La politización de la justicia.  

Por Ramiro Guerra M.    Abogado y cientista político.   

Entiendo claramente el derecho de accesar a los tribunales, con el objetivo de hacer valer la tutela de lo que se consideran justas reclamaciones, derechos subjetivos protegidos por la norma objetiva. Lo anterior es comprensible en un estado de derecho.

Los operadores de la norma (jueces) deben cuidarse mucho de ser objeto de demandas y pretensiones, que buscan servirse de ellos, para fines que nada tienen que ver con la justicia. Verbigracia la sentencia que condenó a varios dirigentes sindicales y recién la demanda civil del gerente de Etesa, por calumnia e injuria y donde solicita que a los dirigentes de Sitiespa se les condene al pago de 150 mil en concepto de resarcimiento por el daño causado. A mi juicio, una demanda y pretensión temeraria.

Pensemos que todos los directores de instituciones, por el hecho de que se le acuse de hacer nombramientos políticos, se les ocurriera demandar por tal afirmación. Los funcionarios públicos están a merced de señalamientos políticos.  En el caso de los dirigentes Sitiespa, cierto, le señalaron al gerente de Etesa, de nombrar personal con salario por encima de empleados de mayor antigüedad y que realizan el mismo trabajo.

Son precedentes peligrosos para el libre ejercicio de la libertad sindical.

En nuestro derecho, el código judicial consagra la figura de la demanda temeraria.  En los casos arriba señalados, los juzgadores, de percatarse de que estamos ante acciones temerarias de un demandante que alega ser calumniado o injuriado, debe ser duramente sancionado, de no ser cierto. Seguramente, en el caso de los demandados, al contestar la demanda, sugiero que deben pedir un resarcimiento por el doble que reclama el gerente de Etesa.  En el caso de la juez que, condenó a dirigentes sindicales, a mi juicio, debe ser duramente sancionada por ignorancia grave y violaciones al debido proceso. El tribunal superior debe sancionar enérgicamente a la susodicha juez de lo penal.

La justicia, los tribunales no pueden dejarse sorprender por demandas y pretensiones dirigidas a instrumentalizar la justicia para fines alejados a ella y con claro contenido antisindical y politiquero.

Hay que cuidar, aunque con limitaciones, el estado de derecho. Rechacemos la politización de la justicia.

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