El procedimiento unificado de los movimientos sociales enfocados en esa prioridad, posee gran valor estratégico y político, y permite poner en las manos del jefe del Órgano Ejecutivo la decisión trascendental e impostergable, de la recomposición de la Junta canalera para dotarla de visión de futuro, liderazgo y firmeza de compromiso con el desarrollo humano y el anhelo de equidad
Los nombres de Luis Navas, Amelia Márquez, Maribel Gordón, Juan Jované, Elberto Cobos y José Dídimo Escobar figuran en la lista presentada al mandatario, con el propósito de definir un nuevo rumbo en los asuntos vinculados al manejo de la vía acuática y las áreas ribereñas, en circunstancias en que las élites económicas se aprovechan de la ausencia popular en esa instancia para decidir sobre ese recurso vital.
Ha llegado el momento preciso de que el gobierno responda al legítimo clamor de equidad de la mayoría de la población, sustraída durante décadas de los beneficios directos generados por el régimen de peajes y diversas operaciones del Canal de Panamá. El anhelo supremo debería traducirse hoy en el mayor uso colectivo posible de la riqueza de la vía acuática., con apego a los principios rectores de seguridad, neutralidad, eficiencia y transparencia administrativa.
Es necesario recalcar la vigencia del lema patriótico que apunta a garantizar un Canal para la paz, en el que jamás tenga cabida el retorno del pensamiento colonialista. La lucha para garantizar el ejercicio pleno de la soberanía panameña sobre la franja canalera —asumida con coraje por los mártires en la gesta de enero de 1964—, no fue librada para instalar allí a mercaderes divorciados de la noble causa soberana nacional.
Si el Gobierno de Panamá decide honrar la memoria y el legado de los mártires, y avala la nominación del movimiento popular, estará enviando al mundo un mensaje alto y claro para demostrar que este país tiene voluntad propia y memoria, y no se supedita a las órdenes externas ni a las presiones de grupos poderosos, quienes ven al Canal como una inmensa fuente susceptible al despojo y al usufructo desmedido.
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