No podemos regalar a extranjeros, lo que le privamos a los panameños.

Primeros los de nuestra casa.

Por: Jose Dídimo Escobar Samaniego

En medio de las circunstancias actuales, a la presente generación, le es imperativo tomar todas las previsiones a fin de garantizar nuestra existencia digna, habidas cuentas de que el país que nos regaló Dios, y por el cual lucharon las generaciones pasadas, fue esta codiciada cintura ístmica, llena de ríos, de peces, de mariposas, de gente buena y también de oro y otros minerales preciosos y es nuestro deber intransferible, legar responsablemente, algo más que angustias, a las futuras generaciones.

El precio internacional del metal amarillo se cotiza hoy en los 1,705.89 $

dólares por onza troy. Por su parte, 1 kg de cobre = 7,265 USD (precio del kilo de cobre hoy).

De la pandemia de coronavirus,  y de la crisis de la guerra que tiene a Europa y Estados Unidos frente a una recesión en ciernes, los expertos monetarios, estiman que el dólar saldrá muy mal parado frente a la revalorización del oro, mismo que se estima podrá subir hasta los 3,000 dólares por una onza, al final de este año, y tomando en cuenta una gran verdad de que; “la Reserva Federal no puede imprimir oro”.

La gente sabe que la emisión alegre de moneda sin el respaldo en oro, como debió ser, abre una puerta de desconfianza muy seria, por lo que las economías serias, todas están apostando al valor real del oro, como base segura de su riqueza, pues desde que EE-UU, dejó el acuerdo de Bretton Woods, en donde el oro era la base del dólar estadounidense y otras monedas estaban vinculadas al valor del dólar estadounidense. El Sistema Bretton Woods llegó a su fin a principios de la década de 1970 cuando el presidente Richard M. Nixon anunció que Estados Unidos ya no cambiaría oro por moneda estadounidense lo cual abrió este inmenso mar de incertidumbre que nos tiene en las actuales penosas circunstancias.

Como quiera que la contracción económica nos ha sobrevenido brusca y aparatosamente, los inversores buscarán el oro como inversión más segura y real y nadie quiere estar sometido a una moneda que se emite sin su debido respaldo, porque tarde que temprano todo el edificio se puede venir abajo aparatosa e irremediablemente.

Las actuales circunstancias, como hemos escrito, nos obligan a revalorizar y proteger todos nuestros activos como nación, porque nadie vendrá a tendernos la mano generosamente, para poder salir del hoyo en que estamos, Solo Dios y la oportuna diligencia y esmero que, de nosotros mismos debe surgir.

Desde hace casi 25 años atrás, un grupo de avivatos, malos panameños, obtuvieron del gobierno de entonces, concesiones amplias de casi todo el territorio nacional para hacer estudios exploratorios, que ya el Estado tenía preliminarmente, a efectos de extraer el oro, el cobre y otros minerales que Dios nos legó en su infinita misericordia.

Acto seguido, dichas concesiones fueron negociadas con empresas extranjeras, y de allí, El Estado otorgó un contrato leonino de concesión a la empresa Minera Panamá, donde se llevan el oro y el moro y a Panamá solo le quedan migajas, en un tiempo en que el país necesita una relación contractual justa sobre la concesión de esos recursos para salir de la situación en que estamos.

El Estado Panameño no tiene acceso ni siquiera a verificar “in situ” las reales dimensiones del peso y las medidas de la extracción y envío real del dorado metal y del cobre que representa la mayoría de los miles de toneladas cúbicas que se envían desde el puerto de Coclé del Norte.

Sin embargo, desde el año 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró tal contrato, como inconstitucional, por lo cual, desde entonces, hasta el día de hoy, Cobre Panamá, extrae ilegalmente todo el material que representa diariamente un promedio de 10 millones de dólares porque no existe fundamento jurídico alguno, la empresa sigue extrayendo y transportando miles de toneladas de mineral, lo cual constituye una verdadera aberración y una negligencia del gobierno nacional que no tiene explicación alguna.

