El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Lic. Raúl Ossa
La finca 9058, ubicada en el corregimiento de PLAYA Leona, distrito de La Chorrera, era de propiedad originalmente de la Familia Icaza. La misma es adquirida en compra en 1931 por la Nación. El Estado decidió construir en ellas el hospital Nicolás Alejo Solano que fue inaugurado en 1957 y en la Administración Robles en 1965 se segregaron 40 hectáreas y se asignaron a la ciudad del Niño. Quedando la finca original con 58 hectáreas las cuales fueron asignadas a la administración del MINSA.
En 1981 esta finca fue dividida en dos grandes áreas a consecuencia de la construcción de la Autopista Panamá-La Chorrera.
De este globo de terreno desde la administración de Martín Torrijos se han venido segregando espacios importantes para distintos proyectos gubernamentales como el edificio del Órgano Judicial, cuya construcción se encuentra suspendida desde hace 10 años; la sede del Tribunal Electoral y el Estadio Mariano Rivera.
En el año 2015, bajo la Administración VARELA, se produjo una asociación ilícita para delinquir mediante la cual funcionarios de la Anati en contubernio con empresarios y políticos de renombre se coludieron para apropiarse de la parte más valiosa de esta finca.
Consiguieron como “prestanombre” a un humilde trabajador llamado Francisco De La Cruz Montero y presentaron una solicitud de adjudicación de las mejores 3 hectáreas de dichas tierras aduciendo que se trataba de tierras baldías nacionales, sobre las cuales el testaferro -supuestamente- tenía más de 20 años de tener la posesión de las tierras del hospital explotandolas con actividades agrícolas y ganaderas con cercas y cultivos. Desde luego que todo era una absoluta falsedad ya que la comunidad chorrerana entera es testigo de que eso es falso por tratarse de un hecho público y notorio.
Para que se comprenda mejor, lo anterior sería comparable con un evento tan ridículo como pudiera ser que mañana alguien se presentara a la Anati y le pidiera que le adjudicara la Plaza Porras aduciendo que tiene más de 20 años de tener ganado, potreros, cercas de alambre de púas y siembras de yuca, plátano, maíz y otros. Esta afirmación sería evidentemente falsa y la comunidad capitalina entera sería testigo de dicha falsedad por tratarse de un hecho escandalosamente público y notorio.
Pero el colmo del anterior ejemplo sería que la administración de Anati, tratando de navegar con bandera de pendejo, admita la solicitud, ordene una inspección y determine que en efecto en la Plaza Porras el señor X tiene derechos posesorios porque ha tenido y tiene vacas, gallinas, yuca, etc. desde hace 20 años y le adjudica la Plaza Porras aduciendo que se trata de tierras baldías nacionales. Esto que puede parecer el más burdo absurdo es exactamente lo ocurrido con las tierras del hospital N.A. Solano. También guarda similitud con la adjudicación de EL FLORISTA en Paitilla, lo recuerdan.
Para construir su estafa un abogado del Municipio de La Chorrera se dio a la tarea de reclutar entre el personal de ese mismo municipio testigos falsos que depusieron asegurando la falsedad que ya hemos explicado, siendo estos testigos los señores Carmen Hernández 8-409-716, José Guevara 8-187-681 y Ariel Ortega 8-306-603.
Es en base a esa inspección y a esos testimonios falsos como, mediante resolución N°ADMG-084-2019 DE 11 DE ABRIL DE 2019 ANATI adjudica a título oneroso una parcela de 2 has. más 9843.39 mts2 que forman parte de la finca 9058 código de ubicación 8600, propiedad de la nación, a favor del señor Francisco De La Cruz Montero, que no es más que el nombre tras el cual pretenden ocultar el cobarde rostro de los verdaderos bandidos de esta historia.
Anati adjudicó el globo en cuestión por un precio de B/4.53 por metro cuadrado. Consultados algunos peritos evaluadores del área han coincidido en que por estar en la orilla de la autopista, colindar con el hospital, con el órgano Judicial, con el Tribunal electoral, con el proyectado Estadio Mariano Rivera y por su cercanía con el proyecto de la Costanera; por estar servido de una amplia carretera de concreto y otra de asfalto, por estar servido de múltiples rutas de transporte y servicios de luz, agua, teléfono e internet, y por estar ubicado en la zona de mayor desarrollo comercial y habitacional del sector, el precio mínimo que se le podría asignar es de B/500.00 por metro cuadrado, conforme se constata al compararlo con algunas ventas realizadas en el área recientemente.
Cuando comenzó a olerse el tocino de que las tierras del Hospital estaban siendo susceptibles de adjudicación a particulares como tierras baldías nacionales, algunos profesionales del derecho, políticos y promotores de bienes raíces también presentaron solicitudes de adjudicación cuya tramitación llegó a iniciarse.
Luego esta información llegó hasta los estratos más menesterosos de la población y comenzaron a ocupar el lugar y a presentar solicitudes de adjudicación a la Anati.
Así fue como se originó la invasión de 542 familias a las tierras del Hospital Solano por parte de un grupo de necesitados de vivienda -y algunos no necesitados- que con mucha lógica popular pensaron que, así como falsamente le adjudicaron 3 hectáreas a un grupo de cuello blanco, los sectores más vulnerables de la población tienen igual derecho.
Cuando se descubrió la farsa, un grupo de ciudadanos vecinos de La Chorrera presentamos una denuncia criminal por los delitos de peculado, falso testimonio y otros delitos en contra de los funcionarios de Anati y de quienes resultaren responsables. Incorporamos prueba sumaria y un grupo prestigioso de la comunidad han desmentido a los testigos falsos y han presentado testimonio en el sentido de que esos terrenos nunca fueron ocupados por ningún particular.
Posteriormente uno de los tres testigos falsos sintió remordimientos por su felonía, se arrepintió y reveló ante la fiscalía toda la trama indicando que le dieron instrucciones y hasta una pequeña gratificación
Toda esta información, debidamente documentada y acompañada de prueba sumaria, en junio de 2019 fue puesta en manos del Ministerio Público. La fiscalía que manejaba el caso hizo un allanamiento a la oficina de Anati en Capira y una serie de diligencias interesantes hasta que de los despachos superiores le ordenaron remitir el expediente hacia Panamá en donde ha sido congelado desde entonces.
El Gobierno en el acto de desalojo, mediante la utilización ostentosa de la maquinaria burocrática y de la fuerza policial, ha enviado un mensaje muy claro a todos los sectores que invaden terrenos: está determinado a arrasar con toda la fuerza del Gobierno a todos los invasores o por lo menos a estos, lo cual puede ser positivo porque hay que respetar la propiedad adquirida con arreglo a la ley.
Pero el Gobierno ha pretendido hacernos creer que desconoce lo que ocurre con este atraco y ha ignorado por completo y de manera injusta a los estafadores de cuello blanco, políticos y funcionarios que se han asociado para atracar ese bien público y con estos las relaciones son muy buenas ya que estos atracadores de la cosa pública actualmente tienen más poder e influencia en el Gobierno actual que el que tenían durante la administración de Varela.
No es justo que el Gobierno deje caer el peso de todo su andamiaje y su fuerza de manera inclemente sobre los más vulnerables y, al mismo tiempo, sabiendo que unos delincuentes de cuello blanco se están robando las tierras del Estado, con estos se muestren complacientes, sonrientes, y en clara actitud de complicidad y encubrimiento. No es justo, pero, poderoso caballero es don dinero.
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