La maleantería y la corrupción no pueden arrodillar al país.|

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

De la información que dispone El Periódico, efectivamente que varias empresas están haciendo su agosto con distintos medicamentos, material quirúrgico, de asepsia, bioseguridad y kits de prueba rápida de COVID-19, que la consiguen a un precio y lo multiplican varias veces para su entrega a la CSS y al Ministerio de Salud.

Empresas como Alcalá Pharma, S.A., Jers Medicaly otras, presentaban por ejemplo el KIT IgG/lgM, que solo sirve para ver seroprevalencia y que la empresa lo compró, según su declaración a razón de 4.80 balboas, pagado el seguro y el flete. Luego esa misma prueba el Presupuesto nacional lo paga por lo menos el doble y hasta cuatro veces su valor real, que no sería tan deleznable el asunto, si el país no viviera la angustia de la pandemia y sus consecuencias, especialmente a muchos sectores que ven limitados, no solo sus ingresos, sino las libertades de movimiento, de reunión y otras, que imprimen un modo de vida austero, limitado y lleno de carencias.

Estas empresas, sin embargo, sin prestar el mínimo sentido de solidaridad que sería pertinente, drenan para sus alforjas millones del erario público y del jugoso presupuesto de salud asignado a la CSS y al Ministerio de salud, pero también le echan mano al presupuesto familiar de los que visitan a Panamá o hacen tránsito aquí, dejando muy mal parada la campaña en donde invitamos a que nos visiten los extranjeros, mientras estas empresas protegidas, los asaltan a la luz del día.

Un reglamento interno de contrataciones públicas, no está por encima de la Ley.

De por sí, esta es una irregularidad, que requiere de una investigación criminal. Se desconoce si estas empresas que constituyen el Consorcio PTY Covid Free, las siguientes: Jers Medical Panamá Inc; Phoenix Farmacéutica Panamá S.A; VMA Laboratorios, S.A; HMG Investment Corp; Minimed Corp y Ayac Laboratorios S. A, todas poseen licencia de Laboratorio expedida por el Consejo Técnico de Salud.

Es importante constatar el costo real de los insumos por cada prueba, que de acuerdo a nuestros valores no excede de B/.12.00 por unidad, frente al cobro por cada prueba que tiene un costo de un mínimo de B/50.00 y un máximo de B/.80.00 balboas.

El país requiere de información sobre este asunto, porque se trata a todas luces de un negociado de alguien, deteriorando la imagen del Aeropuerto y del país, ya que son muchas las quejas por la obligatoriedad de los hisopados y el no reconocimiento de pruebas recientes practicadas en laboratorios del país de procedencia o de abordaje.

El país vive un momento angustioso donde pareciera que existe toda una conspiración para aniquilarlo. Por un lado la intención de regalarle el oro, el cobre que pertenece a Panamá y su gente, a extranjeros que lo extraen en la actualidad sin marco legal alguno y no han parado de hacerlo, un solo día, y de lo que llevan de extraer y sustraer el mismo, ya han sacado la inversión que hicieron, lo cual indica que lo mínimo que el país debe aceptar es el 50% de los ingresos a precios corrientes, y si ello no es así, entonces cancelar la actividad, porque más son los costos por los daños irreparables ocurridos que, por la migaja actual y que pretenden que sigamos recibiendo, en un claro y abierto asalto a nuestro patrimonio irrecuperable. Pero, asimismo están desatados una pléyade de empresas y sus dueños en un arrebato de atracar y atesorar privadamente, la riqueza que nos pertenece a todos.

El ministerio Público y el Órgano Judicial que, gozan de muy bajo crédito, tienen el deber de investigar estos hechos y proceder conforme a nuestra normativa penal, porque quienes creen que pueden hacer lo que les dé la gana, deben entender de una vez por todas que, Estado de Derecho no puede ser subvertido sin consecuencias.

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