Lo estrictamente inevitable.

Por: Enrique Avilés 

Es de mi gusto iniciar un escrito de opinión con un planteamiento y no una pregunta, pero en esta ocasión quiebro mi tradición e inicio con unas preguntas: ¿Esta dispuesto el capital panameño a aceptar reformas que tiendan a la paz social, presentando una participación más directa y prístina en las mismas? O ante la pregunta mantendrán una posición reservada que, muy en el fondo, descarga culpas únicamente a la gestión gubernamental de turno, salvaguarda su status quo económico y extiende la crisis de lucha de clases hasta llevarla a un momento en que sea estrictamente inevitable atenderla. De su respuesta depende el panorama de sostenibilidad de la democracia sosegada en lo futuro.

Es que, sin lugar a dudas, la parte que al capital panameño le cuesta mencionar ante la crisis es que el problema de reforzar la recaudación estatal en aras del bienestar de la nación, ha sido un tema postergado, sin olvidar que buena parte de esta responsabilidad desde hace mucho tiempo la vienen cargando los sectores populares y medios en mejor condición económica, condición que ante la pandemia y la crisis geopolítica global ha mostrado efectos de pauperización, o sea empobrecimiento. Como bien mencionan ya algunos economistas heterodoxos se precisa que los ricos vean el pago de impuesto no necesariamente como una compensación a los pobres, ya excluidos del excedente de capital generado en la economía, sino que se está pagando para evitar el colapso social.  A la larga apostar a lo contrario puede traer un clima para nada agradable.

En el caso Panamá, la pandemia y el cambio del panorama geopolítico mundial, como en todas partes hace preciso redireccionar rumbos, cosa que el capital financiero no entendió al ser asistido irrestrictamente y sin compromisos por las arcas nacionales, tampoco lo entendió el capital industrial al recibir ayudas sin compromiso de retribución de las mismas arcas. Todo esto en un sistema de recaudación pauperizado, donde reina la evasión de impuestos y la impunidad hacia el evasor es la norma. Entender que el pacto social en democracia va más allá de subsidios a los sectores empobrecidos, de depositar la responsabilidad a las gestiones gubernamentales cuyas arcas dependen de una recaudación sin equidad y con vicios fiscales de vieja data que en nada benefician al conglomerado social nacional, es impostergable. Ante este panorama, y no me gusta cerrar mis escritos de opinión con preguntas, vuelve a resonar lo mismo: ¿Esta dispuesto el capital panameño a aceptar reformas que tiendan a la paz social, presentando una participación más directa y prístina en las mismas?

El autor es docente de la Universidad de Panamá.

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