El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Dr. José R. Acevedo C.
No conozco personalmente al Dr. Marcel Salamín, pero su trayectoria como político y abogado asesor hasta el momento es intachable. Cuestionarlo en el sentido que sus publicas palabras sobre el entreguismo que el gobierno nacional pretende hacerle a Minera Panamá, además de ser una necedad, denota un deliberado encubrimiento para tapar el olor a cadáver del asesinato a la probidad.Una noticia paras sus asesinos, lo que están haciendo simplemente no prescribe.
Corrijan rumbo, amarren la embarcación para que no continúe a la deriva de las aguas contaminadas de la ambición, madre de toda corrupción.
El cobre de nuestro suelo es nacional, no de la empresa que lo explota a costa de daños ambientales irredimibles.
Los panameños no podemos aceptar que cuando salimos del enclave zonian, ahora en el área de Donoso, Omar Torrijos Herrera, Petaquilla y otros aledaños, sienten banderas países extranjeros, porque ciudadanos con escasos escrúpulos ceden o hipotecan nuestra tierra, seguramente buscando beneficios personales.
No es seria, es arrogante, blandir la tesis con apariencia jurídica que el Contrato con Minera Panamá está vigente. Entérense de una vez por todas, sino lo aprendieron en la facultad de derecho, que la aclaración de sentencia no modifica el fondo de la sentencia de inconstitucionalidad y que el efecto de esa sentencia, es la de anular el Contrato Ley del Estado con Minera Panamá. Es una bandolería argumentar que permanece vigente el contenido administrativo. Señores, sin Contrato Ley, no hay concesión administrativa que genere efectos jurídicos. Es una sociedad de hecho, que funciona fuera de la Ley.
Los panameños, funcionarios de alto nivel del gobierno que están negociando con la empresa Minera Panamá y otras, tienen la obligación de garantizar los intereses nacionales, no traicionan la patria.
Las palabras del Dr. Salamín no son politiqueras. Resulta que el gobierno lo designó y asesoraba al mismo, entonces mal puede alguien intentar desacreditar su denuncia pública sobre el desfalco a bienes públicos, señalando que son palabras politiqueras, cuando surgen de un distinguido profesional de su mismo entorno político.
Esa estrategia de descalificación ya es harto conocida, insostenible, nadie les cree ya.
Corrijan rumbo, antes de un estallido social. Sean fuertes en sus acciones con los poderosos. Exijan que estos cumplan la ley. También, así como a otros se les señala estar fuera de la ley o por encima, tampoco otro funcionario de mayor rango político lo estará.
0 No hay Likes:(
