Panamá en venta: tierras disponibles para el mejor especulador

En los últimos 30 años políticos, empresarios locales y extranjeros han logrado apropiarse de miles de hectáreas de tierras a precio de remate gracias a la complicidad de instituciones como la Anati. Tráfico de influencias, acaparación ilícita y asociación para delinquir. El caso de un empresario holandés que muestra un patrón y un mundo: concentró más de dos mil hectáreas en la costa Caribe. ¿Turismo o fachada para especular?

Presidentes que regalan tierras públicas a testaferros o primos. Diputados que logran titular espacios de todos a nombre de un familiar. Parques del Estado traspasados repentinamente a floristas, choferes o vendedores ambulantes. Islas completas, lotes frente al mar o globos de terrenos en áreas urbanas vendidas por centavos para empresarios, familiares y amigos del poder.

Desde el nacimiento de la república, la especulación fue el patrón en el reparto y titulación de tierras públicas, privadas y colectivas. Pero en las últimas tres décadas los casos viraron a un acaparamiento y malversación gracias a la cual un puñado de personas obtuvo fincas valuadas en cientos de miles de dólares por centavos.

Un relevamiento de Concolón arrojó 71 de casos de alto perfil entre 1991 y 2024 de negociados con tierras. Incluyen terrenos públicos y despojo a comunidades con artimañas como titulaciones ilícitas, falsificación de documentos y corrupción de funcionarios, e involucran delitos contra la seguridad colectiva, la administración y la fe pública, además de tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir. Los hechos ocurrieron a lo largo del país, especialmente en zonas cotizadas. En la tercera parte de ellos, los protagonistas son empresarios.

Hay al menos 19 casos de empresarios en la base de datos construida por Concolón. La mayoría con la pantalla de desarrollos turísticos.  Uno llamativo es el de un holandés que logró acaparar más de 2 mil hectáreas en las costas de Veraguas y Colón, aún con varios procesos judiciales en su contra y una condena.

Son tierras en bahías con delfines y bosques primarios de dos provincias que hoy están a nombre de un entramado de sociedades vinculadas a Max Van Rijswijk, quien fue condenado por el delito de falsificación en la justicia y tiene pedido de captura desde el 2022. Es una historia de dos décadas de engaños, pleitos judiciales y un negocio valorado en $105 millones, que incluye dos megaproyectos turísticos, denuncias de estafa y conecta con otra trama conflictiva por la venta de una parcela a Minera Panamá.

El desarrollo más reciente es Quantum Oasis, al que se promociona como un viaje para el “autodescubrimiento” y el “empoderamiento”. Contempla la construcción de 120 cabañas en 1,268 hectáreas de “playas serenas”, con “acantilados majestuosos” y “vibrantes bosques tropicales” en Veraguas. Un retiro en medio de la naturaleza, donde hospedarse tendría un costo de $5,500 por persona. El precio de empoderarse y sanar.

Su CEO, Max Van Risjwijk, fue buscado por la ley. Nacido en Holanda, con carné de residente permanente de Panamá y con un extenso historial de estafa de tierras, el periodista Guido Bilbao expuso sus métodos en La Conquista del Atlántico, una investigación periodística publicada en 2017 que evidencia la presión de proyectos extractivistas sobre las últimas reservas de bosque primario del país. Luego de eso, Van Risjwijk fue condenado y un juzgado solicitó su captura. Ha sido investigado por el Ministerio Público por delitos contra la fe pública y hasta tenencia ilegal de armas. Pero nada de eso lo ha detenido.

Van Rijswijk continuó con la promoción y operaciones de sus proyectos en la costa Caribe, que vende como lo último en destinos para el turismo de bienestar.

En 2018, atrajo inversionistas para Verawa World Holding, que presentó como un “nuevo desarrollo ecoturístico de clase mundial” en 1,114 hectáreas en el corregimiento de Calovébora, en el norte de Veraguas. Un resort que tendría spa, gimnasio, boutiques, restaurantes, bares, deportes acuáticos. Todo un mundo de amenidades que iban a ser costeadas a través de una plataforma de bienes raíces sustentada en criptomonedas.

