El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
El origen básico de los graves problemas del sistema solidario de pensiones tiene su origen en la reforma de la Ley Orgánica de la CSS, ideada y promovida por personajes como Dino Mon y otros con igual visón. En efecto, la Ley No 51 de diciembre de 2005, aprobada durante la gestión de Martín Torrijos, determinó que todos los trabajadores y trabajadoras que iniciaran sus cotizaciones del 2008 en adelante, tendrían obligatoriamente que participar en el llamado subsistema mixto, en el que dominan las cuentas individuales.
Esto significó que desde el 2008 no entra al modelo solidario ningún nuevo cotizante, por lo que sus participantes se convirtieron en lo que se conoce como un grupo cerrado. En este grupo cerrado, sin embargo, la edad va avanzando, por lo que año con año se incrementan los cotizantes que llegan a la edad de pensionarse, mientras disminuye el de los cotizantes activos de este sistema.
Es así que entre el 2007 y el 2022 el número de cotizantes activos se redujo de 872.279 personas a 547,304 personas, esto es una caída de 37.3. En contraste el número de pensionados se incrementó de 156,115 a 297,588, esto es una elevación de 90.6%. En ese período la relación cotizante activos por cada pensionado pasó de 5.6 a 1.84. Es lógico, como se les advirtió en el 2005 a los proponentes de la Ley 51, que en estas circunstancias los ingresos del sistema solidario necesariamente son inferiores a sus egresos, lo que genera un déficit que obliga a utilizar las reservas del mismo, las que actualmente están a punto de desaparecer.
Los ideólogos de la Ley 51, entre los que se encuentra Dino Mon, así como quienes la aprobaron en el 2005, en su afán de introducir las cuentas individuales, crearon las condiciones para que las pensiones de prácticamente dos generaciones de cotizantes no tuvieran una base financiera. ¡Los platos están rotos!
El problema está, entonces, en quien debe asumir el costo de los platos rotos. El señor Mulino ha venido señalando que este costo ha de ser asumido en forma significativa por lo que él denomina “los contribuyentes”. Su intención, a nuestro juicio, es trasladar el impacto a la clase media y los trabajadores, salvaguardando los intereses de los sectores económicamente dominantes.
Los contribuyentes, como su nombre lo indica, son los que efectivamente pagan impuestos. Entonces, resulta claro que los evasores no son contribuyentes efectivos. Es así que no pagarían los platos rotos los empresarios que evaden y eluden impuestos. Se trata de una enorme suma de dinero que quedaría fuera del sacrificio que el Sr Mulino intenta trasladar a quienes si pagan impuestos. En este sentido vale la pena recordar que, de acuerdo a cifras de la DGI para el 2022, último año en que estas se encuentran disponibles, el sector empresarial evadió y eludió impuestos por una suma de B/ 7,832.1 millones (10.2% del PIB).
El vehículo que probablemente se utilizará para que la clase media y los trabajadores paguen los platos rotos es un incremento significativo del ITBMS. Se trata, vale la pena señalar, de una medida que el FMI destacó y promovió en su documento Panamá Selected Issues 2023.
En efecto, para llenar el hueco financiero provocado por la Ley 51, se necesitarían cerca de B/. 1,400.0 millones anuales, cifra que equivale al 85% del ITBMS presupuestado para el presente año y el 103.3% del recaudado durante el 2023. Es obvio que la tasa de ITBMS, que ahora es de 7.0%, será incrementada a valores muy altos. El sector gubernamental y la cúpula empresarial pretenden golpear duramente el nivel de vida de la población. Además, dado que la nueva recaudación de ITBMS, pese todo, no sería suficiente, esta medida vendría acompañada por reformas paramétricas: aumento de la edad de jubilación; incremento de los años de cotización; aumento del monto de las cuotas; reducción de la llamada tasa de remplazo.
Es necesario que la población en su conjunto manifieste su rechazo al proyecto oligárquico de sacrificarla para mantener un modelo tributario en que el sector empresarial impunemente evade impuestos.
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