El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
Como bien lo señala Samir Amin, en la época del capitalismo financiarizado, los capitales transnacionales recorren el mundo para asegurarse de lo que él llamó una renta imperial, basada no solo en la explotación de la mano de obra de los países menos desarrollados, sino también por la explotación de su naturaleza, vía la extracción de sus recursos naturales.
Para esto cuentan con el apoyo de los gobiernos de las potencias desarrolladas, a lo que se suma la complicidad de una clase dominante corrupta, la cual pretende recibir una parte de la acumulación por desposesión que generan dentro del país subordinado a los capitales transnacionales.
Este tipo de relación desigual tiene su expresión jurídica – formal no solo en la presencia de la OMC, el FMI y el Banco Mundial, entre otras. También la tienen en la presencia de los acuerdos de Protección de Inversiones y, sobre todo, en los tratados de libre comercio, diseñados para asegurar la extracción de la renta imperial.
Para tener una idea, aunque parcial, de la magnitud de la extracción de la renta imperial de nuestra economía, se puede señalar que durante el trienio 2017 – 2018 el país transfirió al exterior una suma equivalente a B/. 10, 913.0 millones, de los que cerca del 88.0% se refieren a beneficios de la llamada inversión directa extranjera.
La oligarquía transitista comercial – extractivista ha sido diligente en su realización de acuerdos de inversión y tratados de libre comercio. En el caso de Canadá nuestro país firmó un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones en 1998, que fue remplazado y ampliado por el Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado el 1 de abril de 2013. Utilizando los resultados del mismo resulta sencillo ejemplificar como los llamados TLC constituyen un serio problema ambiental y económico para el país.
La empresa canadiense que explota el cobre en Panamá exportó en el 2019 un total de B/. 2,159.9 millones. Se trata de una suma tan elevada que equivale al 86.5% de los ingresos totales por peajes del Canal de Panamá. Nuestro país prácticamente no recibió nada a cambio.
Ambientalmente la presencia del capital extractivista vinculado a Canadá ha representado la explotación minera a cielo abierto a gran escala en nuestro país. Tal como está ampliamente documentado, genera en las condiciones geográficas e hídricas de nuestro país elevadísimos costos ambientales, los cuales afectan a nuestra naturaleza y habitantes, mientras que los beneficios van a manos de los capitales transnacionales. Se trata de lo que John Bellamy Foster y otros autores califican de intercambio ecológico desigual.
Lo más dramático es que ahora First Quatum y Minera Panamá, en una argumentación que intenta basarse en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá, busca proteger sus intereses creados, manteniendo incólume la explotación de nuestra naturaleza y obteniendo una jugosa renta imperial. Es prácticamente inconcebible que se proponga eliminar el fallo de la Corte Suprema de Panamá que declaró inconstitucional el contrato de 1997. Se trata, desde luego, de una situación que ataca directamente nuestra soberanía como Nación.
Es conveniente destacar que el problema no se origina solo en la voracidad del capital transnacional, también se basa en la complacencia con que la clase comercial – extractivista y corrupta ha mostrado en la firma de tratados de libre comercio permisivos, los cuales resultan dañinos para los intereses nacionales. Este el caso de las cláusulas basadas en la idea de la expropiación indirecta y la solución de controversias fuera de la jurisdicción nacional.
Es hora de terminar con la minería a cielo abierto, defender la soberanía nacional y enfrentar a la corrupta clase dominante interna.
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