La inmoralidad y la sinrazón ha tomado el timón

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Cuando todo un país pasa por momentos muy difíciles en lo económico, lo político y otros aspectos, también se enrarecen los valores y virtudes a tal punto que, como si las finanzas publicas estuvieran sanas y boyantes, la “Honorable Corte Suprema de Justicia” acordó, para ellos mismos , subirse el salario en cuatro mil balboas adicionales a los 10 mil que ya reciben y una lista larga de privilegios y beneficios.
Esa medida de autobeneficio, se dá contracorriente con varios aspectos objetivos que no deberían desestimarse y que señalamos a continuación:
Las Finanzas públicas acusan una seria crisis entre los que sobresale;
A.- Un déficit fiscal de más de 4 mil millones de dólares (dinero que ha sido gastado sin que existiera en el presupuesto ni en la realidad financiera)
B.- Una deuda pública que casi alcanza los 60 mil millones de dólares y que pudiera convertirse en inmanejable en cualquier momento.
C.- Los más ricos del país no pagan impuestos y evaden su obligación tributaria por más de 7,800 millones anuales, lo que representa un poco más del 11% del Producto Interno Bruto (PIB).
D.- En la actualidad el gobierno pide prestado a la banca internacional para financiar el presupuesto y para pagar deuda.
E.- gran parte del paquete de inversión del Estado para dinamizar la economía está paralizado por falta de recursos financieros.
F.- Panamá acusa una seria contracción económica que, no ha podido destrabar en nueve meses de gobierno, del actual régimen.
G.- Al Servicio de la Función Judicial del Estado, en la actualidad el Estado asigna casi 700 millones de dólares, sin que ello represente una mejora en la Administración de Justicia y la mora judicial aumenta cada día. Además, una gran parte del personal entre jueces y defensores del Sistema Penal acusatorio, son personal interino, es decir por contrato a pesar de que tienen más de ocho años de estar en esa inestabilidad que, sin embargo, la Corte no ha resuelto para poder manipular el sistema a su antojo.
En medio de esta realidad dramática, tanto la Corte Suprema como la contraloría General de la República, desoyendo el grito de la moralidad y la virtud, han decidido imponer a la fuerza este aumento insensato e inmoral que, de manera directa golpea a los más de tres millones de pobres que deambulan en el país tratando de ganarse el pan diario con su esfuerzo honesto y digno.
Los niveles altos de violencia en el país, son el resultado de la falta de justicia oportuna. Al sistema judicial solo se impetran o interponen el 10% de los conflictos que se generan en la sociedad y aún así, la mora judicial es de tal envergadura que, cuando finalmente son resueltos los casos, ya muchas veces no tienen utilidad práctica o el daño ya se cebó en las personas que, no tiene sentido el resarcimiento. Si a esto le adicionamos que las respectivas Salas Civil y Penal, como el propio PLENO, han establecido requisitos de admisión extralegales en revisión, casación, inconstitucionalidad y amparos, incrementando la denegación de justicia amparada en una muy trillada y comentada de pereza funcional, es totalmente inmerecido este ajuste salarial extra petita.
En medio de esa grave crisis moral y ética, La Corte decidió aumentarse el salario en un 40% pero, le dan la razón al empresariado que solo aumenta el 2.5% en tres años, diciendo que es excesivo el aumento y podría quebrar las empresas, o es que acaso con el mismo derecho no se sentirá el resto del funcionariado que viendo lo que hacen los líderes, también pedirían con la fuerza de este precedente, un justo aumento?

¡Así de sencilla es la cosa!