El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por Ramiro Guerra M.
Jurista, escritor y cientista político.
La primera vez que escuché al abogado José Raúl Mulino, en torno a la imperiosa necesidad de fraguar un gobierno de unidad nacional, me pareció acertado, por la sencilla razón, que no se puede salir adelante en un país, estando sumergido en una grave crisis.
Un gobierno nacional, parte del concurso y participación de todos los actores de la sociedad, para abordar temas de gran trascendencia como lo es el de la Caja de seguro social.
En consecuencia, no me pareció acertado, nombrar como director de esa institución, a un profesional, que se ha comprometido y alineado con posiciones radicales y que han apuntado hacia la privatización del seguro social, medidas paramétricas e inclusive ha abanicado rebaja de las pensiones.
¿cómo montar un escenario de diálogo hacia consenso en esta materia?, cuando el director escogido, revela grados de intransigencia, en el sentido, que él pone toda su canasta de huevos, en los enfoques privatizadores.
Soy sincero, no veo esos espacios para consensuar, sobre todo cuando el sector privado, igual sugiere reformas drásticas, que están dirigidas a golpear duramente a los asegurados y ellos como sector económico financiero, salir beneficiados, aprovechando según ellos la oportunidad.
A pesar de lo anterior, nada es imposible, pero solo a cambio de que el gobierno, el presidente entienda que, el tema del seguro social, tiene rango de estado y por tanto no se puede manejar con arbitrariedad ni imposición.
Un diálogo, que no le dé el protagonismo a los sectores laborales del país, para proponer soluciones a la problemática del seguro, siendo ellos los verdaderos dueños de la CSS, estará condenado al fracaso o a situaciones de choque y fuerzas. Lo anterior pudiera ser catastrófico para la nación y especialmente a la juventud que se levanta ahora.
La problemática del seguro social, tiene que ser abordada desde la perspectiva de una gobernanza democrática. Lo contrario sería imposición y con consecuencias no deseable para construir escenarios de equilibrio y de una paz que no sea de apariencia.
El gobierno comete un error, cuando se reitera, que es y responde a la empresa privada. El corporativismo de estado, no se traduce en democracia.
Por lo anterior, lo ideal hubiese sido, la designación de un director mediador y que construya consensos. No lo veo. Quisiera equivocarme, pero la realidad da cuenta de un escenario insuficiente de democracia para abordar la situación de la caja de seguro social, porque quien está llamado a generar el ambiente de acuerdo y conciliación, partió por desmarcarse al lado contrario de este propósito que es insoslayable.
Bien lo acotaba un conocido periodista, cuando dice, que administrar una compañía de seguro privado, no lo hace idóneo para administrar temas de seguridad social. A la primera la mueve el lucro y la ganancia. A la segunda, lo humano, el bienestar común y la solidaridad.
Soy del criterio que, cualesquiera que sea la propuesta que tenga el gobierno, tendrá que ser abierta y sometida al conocimiento del pueblo. Es decir, al trámite de la democracia deliberativa.
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