El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Hace casi 35 años, desde la canalla y perversa invasión militar del Ejército Norteamericano a Panamá del 20 de diciembre de 1989, hace 417 meses, es decir, 12,693 días y noches, sin saber aún cuantos muertos fueron en realidad, ni cuantos desaparecidos. Nos trajeron desde entonces, un plan de supuesta democracia que, vino aparejada con una alta dosis de envilecimiento que parió en Panamá, niveles de corrupción nunca antes visto. La contaminación moral y decadencia espiritual que se ha visto desde entonces y que se ha entronizado desde la propia administración del Estado, ha debilitado seriamente la convivencia pacifica de los panameños y el amor al dinero no repara en valores de ninguna naturaleza, y quien no absorba tal comportamiento o se rinda a tal manejo sin escrúpulos y depravación, es considerado un pendejo y se le condena al ostracismo.
Parece que la violencia infinita, los bombardeos, la sevicia, tantas muertes de inocentes provocadas contra un pueblo desarmado, por parte del ejército de EE.UU. el más grande y poderoso del mundo en esos días, inoculó en nuestra sociedad la insensibilidad frente a la violencia, de modo que, por ejemplo, el ejército norteamericano se llevó joyas valiosas que eran parte de la exhibición permanente en el museo del hombre panameño, Dra. Reina Torres de Araúz, y hasta la primera bandera panameña de 1903 fue objeto de la depredación insensata y que luego fue subastada en un barrio de una ciudad Norteamérica meses después. El gobierno impuesto por la invasión y los que le siguieron, conforme a un libreto del agresor, arremetieron contra el patrimonio del Estado en la década del 90, y destruyeron y se repartieron como despojos a las empresas del Estado que brindaban los servicios públicos, empresas como Cítricos de Chiriquí, Cemento Bayano, Ingenios Azucareros de la Corporación Azucarera la Victoria, Ferrocarril, Puertos, Casinos Nacionales y procedieron además a endeudar al país, a generar una disciplina fiscal absolutamente irresponsable con grandes déficit fiscales y desde entonces se patrocinó el perdón de deudas millonarias con la CSS por parte de empleadores que habiéndole descontado a los trabajadores la cuota obrero sindical, no la transfirieron a la Caja ni esa parte y mucho menos la que le corresponde a ellos que, se la imputan a los precios de los bienes y servicios que venden y que la población panameña termina pagando esa parte de las cuotas a la CSS. En este periodo, especialmente en los noventa se vendieron a precios de bicoca bienes muy valiosos de la Caja como los terrenos de Loma La Pava que fueron regalados a Edmund Esses.
Como criatura sobrevenida de la invasión apareció la Corrupción con una fuerza descomunal que, ha marcado los últimos quince años de vida de la nación, en una competencia en la que es difícil determinar qué gobierno le ha asestado el mayor golpe y despojo al Estado, es decir a todos los panameños.
Así por ejemplo en el año 2005 se contrató la construcción de la Cinta Costera I, que revalorizó todas las propiedades contiguas a la Avenida Balboa y se multiplicaron los precios de esas propiedades y se beneficiaron sus propietarios pero el Estado gastó cerca de 300 millones en la obra y no se impulsó lo que se hace en estos casos que es imponer una taza de revalorización a los efectos de que el Estado recuperara la inversión para poder hacer otros proyectos y así se transfirió a los que más tienen una cuantiosa suma del dinero de todos, incluyendo a los más pobres.
Posterior a esta obra, la empresa ODEBRECHT, cuyo propietario Marcelo Odebrecht, entablo relación con el gobierno que asumió el poder en el 2009 y también con el que se instaló en el 20014, y obtuvo junto a Finmecánica, FCC, Meco y contratos por sumas que alcanzaron los más de 15 mil millones de dólares incluyendo la construcción de la Autopista Panamá Colón, de la Cinta Costera 2 y 3 por un monto de 1300 millones de balboas siendo que eran obras menores que la Cinta Costera 1. Las coimas pagadas por la empresa a funcionarios de panameños alcanzó la suma de 1,500 millones según reportes de tribunales en España, Italia, Suiza, USA y Brasil.
