En declaraciones a Prensa Latina el secretario general del sindicato de los obreros de la industria de la construcción, Saúl Méndez, precisó que en la capital la manifestación concluirá en la Asamblea Nacional (parlamento) para repudiar la iniciativa que impulsa el Gobierno y pretende sancionar esta semana.

De manera paralela, agregó, se desarrollarán otras caminatas en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Darién.

El vocero de estos colectivos también indicó que el viernes 21 de marzo, junto a los docentes de todo el país, se realizará una huelga nacional de advertencia de 24 horas, entre otras medidas de presión, a las que están convocado a la población a sumarse.

Méndez denunció que con la nueva norma el Ejecutivo intenta robar los recursos de la CSS y entregarlos a los bancos y las empresas privadas administradoras de pensiones.

Esa ley, añadió, al establecer cuentas individuales desconoce el sistema solidario, no solo perjudica a las mayorías en la manera de garantizar recursos a la hora del retiro, sino que también ofrece pensiones de miseria y muerte, atendiendo al alto costo de la vida en Panamá.

De igual manera, remarcó, la norma establece de forma enmascarada el incremento en tres años de la edad de jubilación, sin que ello incida en una mejor calidad de vida de los asegurados y jubilados.

Además Méndez explicó que las protestas también condenarán la pretensión de la administración de José Raúl Mulino de abrir la mina de cobre en Donoso, Colón, a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su cierre a finales de 2023.

Las calles serán el escenario para que el pueblo rechace además la construcción de un reservorio de agua para el Canal de Panamá en río Indio, a lo que se oponen los campesinos residentes en esa zona.

También instarán a la unidad en la defensa de la soberanía nacional amenazada por el presidente Donald Trump, quien aboga por apropiarse de la vía interoceánica y al que el Ejecutivo responde con concesiones y acuerdos a espaldas del pueblo.

Sobre estas manifestaciones, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego , llamó a los gremios que expresen sus inquietudes de forma pacífica y respetuosa, además de preservar el orden y el bienestar común.

En su cuenta en la red social X, Abrego recordó que el derecho a protestar es un pilar fundamental de la democracia, protegido por tratados internacionales y por la Constitución .

Sin embargo, también dejó claro que los cierres y bloqueos de calles afectan la movilidad, el acceso a servicios de emergencia, la economía del país y la seguridad, sin referirse a la movilización difundida en las redes de fuerzas antimotines, bien pertrechadas, por varios territorios.

mem/ga

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