El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
En el modelo de política de choque escogido por el régimen actual, un tema nuevo que se impone, debe olvidar, sepultar y dejar inhiesto el otro anterior.
Juan Jované
En Panamá el gobierno de Mulino y Chapman, siguiendo los designios de los sectores económicamente dominantes, viene desarrollando una política de choque. La misma está dirigida a reformar todo el panorama económico, social y político del país, con la finalidad de reforzar la hegemonía política y acrecentar las ganancias de estos sectores. El carácter crecientemente autoritario – represivo del gobierno no es, entonces, una simple casualidad, constituye el método básico de la imposición de las medidas antipopulares que implica la puesta en marcha de dicha política de choque.
Las políticas de choque, como es conocido, se expresan en profundas reformas económicas, sociales y ambientales, que se introducen en un plazo relativamente corto para lograr los objetivos antes señalados. Esta, sin embargo, puede desarrollarse en el tiempo de dos maneras. La primera es la introducción de todas las medidas de reformas neoliberales en un solo momento; la otra es la que busca en una secuencia rápida ir introduciendo las diversas transformaciones.
Esta última es la vía diseñada por los sectores económicamente dominantes y acordada con las calificadoras de riesgos, que se viene aplicando en Panamá: primero las pensiones, en seguida el intento de reapertura de la contaminante mina de Donoso, luego el agua y los embalses, a lo que seguramente le seguirá una reforma tributaria (incremento del ITBMS), para luego intentar una nueva reforma de la legislación laboral y del sistema educativo. Todo esto culminaría, dentro del plazo del actual gobierno, en una reforma constitucional destinada a consolidar el conjunto de estas transformaciones.
La adopción de esta cadencia de la política de choque está destinada, como es obvio, a fragmentar y debilitar la resistencia frente a cada medida específica. Se trata de una formulación táctica que busca derrotar uno por uno a los sectores sociales o que, por lo menos, estos se muevan de un objetivo especifico a otro, dejando de lado los que generaron las primeras propuestas.
Tomando en cuenta lo anterior, es imperante que los sectores sociales mantengan vivos todos los frentes de lucha y confrontación con la política de choque de Mulino y Chapman. Es así que ahora se debe mantener y reforzar la lucha por la seguridad social solidaria, cuyo objetivo debe ser la derogación de la nefasta Ley 462 de 18 de marzo de 2025, a la vez que se reinicia con mayor fuerza la lucha por evitar la reapertura de la mina y mantener a Panamá como un país libre de minería a cielo abierto. Así mismo, se debe advertir a la población sobre el inminente incremento del ITBMS y respaldar la lucha en defensa de los derechos humanos de las comunidades que serían afectadas por el embalse. Todo esto también debe quedar enmarcado en la lucha por la defensa de la soberanía nacional y la denuncia de la posición genuflexa del gobierno de Mulino frente a los designios del imperio.
Se trata, entonces, de avanzar en una forma de lucha que va más allá de las posiciones defensivas parciales, la que por, lo tanto, se plantea la derrota del conjunto del proyecto de profundización neoliberal. La clave está en que se entienda que cada una de las reformas propuestas del programa de Mulino y Chapman, son parte de un todo integral basado en el intento de reformar toda la sociedad panameña para beneficiar a los sectores económicamente dominantes y al capital financiero globalizado.
Solo hermanando todas las luchas contra la política de choque, y profundizando la conciencia nacional, será posible lograr construir la suficiente fuerza social para enfrentar, derrotar y revertir la política de choque. Nuestra batalla de ideas y militancia activa debe moverse decididamente en esa dirección.
Panamá 23 de marzo de 2025
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