Después, en 2020, fue condenado por falsificar los documentos del acta de una reunión de junta directiva de una de sus sociedades. El año pasado la policía allanó su apartamento en la ciudad de Panamá en busca de armas de fuego que no contaban con los permisos requeridos. Aunque ni las armas ni el inversionista aparecieron, Van Rijswijk siguió con Quantum Oasis.

“Basado en una estrategia de crecimiento acumulado con operación continua, se proyecta que el desempeño puede crecer hasta 46% en un período de 10 años”, dice el brochure de ese proyecto. De acuerdo con el cronograma, el proceso de recaudar $12.5 millones como financiamiento debió iniciar en junio pasado. Hasta el momento, ningún desarrollo promovido por el holandés se concretó, pero las tierras las tiene.

¿Cómo hizo este empresario con pedido de prisión para acaparar tierras que en el 2012, según información de una de sus sociedades, estaban valoradas en 105 millones de dólares?

En redes sociales Van Risjwijk se describe a sí mismo como inversionista en tierras, emprendedor, ambientalista, entusiasta en blockchain, etc. Pero quienes lo conocen saben de sus métodos: compra las tierras a bajos precios o las adquiere a través de titulaciones aparentemente fraudulentas. Posteriormente las vende y traspasa de una fundación o de una sociedad a otra —sin que importe si la finca está sujeta a un secuestro o no—. Las fincas terminan siendo utilizadas como garantía para préstamos o hipotecas, compromisos que serían incumplidos. O simplemente para la especulación: para atraer inversionistas que aportarán dinero en desarrollos turísticos que nunca se concretan.

Su portafolio de tierras incluye algunas de las zonas con mayor potencial turístico, que están en la mira de proyectos hoteleros —como en Costa Arriba de Colón— y en las proximidades de áreas protegidas como el parque nacional Héctor Gallego y el corredor biológico mesoamericano. Y que habrían sido  compradas por Van Rijswijk mediante engaños a lugareños que poseían derechos posesorios y a precios de remate, según la investigación de Bilbao y el testimonio de una exsocia suya: a centavos el metro cuadrado. Aunque él aseguró a un medio local que pagó entre dos y tres dólares el metro cuadrado.

Denuncias de falsificación, estafa, especulación. ¿Cómo ha sido capaz de seguir haciéndolo durante 20 años? ¿Especialmente durante los últimos, con una condena, una medida de impedimento de salida del país y una orden de captura a cuestas?

Parte de la respuesta está en las debilidades y vacíos del marco legal panameño para la titulación de tierras, en especial, en la figura de “derechos posesorios”, así como en la complicidad de funcionarios de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) y del Registro Público, un cóctel que disfrutan inversionistas como Van Rijswijk para hacerse con tierras públicas, colectivas o de vecinos de comunidades alejadas. Pero no es el único.

“Una gran parte de las tierras del Estado han sido acaparadas en forma ilícita y en fraude a la ley”, sentencia el abogado Donaldo Souza, que ha interpuesto más de 100 recursos legales que guardan relación con el despojo de terrenos en Panamá.

La historia le da la razón a Souza. Los gobiernos pasan pero el problema persiste.

En el relevamiento de casos de alto perfil realizado por Concolón, los ejemplos se amontonan.

En 2001, bajo la presidencia de Mireya Moscoso, el gobierno vendió al empresario y comentarista televisivo Juan Carlos Tapia una finca de 11 hectáreas frente al mar por 25 centavos el metro cuadrado. Luego, durante la administración de Martin Torrijos, 88 fincas estatales, ubicadas en el Archipiélago de las Perlas, en Bocas del Toro, Veraguas y Colón fueron inscritas de forma fraudulenta. Torrijos además fue blanco de otro escándalo cuando un tío suyo adquirió 30 hectáreas del Estado en Punta Chame, a menos de un centavo el metro cuadrado. Para más: cedió 6,215 hectáreas dentro de un área protegida, en Bocas del Toro, para la construcción de una hidroeléctrica.

Con Ricardo Martinelli una disputa de tierras entre dos miembros del Gabinete estremeció la recién creada Anati. Unas 54 hectáreas estatales fueron expropiadas y traspasadas a 14 sociedades. En esta administración también se le cedió gratuitamente un terreno ubicado en una de las zonas más exclusivas de ciudad de Panamá a un florista, y que luego fue traspasado a una sociedad vinculada a empresarios cercanos al presidente. El propio Martinelli apareció en 2012 en un pueblo de la costa de Veraguas acompañado por estamentos de seguridad. Lo hizo para intimidar a los lugareños y favorecer los intereses de un extranjero que codiciaba sus tierras.

