Miles de ciudadanos panameños se volcaron nuevamente a las calles la tarde de este jueves para expresar su disconformidad contra una polémica ley aprobada por el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que autoriza una concesión minera para la explotación de cobre en una mina a cielo abierto en una zona boscosa de la provincia de Colón, a unos 120 kilómetros de Ciudad de Panamá.

Según informes locales, pese a la lluvia, ciudadanos marcharon hacia la sede de la Presidencia de la República y otro grupo se concentró en la Cinta Costera, una avenida que atraviesa varios barrios emblemáticos de la capital.

Asimismo, se reportó la llegada de personas procedentes de Panamá Oeste, cuya intención sería exigir la derogación de la ley frente a la sede de la Asamblea Nacional.

Poco después, la Policía empezó a utilizar gases lacrimógenos contra quienes protestaban, mientras que varios de ellos derribaron las vallas de seguridad, informan medios locales.

Más temprano, manifestantes gritaron consignas en las inmediaciones de la finca de Cortizo, en la provincia de Colón, pero un piquete militar les cerró el paso.

Descontento y represión

La víspera, por tercer día consecutivo, multitudes colmaron avenidas en distintos puntos de la República reclamando la derogación del instrumento, al considerar que atenta contra la preservación de la biodiversidad en el país centroamericano y no supera las deficiencias que condujeron a la Corte Suprema de Justicia en 2017 a declarar inconstitucional un acuerdo previo.

Los manifestantes, muchos de ellos estudiantes, indígenas o miembros de sindicatos, fueron reprimidos por la Policía de Ciudad de Panamá.

Asimismo, se registraron numerosos cierres de vías en distintos puntos del territorio panameño que se prolongaron hasta horas de la mañana, al tiempo que las autoridades reportaron destrozos y acciones violentas en el contexto de las manifestaciones, y demandaron a los ciudadanos ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica.

A esto se suma que el Ministerio de Seguridad Pública comunicó de la detención de 217 personas, «algunas de ellas pertenecientes a grupos delincuenciales», por la presunta comisión de vandalismo y daños a la propiedad durante las protestas de las últimas jornadas, en las que también resultaron heridos 25 agentes policiales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los «niveles de violencia registrados». Asimismo, detalló que en los últimos cuatro días se reportaron 13 heridos durante las protestas y, en sus registros, tienen contabilizadas 127 detenidos asistidos en su mayoría por abogados de la Defensoría.

Acciones judiciales

Entretanto, la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el pasado lunes el abogado Juan Ramón Sevillano Villegas contra el primero de los artículos de la ley en la que se aprueba un contrato de concesión entre el Estado panameño y la compañía privada Minera Panamá, sucursal de la canadiense First Quantum.

Según se precisa en un comunicado difundido este jueves por el Órgano Judicial de Panamá, el procurador dispondrá de 10 días hábiles para emitir un concepto. Tras esto, las partes dispondrán de otros 10 días para presentar sus argumentos «por escrito, a través de abogado» y solo después se redactará un proyecto de decisión que será sometido a la consideración del pleno del Supremo.