El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
A la campaña que mantienen los sectores económicamente dominantes contra el modelo de pensiones solidario, recientemente se han sumado dos nuevos integrantes. El primero de estos son las agencias calificadoras de riesgos, las mismas que, con una actitud fraudulenta y carente de ética, ayudaron a crear las condiciones para generar la crisis financiera del 2008 y 2009 la que significó un duro impacto negativo sobre muchos fondos de pensiones.
Es así que el diario la Prensa, principal vehículo ideológico de la campaña contra la solidaridad, en un artículo publicado el 3 de noviembre, celebra el hecho que “las tres grandes agencias de raiting han revisado la calificación de Panamá, y en los tres casos han mencionado las presiones que emanan de la falta de avance para resolver la crisis del subsistema exclusivamente de beneficios definidos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social”.
En el artículo de la Prensa se cita a un alto funcionario de una de las calificadoras de riesgos que prácticamente amenaza con retirar el grado de inversión de Panamá si no se concreta una reforma estructural al sistema de pensiones. Es obvio que para el capital financiero internacional que representan las calificadoras, la reforma previsional no solo significa cambios paramétricos. También incluye la generalización de las cuentas individuales y el manejo privado de las mismas.
El segundo nuevo integrante de la campaña contra la solidaridad y en favor de la plena mercantilización y privatización del modelo de pensiones es un conocido gremio de administradores de empresas, caracterizado por su adhesión al fundamentalismo de mercado. Este gremio administrativo – empresarial, además de promover el modelo de cuentas individuales administradas privadamente, entiende que su papel en la campaña contra la solidaridad es bloquear las alternativas que pudieran revitalizar el modelo de pensiones solidarias.
En esa dirección, por ejemplo, niegan cualquier posibilidad de utilizar los recursos que la Autoridad del Canal entrega al gobierno central con el fin de ayudar al sostenimiento del modelo solidario de pensiones. En este caso alegan que esto le restaría al gobierno la posibilidad de atender problemas como la salud y la educación. Se trata, a nuestro juicio, de una posición errada basada en interés de grupo.
Si nos preguntamos cuál es el uso efectivo que tienen los recursos que aporta el Canal de Panamá al físco, encontramos una situación muy distinta a la planteada por el órgano de los administradores de empresa.
En primer lugar, se debe recordar que de acuerdo con el BID la relación ingresos tributarios-PIB de Panamá es la segunda más baja de toda América Latina. Más aún, incluyendo los ingresos del Canal de Panamá la presión fiscal equivalente resulta la cuarta más baja de la región. Esto significa que en nuestro país los ingresos de Canal sirven para mantener un modelo de baja tributación que favorece a los más ricos. Además, sirve para sostener la evasión fiscal del sector corporativo – privado que alcanza al 10.0% del PIB, así como el clientelismo político.
Se debe agregar que, utilizando las cifras del reciente informe de la OIT y del INEC, se puede calcular que la empresa privada en el 2019 evadió a cerca de 223,291 personas del Seguro Social. De estas el 40.0% trabajaban en empresas privadas del sector formal.
Resulta, entonces, que argumentar contra la posibilidad que parte de los aportes del Canal de Panamá y de otras concesiones sobre los recursos naturales aporten a la solidaridad, no es una posición que pueda sostenerse en los hechos. En todo caso se podría explicar por los intereses económicos de grupo.
Es fundamental que los sectores sociales recobren la iniciativa para enfrentar la campaña contra la solidaridad.
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