En la presidencia de Juan Carlos Varela, el Concejo Municipal de Taboga vendió parte de cuatro islas a un empresario y bosques vírgenes de Colón fueron titulados por Anati en un proceso inusual a nombre de una red de personas vinculadas entre sí. Además, tres ciudadanos chinos presentaron información falsa en una notaría en Colón para tomar control de tres fincas ubicadas en Coclé. Un año antes, pesquisas sobre usurpaciones de tierras en esta provincia terminaron con el asesinato del periodista y político Darío Fernández.

Más recientemente, en el gobierno de Laurentino Cortizo, diputados como Yanibel Ábrego coparon portadas por adquirir terrenos públicos por centavos y el Ministerio Público investiga la participación de funcionarios de Anati en la venta de tierras en las islas del pacífico panameño y en las áreas protegidas de la provincia de Darién.

De los casos rastreados y consultas con expertos surgen patrones que podrían simplificarse así: poco acceso a información catastral —aprovechado por los especuladores que compran la información a funcionarios, sin riesgo a ser expuestos—, control de fincas a través de documentos falsos, traspaso a nombre de sociedades cuyos accionistas son secretos y propietarios presionados por los acaparadores a través de presión política, judicial o fuerza, como el caso Bahía Honda. Los protagonistas son políticos  y empresarios vinculados a ellos.

La base de datos construida por Concolón con denuncias publicadas en medios de comunicación en los últimos 30 años, muestra que la Anati es la institución pública que más se presta para este esquema. Pero no es la única: también aparecen la presidencia, ministerios y el Registro Público, además de la dirección de Reforma Agraria, el Banco Hipotecario y Contraloría, entre otras.

Panamá es un país diminuto: más de siete millones de hectáreas entre una costa y otra, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés). Solo los 71 casos de alto perfil abarcan 351,683 hectáreas, el cinco por ciento del país. 

Según los últimos censos agropecuarios, la mitad de las tierras están en manos de un puñado de personas: el 45.67% pertenecen al 2%.

En su artículo primero el Código Agrario de 1962 aspiraba a “la abolición del acaparamiento de tierra inculta o ociosa o con fines especulativos”. Esto sin dejar de considerar los intereses de los terratenientes. Por ello, ese mismo año se creó una nueva figura: los derechos posesorios. Según la obra ‘Historia agraria y luchas sociales en el campo panameño’, de esta forma se buscaba evitar otorgarles “legítimos títulos de propiedad a los pequeños parcelistas”.

Al ser considerado como un título “prácticamente nulo”, quienes habían vivido y trabajado en un terreno por años cayeron en un “limbo jurídico”, ya que la Reforma Agraria no les otorgó un título de propiedad que tuviera validez ante el Registro Público y los bancos.

Aunque se trate de una forma imperfecta de tenencia, son codiciados en el mercado de tierras. Sobre todo por inversionistas o especuladores como Van Rijswijk, quienes adquieren los derechos posesorios —de forma legal o ilegal— y los utilizan para posteriormente solicitar la adjudicación de tierras estatales.

Es un trámite donde los requisitos son mínimos: las personas naturales solo deben presentar documentos de identidad y que comprueben la ocupación, además de planos del terreno. Si se trata de una persona jurídica, el trámite requiere además de un poder notariado. Y dinero para comprar.

La precariedad en la tenencia de la tierra ha sido aprovechada por Van Rijswijk para concentrar dos mil 407 hectáreas. Al final, la Reforma Agraria terminó favoreciendo la especulación.

Esta investigación contactó a algunos de los exsocios del holandés, quienes pidieron mantener la reserva de sus nombres. “Me prometió el cielo, pero terminé perdiendo el dinero de mi pensión”, narra una inversionista belga. “Tiene el perfil de un estafador”, asegura un abogado que lo enfrentó en los tribunales, donde ha estado vinculado a por lo menos 17 procesos.

