Los estados de derecho y los derechos fundamentales.   

Como ciudadano no puedo callar o dejar de escribir, en torno a como  el estado de derecho panameño,  ha venido de más a menos.

Mucho trabajo tiene la procuraduría de la administración con respeto al desempeño de funcionarios públicos, que les resbala cumplir con el sistema  normativo, legal y constitucional. No son consciente que con esa conducta anulan la eficacia del estado derecho.

Todo lo anterior da cuenta de un estado de derecho que cursa hacia caracterización de fallido. Trágico, cuando los propios dignatarios del poder político, incurren en forma sistemática, desafiar el orden legal y constitucional.

Recién, el señor alcalde del distrito de Panamá, se le ocurre, limitar el duelo nacional, por razón de la epopeya patriótica a 12 horas y no a las 24 horas que ordena la ley, todo para favorecer a los negocios de bares, cantinas y discotecas. El señor alcalde, no tiene la menor conciencia de lo que fue y significa para todo el país, las gestas del 9, 10 y 11 de enero. Lo que llama la atención, es que el ejecutivo, la gobernadora, se hacen de la vista gorda.

Otro ejemplo del poco me importa con la ley, es la ministra de trabajo y desarrollo laboral. La constitución nacional y el código de trabajo, tutelan la libertad sindical. Somos signatario de los convenios 87 y 98 de la OIT, que tutelan la libertad sindical.

La ley panameña, con relación al seguro educativo, establece en sendas normativa, que un porcentaje de esos recursos, están dirigidos a apoyar a las organizaciones sindicales en lo que respecta a actividades  de educación y formación sindical.

Como asesor de la Confederación de Trabajadores de la república de Panamá, doy fe de una política de asediar y asfixiar económicamente al movimiento sindical. El  Mitradel, retiene sin causa justificada esos fondos. La funcionaria titular incurre en una flagrante violación a la ley y decretos que regulan la materia.

El estado de derecho, no puede ser instrumentalizado para acosar, perseguir a sus adversarios o críticos; menos usar el poder para

perseguir a adversarios por no estar de acuerdo con lo que haga o deje de hacer el gobierno. Esto es aberrante y riñe con un real estado de derecho. Éste jamás puede ser instrumentalizado  para negar derechos fundamentales, entre ellos el derecho a una existencia digna. Verbigracia a un trabajador, porque no forma parte políticamente de partido alguno, se le cancela su contrato de trabajo. Eso es aberrante y perverso.

Los funcionarios que se conducen de esa manera,  son fatales para una sociedad donde prime la sensatez  y el sentido de equilibrio.

Esa política de acoso económico contra el movimiento sindical, está fuera del orden legal panameño.

Los ejemplos sobran sobre este tipo de arbitrariedades y por parte de los ciudadanos existe la impresión, de que las autoridades que deben conocer sobre estas arbitrariedades, no se conducen  como manda la ley; es decir investigar y separar a estos funcionarios.

Como asesor de la CTRP, no albergo duda alguna que la señora ministra de trabajo y desarrollo laboral, incurre en flagra te violación de la ley.

La pregunta que nos hacemos, ¿será qué ese actuar de las autoridades de trabajo, constituyen líneas u órdenes política que provienen del poder político, para aminalar el protagonismo sindical de los trabajadores?  Sobre todo, en esta coyuntura donde se debate el futuro de la caja de seguro social.

Ramiro Guerra.

Abogado y asesor de la CTRP .