El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
La reciente “Valuación Actuarial del Sistema de Pensiones Panameño” definitivamente contiene algunos errores que limitan su validez. Entre estos, tal como se explicará en un próximo artículo, se encuentran los supuestos macroeconómicos empleados para proyectar hacia futuro el producto interno bruto real y la inflación. Sin embargo, el mismo contiene una información importante sobre la magnitud de la evasión de las cuotas de la seguridad social.
En efecto, en la Tabla 3.1, que recoge los datos sobre la cobertura contributiva de la fuerza de trabajo ocupada para el 2019, se observa que en ese año el 74.9% de los asalariados aparecían como cotizantes activos de la CSS, lo que significa que 25.1% de los mismos, así como sus cuotas, estaban siendo evadidas. SI se enfoca el análisis sobre los asalariados de las empresas privadas, se observa que solo el 73.3% de los asalariados que trabajaron en éstas fueron cotizantes activos de la CSS durante el 2019, el porcentaje de evadidos llega, entonces, a 26.7% del total.
Teniendo en cuenta estas cifras, así como la Encuesta de Hogares del INEC de agosto de 2019, cerca de 233,291 asalariados de las empresas privadas, así como sus cuotas correspondientes, fueron evadidos de la CSS. Lo que más llama la atención es que el 40.0% de los mismos trabajaban en empresas formales, siendo parte de los llamados trabajadores informales de las empresas formales.
Entre los sectores de la empresas privadas que resultaron con una alta tasa de trabajadores asalariados evadidos se destaca, en primer lugar, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 66.0%. En el caso de la construcción la evasión afecta al 38.5% de los asalariados, mientras que este porcentaje se coloca en 30.5% en el caso de los hoteles y restaurantes.
La evasión es, entonces, un fenómeno extendido en el caso de la empresa privada. Esta es de tal magnitud que si ésta se eliminara el número de cotizantes activos de la CSS se elevaría significativamente. De acuerdo a los datos de la Junta Técnica Actuarial en el 2019 el número de cotizantes activos en el programa de IVM fue de 1,148,417 personas, de manera que la eliminación de la evasión de la empresa privada podría representar un incremento de 20.3% de los cotizantes de este programa, lo que evidentemente elevaría la recaudación de cuotas para el mismo.
No son pocas las veces que los más altos responsables gubernamentales, como los voceros oficiales y oficiosos de la cúpula empresarial, han venido insistiendo que el gobierno central difícilmente puede contar con los recursos necesarios para apoyar al sistema solidario de pensiones. Con esto niegan el principio de la subsidiariedad como uno de los elementos que necesariamente deben servir de base a la seguridad social como derecho humano. Es así que, de acuerdo a los datos de la CEPAL, el gasto público en protección social del Gobierno Central de Panamá en relación al PIB en el 2019 fue apenas el 39.9% del observado en Argentina, el 58.8% por ciento del registrado en Uruguay y el 68.8% del observado en Chile.
Un elemento central para explicar esta última situación es le inmensa evasión fiscal del sector corporativo privado, la que limita seriamente la disponibilidad de fondos públicos. De acuerdo al “Boletín Estadístico Tributario 2019” de la DGI, la brecha fiscal (evasión tributaria) del sector corporativo privado fue de B/. 6,699.1 millones, el 82.2% proveniente del impuesto sobre la renta y el resto originado en el ITBMS. Esta cifra representó el 10.0% del PIB.
Sin ninguna duda la corrupción enquistada en el sector de la empresa privada es un factor central para explicar los problemas de las pensiones en Panamá. Esta situación debe ser corregida.
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