En Panamá mandan y manipulan al país, las calificadoras de riesgo
Juan Jované
Tanto Mulino como Chapman, así como los diputados traidores que votaron en favor de la reforma del modelo de pensiones, argumentaron que esa aprobación era necesaria para asegurar que Panamá no perdiera su grado de inversión. Propagandizaron su posición como una visión digna de estadistas, necesaria para a salvar el futuro de la economía. En realidad, se trató de una actitud servil frente a las empresas calificadoras de riesgo y los sectores económicamente dominantes locales.
El costo de las acciones de Mulino, Chapman, Mon y los diputados traidores ha generado un elevado costo social para la Nación y la población, sobre todo la más vulnerable. La simple lectura de la Ley de reforma a la CSS contiene claros signos de privatización directa, como lo es el manejo de 10.0% de los recursos de la institución por el capital financiero privado, a lo que se adiciona la libre contratación de empresas financieras privadas como asesoras para los procesos de inversión, esto último sin ningún límite.
A esto se agrega un fuerte componente de desnacionalización, el cual se refleja en diversas formas de trasladar al exterior los fondos de la CSS, que en realidad son ahorros nacionales de los trabajadores. Esto significa que una parte muy significativa de dichos fondos no estarán disponibles para lograr un desarrollo sostenible en Panamá que genere empleo decente para nuestros jóvenes.
A todo lo anterior se agrega la instalación de un modelo de pensiones de cuentas individuales, en el que la solidaridad no existe, donde todos los riesgos pasan a ser estrictamente individuales y las pensiones son de miseria. La mayor burla a la población es la de intentar vender la idea de que en este tipo de régimen se puede asegurar una tasa de remplazo del 60%. Para esto se introdujo el artículo 173, en el que se establecen condiciones sumamente estrictas para alcanzar este beneficio, diseñadas para excluir de esos beneficios a todos los trabajadores que tengan una historia media de cotización. A esto se debe agregar que el artículo 139 está ideado para que la edad de jubilación sea incrementada dentro de siete años, lo que coincide con la ruta temporal planteada en el proyecto de Ley 163 original.
Dado que, como lo establece el refrán, “mal paga el diablo a quien bien le sirve”, las calificadoras de riesgos ahora argumentan que la aprobación de la nefasta reforma pensional de ninguna manera lograra evitar la pérdida del grado de inversión. Es así que, de acuerdo con la empresa calificadora Fitch Raiting, dado que el gobierno adquiere el compromiso de financiar parte del déficit del sistema de pensiones, lo único que se ha conseguido es trasladar dicho déficit de la CSS al gobierno central. Es así que el vocero de esta organización afirmó que: “si bien esta reforma va a resolver el tema financiero de la CSS por un tiempo, realmente ni está reduciendo el problema, sino que lo está migrando al gobierno central.”
Resulta, entonces, que las calificadoras de riesgo ahora están intentando imponerle al país condiciones adicionales. En primer lugar, como lo expresó el vocero de Fitch Raiting, se está exigiendo que el gobierno introduzca una reforma tributaria para elevar sus ingresos y reducir el déficit fiscal. Desde luego que esta se centrará en el incremento de la tasa del ITBMS, así como en la eliminación de las exenciones del mismo actualmente vigentes, entre las que se encuentra la referida a los alimentos y los útiles escolares entre otras. Así mismo, la política de ajuste fiscal deberá eliminar los subsidios existentes y llevar a cabo una reducción del número de instituciones y servidores públicos. Seguramente la reapertura de la contaminante Mina de Donoso también será parte de este paquete de medidas.
En pocas palabras lo que se busca es que el costo efectivo de los malos manejos gubernamentales y de la corrupción, incluyendo la que se vincula con la evasión tributaria y de las cuotas de la seguridad social, sea trasladado a la población. Desde luego lo que queda esperar es que el gobierno de Mulino y Chapman, en su habitual genuflexión frente al poder financiero internacional, obedezca las nuevas instrucciones de las calificadoras de riesgos.
Estamos frente a un gobierno de turno capaz de entregarse no solo a los designios de Trump, negando nuestra Soberanía, sino también capaz generar un sacrificio humano de nuestra población, para satisfacer los intereses del capital globalizado y sus aliados locales.
La movilización inmediata ciudadana en defensa de la soberanía nacional, contra la aprobación de las reformas de la CSS y del intento de reapertura de la mina, es una tarea ineludible de la ciudadanía patriótica de todo el país.
El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
