Los costos sociales de la construcción en barriadas unifamiliares

Por: Juan Jované

Un fenómeno que se ha venido observando desde hace ya bastante tiempo es la construcción de edificios multifamiliares en barriadas de viviendas unifamiliares. Esta actividad ha generado importantes efectos negativos sobre los habitantes de las mismas, frente a los cuales las autoridades no solo han prestado oídos sordos, sino que han venido creando las condiciones para que los mismos sean aprovechados por los dueños de dichas construcciones y sus empresas constructoras, con el fin de elevar indebidamente sus ganancias económicas.

De acuerdo a la Teoría Económica del Bienestar existe una externalidad negativa cuando la actividad de un agente económico dedicada a producir un bien o servicio afecta negativamente la productividad o el nivel de satisfacción (bienestar) de otro agente. En estas circunstancias aparece un costo que el productor del bien o servicio no asume, el mismo entonces, se traslada a otras personas que son forzadas a asumirlo.

En las circunstancias descritas el costo privado de la actividad productiva se diferencia claramente del costo real de la actividad productiva. La diferencia entre esto dos costos se conoce como el costo social, que se define como la suma de dinero que se debería dar a
quien sufre la externalidad a fin de restablecer su nivel de satisfacción y/o productividad.

Se trata de un fenómeno extendido que, de acuerdo al economista William Kapp, se debe entender como “los costos sociales de la empresa privada”.

La presencia extendida de los costos sociales de la construcción de edificios multifamiliares en barriadas de casas unifamiliares se inicia con la anuencia de las autoridades del Ministerio de Ambiente, las cuales no solo son capaces de admitir estudios de impacto ambiental claramente sesgados y falsos sino que resultan sordas a cualquier reclamo realizado al respecto.

La construcción de los edificios multifamiliares en referencia, por lo general, se inician con la demolición de las antiguas estructuras unifamiliares. Esta, en no pocas ocasiones, se realiza con un notable descuido, capaz de afectar la salud de toda la población vecina.

Personalmente fui testigo, además de afectado, de la demolición de un antiguo techo que contenía fibra de vidrio, sin que la empresa encargada de la obra ni el dueño de la misma tomaran ninguna precaución para evitar daños a la población. En este caso, pese a que se
les advirtió del problema, la demolición prosiguió sin mayores cambios. Mientras que el municipio capitalino solo logro actuar tardíamente, el Ministerio de Salud optó por desentenderse del problema.

En la fase propia de la construcción los costos sociales que deben sufrir los vecinos son múltiples. En primer lugar, está la contaminación acústica, la cual no solo afecta el bienestar y la tranquilidad de quienes colindan con el lugar de la obra. Además, sobre todo en momentos en que el trabajo y la educación se realiza y se recibe dentro del hogar, la contaminación acústica genera un significativo costo social, el cual, gracias a las muy laxas regulaciones municipales, se extiende por largas horas.

A esto se suman otros costos que pueden ser bastante graves. Soy testigo, para dar un ejemplo, del caso de chispas vivas soldaduras provenientes de una construcción que cayeron en el estacionamiento de la casa contigua, donde jugaba tranquilamente un menor de edad.

La permisividad de las autoridades frente a los costos sociales toma ribetes dramáticos en un ejemplo de la urbanización Las Mercedes. En esta un edificio multifamiliar que la Corte Suprema de Justicia ordenó demoler ya hace varios años, sigue en píe, sin que ninguna autoridad sea capaz de hacer cumplir esta ordenanza.

Todo esto solo demuestra que a las autoridades solo les interesa complacer a quienes dominan el dinero, sin importarles el bienestar de la población.

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