuos de la combustión del carbón (CCR o cenizas de carbón), un producto derivado de la quema del carbón en las plantas de energía a carbón, contiene contaminantes como el mercurio, el cadmio y el arsénico que, sin la gestión adecuada, pueden contaminar los cauces, las aguas subterráneas, el agua potable y el ambiente en general hasta un área, de circunferencia de 100 kilómetros, sin contar con los vientos de norte a sureste, en lo cual contaminaría la cuenca del Canal, la provincia de Coclé, Panamá Oeste, sus playas y el área metropolitana de la ciudad capital, el área con mayor crecimiento poblacional actual.
Si esta empresa continuara su operación, toda el área de la concesión y de la cuenca del Canal que ya han sido contaminadas, quedarían ahora, absolutamente contaminadas en niveles que no solo expondría a Panamá a un signo ampliamente de carbono negativo en cuanto al Dióxido de Carbono, sino que toda el agua potable de toda la zona metropolitana de Panamá, Chorrera, Arraiján, las playas del pacífico y Colón estarían no aptas para el consumo humano y con niveles de contaminación irreversibles.
En el año 2,016, a dos años de ejercicio del gobierno de Juan Carlos Varela, se inauguró la planta de Carbón patrocinada por la compañía FQM, que tiene una capacidad de generación de 300 MW, y en la planta de extracción y procesamiento de la mina, se consume solo 125 MW, es decir, menos del 50%, por lo que el resto, la empresa lo vendía al mercado nacional a través de un enlace o sub estación de Llano Sánchez de Aguadulce, a el precio más alto del mercado, casi 25 centésimos por kilowatt/hora, lo cual representó un gran negocio adicional a la minera, que el pueblo panameño paga a través de la encarecida factura eléctrica o para la exportación de energía a Centroamérica, de modo que, su generación para su propio uso en la concesión minera le resultó sin costo alguno y hasta con ganancias a costa del empobrecido pueblo panameño, todo esto patrocinado por ASEP y ETESA.
Una empresa coreana del sur fue la que desarrolló la instalación, y ellos, siendo un estado, son tenedores de acciones de FQM y de su subsidiaria Minera Panamá con un 10% de las acciones, hecho que las leyes panameñas, la constitución política prohíbe categóricamente.
La empresa FQM Ltd. Minera Panamá, ha demandado a Panamá, y chantajea al país a cuenta de que ellos tienen derechos que se le han conculcado. Esto es absolutamente falso. La Empresa minera le ha asestado un daño de dimensiones apocalípticas a la república de Panamá que, permitirles abrir nuevamente la mina es como echar sal a la herida.
El material o minerales que están en los depósitos de la minera, le pertenecen a la república de Panamá, dada la declaratoria de inconstitucionalidad que devienen en la tenencia ilegal por parte de la mina de todos los bienes que le pertenecen a los panameños. Las resultas de su venta por la república de Panamá, podría servir de algún modo para tomar medidas de mitigación del daño fuera d ela misma concesión que utilizaron sin fundamento legal alguno.
Hay que recordar que el contrato que le sirvió para establecerse en Panamá, fue declarado inconstitucional el 21 de diciembre de 2017 y quedó ejecutoriado el 24 de diciembre de 2017, tres días después conforme lo establece nuestro Código Judicial. Por tanto, le adeudan a Panamá todos los millones (miles) que se llevaron en diferentes minerales, especialmente oro, platino, plata, cobre y otros de gran valor económico por un período de cinco año y diez meses, (24 dic. 2017-23 oct. 2023) además del inconmensurable daño ambiental, mucho del cual no podrá ser restaurado jamás.
En estas circunstancias, quien desde el gobierno o desde algún punto de nuestra sociedad, favorezca la reapertura de la mina o cosa similar, es un traidor al país, cohonestador del daño infringido a la república y abre un espacio desde donde desafía a todas nuestras instituciones democráticas y se constituye además, en quien promueve la traición inadmisible a nuestra patria y debe ser tratado como tal y conforme lo prescribe nuestra Constitución y nuestro ordenamiento penal.
El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
