El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
El gobierno y la mina
Entre los adelantos de las medidas económicas que el recientemente posesionado gobierno ha anunciado, planeado como una política de choque, se destaca, junto a las reformas de la seguridad social, la idea de reabrir la mina de Donoso, supuestamente como un requisito para su “cierre ordenado”. Es así que, en los días posteriores a las Elecciones Generales, la prensa local e internacional citaban al Presidente Mulino en el sentido de que él mismo estaba dispuesto a iniciar un diálogo directo en calma sobre la reapertura de la mina.
Así mismo, el diario La Estrella de Panamá reportaba el 28 de junio de 2024, que el nuevo Ministro de Comercio e Industrias “se hizo eco de las palabras del presidente, José Raúl Mulino, que plantean la posibilidad de que la mina se reabriese para irla cerrando con los recursos que genere”. En el discurso de toma de posesión del nuevo Presidente volvió a aparecer la idea, cuando él mismo afirmó que: “el plan de abrir para cerrar en forma definitiva la mina, segura y positiva, dependerá del resultado de este estudio (ambiental)”. El hecho es, entonces, que el gobierno entrante mantiene la-idea de “reabrir la mina para cerrarla”, entendido esto como un mecanismo de autofinanciamiento del proceso.
Es pertinente destacar que el Ministro de Ambiente, quien siempre se ha autodefinido como ambientalista, también se ha hecho eco de la posición del Presidente. Es así que en noticia aparecida en el diario La Prensa el 3 de junio de 2024, él mismo declaró que “espera que el cierre de la mina, ubicada en Donoso, provincia de Colón, sea ordenado y autofinanciado”. Desde luego que para que se dé un autofinanciamiento la mina debería se reabierta, con todo su impacto sobre el medio ambiente, para generar recursos.
El poder detrás del trono
La posición gubernamental se ajusta plenamente a la de la cúpula empresarial del país. Esto se desprende de las siguientes palabras del presidente de la Cámara de Comercio: “el cierre debe hacerse de forma ordenada y autofinanciada. La mina debe comenzar a producir para pagar su propio cierre”. En realidad, lo que se busca, frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia y la aprobación de la Ley de moratoria de la minería a cielo abierto, es no solo que se reactive la mina de First Quantum, sino que, además, se reviva el estilo de desarrollo extractivista – minero.
Se trata de una situación en la que la cúpula empresarial, alentada por la captura directa de los aparatos del Estado, revierte su posición del 29 de noviembre de 2023, cuando la misma declaraba que: “El Consejo Nacional de la Empresa Privada fiel a sus principios y al respecto a las instituciones, reitera que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406, debe ser acatado sin atenuante”.
Estamos, entonces, frente a una propuesta que solo podemos calificar como inconveniente para el país, por motivos económicos, ambientales, sociales y de soberanía nacional.
Los problemas del enfoque oligárquico
De acuerdo a nuestro actual ordenamiento jurídico, dado el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, la necesaria nueva concesión para la reapertura de la mina solo sería factible si se deroga la Ley de Moratoria Minera. Esto teniendo en cuenta las cláusulas de la nación más favorecida y trato de igualdad con los inversionistas externos que fueron acordadas en los tratados de Libre Comercio, llevaría a la plena apertura del país al estilo de desarrollo minero extractivista, con sus consecuencias sobre todo el territorio nacional. No es posible que una persona, como el actual Ministro de Ambiente, que se defina como ambientalista no pueda visualizar esta realidad.
Desde la perspectiva de la justicia ecológica, volver a abrir la mina para que el supuesto cierre se autofinancie, significa que Panamá estaría permitiendo que una empresa que de manera ilegal explotó el recurso nacional, generando una significativa huella ambiental quede impune de hacerse cargo de dichos daños. Nuestro país se estaría negando el derecho soberano a exigir una justicia restitutiva.
Si bien es cierto que el mineral ya procesado debe salir de Panamá, esto no significa que se pueda llegar a aceptar que el mismo pueda ser propiedad de Minera Panamá, habida cuenta de que el mismo fue extraído y procesado por una empresa que operaba ilegalmente en el país. Se trata de un asunto de defensa de la soberanía nacional.
Desde el punto de vista de los daños humanos y ecológicos hay que partir señalando, que el extractivismo es una forma de apropiación de los recursos de los países que generan significativos impactos ambientales, sociales y económicos. Como reconoce Luis Inchaustegui, defensor del extractivismo minero y ex ministro de Energía y Minas del Perú: “nadie puede negar que la minería genera un impacto adverso en el ambiente”.
Se puede alegar, como lo hace el exministro, que las compensaciones pueden llegar a que “el impacto sea mínimo y que los beneficios los superen”. Se trata de una forma de ver las cosas que no se corresponde a la realidad. Esto por varias razones.
Abrir la mina para cerrarla implica la extraña idea de que un impacto ambiental previo se puede resolver generando nuevas y más profundas huellas ecológicas: abrir un nuevo hueco para cerrar uno antiguo no tiene sentido. En realidad, la huella ambiental se estaría acrecentando prácticamente hasta que se agote el mineral, mientras que la empresa sigue obteniendo cuantiosos beneficios. De hecho, la Cámara Minera ha reconocido que esta estrategia simplemente le permitiría a la empresa minera explotar el mineral hasta su agotamiento. Esto queda claro en las declaraciones de un alto personero de esta organización que, según noticia aparecida en el diario La Estrella de Panamá del 4 de julio de 2024, afirmó que: “el concepto “abrir para cerrar” no existe en minería. Lo que existe es el término plan de cierre, el cual debe estar listo desde el inicio del proyecto minero, para ir aplicándolo en la medida en que se vayan finalizado las actividades”.
Entre los impactos de la mina como lo afirma Gudynas, no solo se encuentran aquellos que. de alguna u otra forma, pueden ser valorados crematísticamente. También están los que siguiendo a Frank Ackerman y Lisa Heinserling, se pueden calificar de inconmensurables desde el punto de vista monetario. Entre estos estarían: los impactos irrecuperables por pérdida de vidas (que no se puede reducir a simple pérdida de producción), las enfermedades (que no se pueden reducir al costo del tratamiento médico), la pérdida de diversidad y los efectos sobre el Corredor Biológico Mesoamericano, junto el daño a las fuentes de agua, entre otros. Como lo señala Gudynas en su libro “Extractivism” (2020) y Foster en su “The Dialectics of Ecology” (2024), todos estos costos se externalizan por la empresa y los gobiernos cómplices, a fin de agrandar el excedente económico del capital transnacional. No es posible que un ambientalista, con un compromiso real con la naturaleza, no tenga esto presente cuando se toca el tema del cierre de la mina de Donoso.
Conclusión
La única salida correcta es el cierre inmediato de la mina, entendiendo que el costo del mismo deberá ser asumido por la minera que explotó ilegalmente los recursos y generó los impactos ambientales y sociales.
Los funcionarios de gobierno que se autodefinen como comprometidos con la Vida en todas sus formas deberían recordar que, para ser auténticos, no solo se trata de posar como ambientalistas, se trata de comportarse como tales en la práctica.
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