Los contratos de autos de alta gama y la tragedia del pueblo panameño.

Las empresas arrendadoras, dado que era un negocio redondo con altas ganancias, también son culpables de las decenas de millones de dólares que, en estos últimos cinco años se desviaron a pagar el alquiler de cientos de vehículos, con los cuales el estado hubiera comprado los mismos. No obstante, el presidente de la república actual ordenó la cancelación del contrato y la devolución inmediata a las arrendadoras de estos vehículos que, atendían necesidades particulares de los altos funcionarios y sus parientes y amigos y no una necesidad del estado y menos mientras el pueblo pasando páramo para ir al trabajo y los que tienen su carrito con el bolsillo roto por el precio exorbitante de la gasolina.

La Contraloría General de la República, también debe ser investigada porque refrendó dichos contratos sin miramiento alguno y los mismos afectan ostensiblemente el patrimonio nacional además, del uso incorrecto, alejado de la ley y de mínimos valores morales que no se han tenido en cuenta en el marco del uso de, todos estos recursos que, representan una grave ofensa al sufrido pueblo panameño.

La sociedad reclama que, los altos funcionarios devuelvan lo que con el dinero público derrocharon, al margen de la situación de carencia que vive el pueblo panameño y que paguen los delitos cometidos y que los castigos sean ejemplares porque la justicia no puede ser selectiva, solo para los más pendejos sino, sin distingo alguno, para todo el que transgrede la ley.