Esta empresa envileció a muchos y contrató a periodistas, controló a medios de comunicación y la clase alta de Panamá reunida en APEDE, CONEP, CICIAP y CAPAC, todos le ponían la alfombra roja a André Rabello, representante personal de Marcelo Odebrecht en Panamá y casi no hubo nadie que no quedara salpicado con ese carnaval de corrupción, pero tienen el coraje de hablar de corrupción.
El Estado pasó a pagar un valor triplicado de los costos reales de las obras públicas que se contrataban, pero la Contraloría de aquel entonces como ahora no reparaba porque eran parte del rejuego de semejante perfidia. Por buen tiempo, desde hace quince años atrás se suspendió la Ley de Contratación Pública y todo se hacía por vía de contratación directa, con el propósito de establecer comisiones o coimas aún más amplias como desvergonzadas.
Con la administración de Juan Carlos Varela, entra al escenario otra empresa con el mismo modus operandi y aún más grave. Se trata de First Quantum Minerals Ltd., empresa madre de Cobre Panamá quien se adueñó de la concesión que estaba demandada en el máximo tribunal de justicia en Panamá desde 1998, y no fue sino, hasta el 21 de diciembre de 2017, cuando se declara su inconstitucionalidad que empezó a regir el 24 de diciembre de 2017 una vez que fueron notificadas las partes en ese proceso y se desfijara ese día el edicto en el tablero de la Secretaría General de la Corte Suprema.
Esta empresa, First Quantum Mineral Ltd. (FQM) rompió todos los parámetros y procedió a contratar a todas las grandes firmas de abogados, a todos los medios de comunicación, a casi todos lo periodistas del país, a patrocinar a equipos deportivos en todo el país, patrocinó a cuanto político aspirara a puesto alguno, y por supuesto interfirió en los procesos electorales tratando de apuntalar a patrocinados en altos puestos del Estado y apostó hasta imponer con mucho dinero al presidente de los panameños, desvirtuando la democracia del país, cometiendo delitos electorales y de otro orden que las autoridades nacionales, especialmente el procurador general de la nación, a pesar de múltiples denuncias de muchos ciudadanos, no obstante no emplazaron la más mínima diligencia para recabar las pruebas, lo cual los hizo colaboradores del crimen.
Pascal Ceo de FQM
Esta empresa se negaba a entregar al país las sumas pactadas en el contrato declarado inconstitucional, pero sí tenía plata para comprar conciencias y perturbar al país con su conducta para pervertir y envilecer a toda la sociedad con tal de arrebatarle al país su patrimonio y sus riquezas. Una empresa dedicada a la corrupción abierta e irrespetar el Estado panameño en todos los terrenos e incluso promover con su dinero la prostitución política y la traición a la patria. Afortunadamente el pueblo y los patriotas se levantaron, pero ellos continúan con su pretensión de imponer un contrato minero a pesar de la decisión de la Corte Suprema que ahora se la pasan por sus partes pudendas, porque falta carácter y patriotismo de nuestros gobernantes.
Recientemente, hace solo cinco días atrás, los diputados Benicio Robinson Jr. y Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ronald de Gracia y Víctor Castillo, de Realizando Metas (RM), y Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD), rechazaron un proyecto de Ley que pretendía impedir que empresas condenadas por corrupción puedan contratar con el Estado, lo cual constituye una elemental medida de protección de los bienes públicos y de la elemental moralidad que debemos revestir la gestión pública, pero estos personajes, traicionando la conciencia nacional, le han hecho el juego a los corruptos, actuación que debe ser demandada porque dichos personajes, violaron el Numeral 1 del artículo 162 que taxativamente expresa:
Es prohibido a la Asamblea Nacional:
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Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución.
