Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Desde este viernes 22 de octubre, los consumidores de combustible como la gasolina de 91 y 95 octanos y diésel, sufrirán un aumento adicional a las decenas de aumento que se han dado a lo largo de este año 2021.
Panamá tenía en la década del 70 y 80, una refinería de petróleo ubicada en Bahía Las Minas en Colón, que fue desmantelada y hoy todo el combustible de uso en el territorio nacional se importa refinado, especialmente de Los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual nos hace extremadamente vulnerables en cuanto a la seguridad nacional, al dominio y dictado de los precios y a la disposición segura del combustible en sí mismo.
No es gracioso, permitir el oligopolio de la venta del combustible localmente, porque las empresas nacionales de su distribución, manejan menos del 20% de combustible que importamos y difícilmente nos podemos beneficiar de buenos precios, aunque el petróleo haya caído sostenidamente, su precio, durante todo el año 2018. 19 y 20. Es decir, con la factura petrolera que pagamos los panameños, somos exportadores de capital neto y eso acarrea un daño profundo y significativo a nuestra economía nacional, que debe obligarnos, por ejemplo, a cerrar toda generación eléctrica con combustible y abrirles paso a energías limpias generadas por el viento, el sol y las hidroeléctricas que deben ser re nacionalizadas, porque hoy están en manos de un monopolio llamado AES Panamá, que la Ley no permite, sin embargo se las ingenian para seguir beneficiándose de esa condición ilegal que nos acarrean graves consecuencias a los panameños, sin que haya autoridad alguna que le ponga fin a tanto desmanes.
La energía y el combustible tratan de un aspecto fundamental de nuestra seguridad nacional y en el futuro, el interés nacional debe privilegiarse por encima del interés de algunas empresas que hicieron su agosto cuando se privatizaron alegre y perversamente nuestras empresas estatales de energía y comunicaciones. Los actuales gobernantes, no pueden seguir siendo permisivos con el desmantelamiento de nuestros muros de la seguridad nacional y tienen que velar por mejores oportunidades para el país y los panameños, porque los pasados gobiernos de los últimos 30 años, sin embargo, a cambio de tales “descuidos” y “negligencias intencionales”, han recibido jugosas y vergonzosas coimas, que por andar la justicia igualmente despistada por las mismas motivaciones, hoy, los delincuentes, se burlan de todos los ciudadanos, pero eso, no será por siempre.
Desde hace tres años se aprobó un aumento considerable de la factura eléctrica, misma que en aquel momento, el gobierno de Varela decidió asumir desde el presupuesto nacional, hasta el último día de su mandato, como si el presupuesto nacional fuera de otros y no el propio nuestro. Disponer, como se dispuso, de esa manera irresponsable de los bienes públicos y del patrimonio nacional a pesar de la baja sostenida del precio del petróleo, para apuntalar a los especuladores y monopolistas, es la razón por la que el país está, como está, con serias dificultades para poder reactivar la economía nacional, al margen de la pandemia.
Estos aumentos sostenidos y continuos, representan una canallada, es decir, una infamia que tiene la virtud de empobrecernos a casi todos, para satisfacer a cuatro bribones que viven asaltando el erario público y chupándole la sangre a los panameños.
¡Por un país decente y una patria para todos!
¡Así de sencilla es la cosa!
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