El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
En la agenda de los sectores económicamente dominantes, el capital financiero transnacional y los sectores políticos locales que les sirven como correa de transmisión de sus intereses, se destacan dos objetivos: llevar a todos los asegurados a un modelo de cuentas individuales de pensiones manejadas por empresas privadas; y revivir el estilo de desarrollo extractivista – minero.
En el caso de las pensiones, la promoción de las cuentas individuales, que generan pensiones de miseria, así como el manejo privado de los fondos de los asegurados, que generarían enormes ganancias al capital financiero, ha sido relanzada por el diario la Prensa, en un artículo publicado el miércoles 31 de enero de 2024 con el título “Desentrañado el déficit del sistema de pensiones”. En este se llama la atención de un déficit en el modelo solidario (subsistema de beneficio definido) del 2022, que es de B/.645.5 millones de balboas, el cual se incrementará en el futuro debido a que la cantidad de cotizantes va a disminuir, mientras que las de los pensionados se va a elevar. El problema del diario la Prensa es que deja por fuera el elemento clave que explica esta situación.
Si buscamos el origen de la muerte anunciada del modelo solidario de pensiones, el revolver humeante se encuentra definitivamente en las manos de Martín Torrijos y su equipo de gobierno, entre quienes se destaca el actual Presidente de la República. En efecto fue durante ese gobierno que se ideó, se promovió y se aprobó la Ley 51 del 27 de Diciembre de 2005.
Esta Ley dividió en dos grupos a los asegurados. Uno de ellos se mantendría en el modelo solidario (subsistema exclusivo de beneficio definido) y otro pasaría a un sistema básicamente de cuentas individuales (subsistema mixto). El problema está en que dicha Ley determinó la plena separación de los fondos de los dos subsistemas, a la vez que establecía que a partir del 2008 todos los nuevos cotizantes deberían obligatoriamente inscribirse en el sistema de las cuentas individuales.
Los participantes del modelo solidario se convirtieron en un grupo cerrado, en el que desde el 2008 no entra un solo nuevo cotizante, mientras que la edad va avanzando, generando la situación de un decreciente número de cotizantes frente a un creciente número de pensionados. Esto llevó a que solo entre el 2007 y el 2019, el año previo a la pandemia, el número de cotizantes del modelo solidario disminuyó en 32.7%, mientras que el de los pensionados se elevó en 75.8%. La Ley 51 de Martin Torrijos fue definitivamente una sentencia de muerte para las pensiones solidarias.
A esto se debe agregar la evasión de cuotas obrero patronales por parte de los empresarios (B/. 3,035.8 millones entre el 2007 y el 2019), lo bajos rendimientos de los fondos invertidos de la CSS, la no inscripción por parte de la patronal de un número significativo de trabajadores y trabajadoras asalariadas de las empresas formales (114,770 personas según la Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2023), la evasión de impuestos de los empresarios (B/. 35,161.5 millones en el período 2017 – 2021), que bloquea el aporte del gobierno central a la seguridad social, tal como lo determina el principio de la subsidiaridad.
La solución entonces está en corregir el entuerto provocado por Martín Torrijos, todos los partidos que votaron a favor de la 51 y la cúpula empresarial que ideó y promovió dicha Ley. Esto significa volver al modelo solidario de pensiones y darle una base financiera sana, corrigiendo los abusos que se han hecho contra la CSS.
La lucha por la vuelta a la solidaridad y contra los intentos de privatizar y generalizar las cuentas individuales, así como la que guarda relación con bloquear los intentos de los sectores dominantes y los políticos tradicionales, como es el caso de Gaby Carrizo, de revivir el proyecto minero – extractivista, son tareas esenciales de la población panameña. Ambas se deben reforzar mutuamente, por medio de la organización y movilización realizada en la forma que la llevaron a cabo nuestros jóvenes en octubre y noviembre, de forma pacífica.
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