Efectivamente, al día de hoy, ese nuevo contrato aún no se ha presentado a la Asamblea Nacional, pero la empresa a pesar de ello, no ha dejado de extraer inmisericordemente el mineral y no ha parado el envío a Canadá de cientos de miles de toneladas, sin ningún fundamento jurídico que ampare la desvalijación y saqueo de nuestro patrimonio en un acto propio de delincuentes.

Es de reseñar, que cuando se estaba desarrollando la campaña publicitaria, pagada por la empresa para presionar la aprobación del contrato suspendido, se decía que esta actividad le daría trabajo directo a más de 10,000 panameños con muy buenos salarios. La realidad es que efectivamente laboran en la mina, unas 7 mil personas de las cuales 2,500 son panameños y cerca de cinco mil son extranjeros, de diferentes partes del mundo, Filipinas, Sudáfrica, Perú, China, a los cuales, no se les paga seguro social, ni se cumple con las obligaciones que tiene el empleador con un salario y demás beneficios y se obtienen permisos de trabajo a través del Ministerio de Trabajo a todas luces violatorios a la Ley Laboral Vigente. Quienes hayan sobrevolado la extensa concesión, habrán podido observar la amplia defoliación de todo ese paisaje, que antes era selva virgen y ahora un gigantesco campo pelado y horadado, de donde se extrae el mineral, sin misericordia.

a cada rato hay derrames que contamina los ríos del área.

En el medio de estas alegres concesiones, algunos panameños desde el sector privado y funcionarios de los gobiernos pasados, han obtenido beneficios que, no les corresponde, porque nadie puede comprometer, sin fundamento legal alguno, el patrimonio de todos los panameños. Estas personas deben devolver lo recibido al Estado y deben ser procesados por la audacia de vender lo ajeno, igual debe ser sancionada la empresa que participa de estos tratos chimbos en contra de nuestro interés nacional y de la transparencia que el país requiere, porque la corrupción, es precisamente, el vehículo que nos ha llevado al frente del sepulcro en donde estamos.

Esta empresa se ha dedicado a realizar una suerte de relaciones públicas, financiando algunas actividades en la región, sabiendo que esta no es la conducta adecuada, porque de lo que se trata, no es de una generosidad calculada y fría, sino de entregar a Panamá la parte que en justicia le corresponde, y que como socio dueño de estos minerales, se les otorga para que ellos lo extraigan, y la paga de los respectivos impuestos nacionales y municipales, de modo que; como dijera en su momento José Antonio Remón Cantera, “no queremos ni millones, ni limosna, queremos justicia”.

El distrito en donde se desarrolla la actividad minera, lleva el Nombre del patriota Omar Torrijos Herrera, seguramente que en su tumba se revolcaría de vergüenza, si nosotros seríamos pendejos y no defendemos el derecho a que nos respeten y nos traten con dignidad, por muchos millones que represente una empresa de la que tenemos evidencia que calla cuando los beneficios se los atraganta sola.

Un contrato nuevo, porque es difícil concebir que se puede contratar con delincuentes, debe y tiene que reconocer la condición nuestra de; dueños de esa riqueza y no queremos ni podemos ser convidados de piedra, ni aceptar a la ligera un mísero 12% como la gran cosa, sino socios en pie de igualdad, es decir 50% y 50%, respetuosos, como debe de ser, con acceso a los beneficios que, de nuestra riqueza provengan. Si eso no es así, el interés nacional aconseja suspender en forma definitiva y firme el eventual contrato, y que paguen desde el año 2017, los beneficios a partes iguales que le adeudan a la república, porque no podemos regalar a extranjeros, lo que le privamos a nuestros propios compatriotas que hoy están clamando en las calles por justicia.

¡Por un país decente y una patria para todos!

¡Así de sencilla es la cosa!

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