La minera, Fitch y sus cómplices locales

Los sectores pro mina han pasado de la narrativa a el chantaje activo.

Juan Jované

Fitch actúa con alevosía y sevicia, como acondicionador y ablandador de la voluntad del pueblo panameño por vía de las acciones de descalificación y amenazas de hundir al país para paralizar por el miedo, nuestra pretensión de no permitir el desarrollo destructivo del extractivismo minero a cielo abierto.

 

Aun cuando todavía no se había secado la tinta del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 28 de noviembre de 2023, la minera, las calificadoras de riesgos y sus aliados internos, pasaban   la campaña mediática destinada a intentar revertir la voluntad explícita del pueblo panameño, para el que Panamá vale más sin minería.

Ya antes del fallo de la CSJ las calificadoras de riesgos iniciaban una narrativa amenazadora contra Panamá. Es así que en octubre pasado la calificadora J. P. Morgan alegaba que Panamá estaba en riesgo de perder su grado de inversión, debido a que las manifestaciones contra el contrato minero, ponía en duda que nuestro país fuera una plaza “favorable a las inversiones”. Ese mismo mes la calificadora Moody’s puso el grado de inversión en la categoría de inestable, alegando que el Estado panameño tenía una base estrecha de ingresos en un contexto sociopolítico caracterizado por tensiones calificadas como intensificados.

Como se adelantó, el fallo de CSJ generó una inmediata reacción de parte de las calificadoras. El mismo 28 de noviembre la calificadora J. P. Morgan reaccionaba negativamente contra esta decisión soberana de Panamá, destacando que el grado de inversión se perdería si nuestro país no renegociaba el contrato con la minera. Concretamente se afirmaba que: “ahora pensamos que es más probable… que una falla en renegociar el contrato llevará a que Panamá pierda su grado de inversión en por lo menos dos agencias en los próximo 12 – 18 meses”. El proceso de chantaje quedo evidenciado de esta manera.

La complicidad de los sectores económicamente dominantes con la narrativa pro minería también se evidenció de manera inmediata. No faltaron representantes de este sector que tuvieran la osadía de irrespetar las manifestaciones patrióticas de la población panameña como una costosa juerga, con una costosa resaca: una crisis económica producto del cierre de la mina. Tampoco faltaron los abogados que han intentado disuadirnos que la muy profunda reflexión jurídica contenida en el fallo de la CSJ es incorrecta, por lo que el país debería buscar la forma de arreglar con la minera.

La complicidad gubernamental también se evidenció de manera rápida. No solo el Ministro encargado del tema se adelantó a declarar que se estaba estudiando si la minera o el Estado deberían pagar por el costo del cierre de la mina, sino que la propia Superintendencia de Bancos, en un documento fechado en noviembre de 2023, no solo valoraba positivamente la actividad minera, sino que, además, señalaba en relación al cierre de la mina que “sin duda las repercusiones, producto de la posible caída del PIB, reducción de los ingresos tributarios, deterioro de las finanzas, traería consecuencias que pudieran derivar en la pérdida del grado de inversión”.

Pese a la intensidad de la narrativa pro minería la población siguió firme en su convicción de que Panamá debería estar libe de minería. Esto quedó claro en una encuesta realizada por el diario La Prensa en el mes de febrero que mostró que el 90.0% de la población rechaza la actividad minera en el país, mientras que el 81.0% de los encuestados señaló que el gobierno debería cerrar la mina de Donoso.

Frente a esta situación los sectores pro mina han pasado de la narrativa a el chantaje activo. Es así que, la calificadora Fitch Raiting, en un documento fechado el 28 de marzo de 2024, procedió a retirarle el grado de inversión a Panamá, acción que se espera las otras calificadoras también realicen. Se trata de una extraordinaria presión para que nuestro país no solo permita la reapertura de la mina de Donoso, sino que también derogue la reciente Ley de Moratoria Minera.

Como era de esperarse los medios de comunicación de los sectores económicamente dominantes han servido de medio de difusión de este chantaje, insistiendo en revivir el estilo de crecimiento extractivo – minero. El gobierno por su parte, pese a que intenta vender su actuación como una manera de cerrar “la brecha de desconfianza” ha seguido con su posición cómplice.

Es así que a los pocos días de la decisión de Fitch Raiting, el Ministro de Comercio e Industrias, realiza unas declaraciones en las que alarma a la población, asegurando que Panamá tendría que enfrentar seis posibles arbitrajes vinculados con el cierre de la mina de Donoso. Por su parte el candidato oficialista y Vicepresidente  de la República, intenta revivir la ideas de que reabrir la mina es el camino más seguro para salvar la seguridad social.

Frente a la perversa posición del bloque pro mina hace falta entender la importancia de consolidar el bloque patriótico que busca un Panamá libre de minería a cielo abierto. Para esto es necesario avanzar en varios aspectos: profundizar la crítica científica del extractivismo minero; establecer los lineamientos para un desarrollo económico sin minería y trabajo decente, basado en actividades sostenibles; insistir en las razones que llevarían a que nuestro país salga airoso en cualquier arbitraje; crear las condiciones para lograr la movilización masiva de la población. Estos elementos deben ser divulgados en forma de una narrativa sencilla que enfrente la narrativa pro minería, que está basada en falsas premisas.

 

 

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