Uno de ellos, Rudy Bogaards, también holandés, lo acusó de falsificación de documentos. El caso se remonta al 2007, según el expediente que se encuentra en los archivos del Órgano Judicial. En ese entonces, la Fundación Emerging States, cuyo representante legal es Bogaards, adquirió el 25% de las acciones de la sociedad Paraíso Escondido S.A., que tiene como presidente a Van Rijswijk. Esta operación le daba a la Fundación Emerging States derecho a voto en la junta de accionistas.

Previamente, Bogaards había puesto sus acciones bajo custodia de sus abogados. Esta precaución no le sirvió de mucho. El 8 de enero de 2015 la finca 148197, ubicada en Panamá Oeste, fue segregada y vendida de forma fraudulenta a Van Rijswijk, a través del acta número 342. El holandés pagó 25 mil dólares.

El caso llegó al Juzgado Decimocuarto de Circuito de lo Penal, quien el 2 de julio de 2020 sentenció al holandés Van Rijswijk a 48 meses de prisión por el delito de falsificación. Aunque inicialmente Carrizo López fue absuelta, en 2021 fue declarada  como cómplice y condenada a cuatro años de prisión. El 18 de febrero de 2022 el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales solicitó a la Policía Nacional la captura de ambos.

Según estadísticas, los casos que llegan a la Justicia son los menos, aunque cada vez sean más.

Definida por el Código Penal como la ocupación total o parcial de un “inmueble, terreno o edificación ajeno”, la usurpación de tierras se ha disparado en los cuatro últimos años: de seis casos en el 2020 a a 25 en el 2023, según registros del Órgano Judicial. Ese delito ranquea último en la base de datos de Concolón, donde la mayoría de los casos habrían involucrado delitos de peculado, tráfico de influencias y estafa.

Para esta investigación, se contactó a Van Rijswijk en varias oportunidades. La primera, tras una serie de preguntas sobre esta investigación, aseguró por whatsapp que no contestaría nada por escrito. Entonces pidió un encuentro en persona que, tras varios intentos, fue concretado en la tarde del lunes 23 de septiembre. La cita fue bajo un sol inusual en temporada de lluvia, en las terrazas del antiguo Trump Tower, en medio de un entorno de ultralujo: hoteles, torres de apartamentos, islas artificiales y yates sobre la bahía de la ciudad de Panamá. El empresario hizo más preguntas y se negó a dar una entrevista grabada sobre los temas abordados por este reportaje. Al día siguiente, para obtener su versión, se le envió un cuestionario por whatsapp, pero tampoco contestó.

A los juegos con deficiencias del sistema, Van Rijswijk los llama inversiones para preservar joyas de la naturaleza y promover el desarrollo de las comunidades locales. Su historial de operaciones muestra lo contrario: propietarios y ex socios que manifiestan haber sido estafados en negocios  prometedores que, algún tiempo después, terminaron cuestionando.

Luego de adquirir las fincas, procede a traspasarlas varias veces entre sus sociedades, intentando sacar provecho del artículo 1762 del Código Civil. En teoría, esto blinda a la sociedad que compra un terreno ante la posibilidad de una revocatoria sobre el título de propiedad, aunque lo haya adquirido a través de un acto que después fue anulado. Es decir: nadie se los puede quitar. Ni siquiera si se detectó alguna irregularidad en el proceso. Esto lo han aprovechado Van Rijswijk y otros inversionistas para mantener los títulos de propiedad a pesar de los pleitos legales y secuestros.

Este fue el caso de la finca 19707, ubicada en el distrito de Donoso, Colón. Fue comprada en 2007 por la sociedad Crownland, S.A. que a su vez la vendió en 2008 a la Fundación Marine Blue. Ambas forman parte del entramado creado por Van Rijswijk entre 2005 y 2014 para concentrar propiedades.

En 2011 la finca fue secuestrada por el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial junto a otras 28 sociedades y fundaciones en una acción promovida por Bogaards. Esto no fue impedimento para que la finca fuese utilizada en el 2018 como garantía hipotecaria —por un monto de $350 mil— en un contrato de préstamo para el desarrollo del proyecto ‘Ocean Oasis Adventure & Wellness Resort‘, que posteriormente fue conocido como Verawa World Holding. Este desarrollo, que contemplaba la construcción de 50 “ecovillas”, con 180 habitaciones, en el corregimiento de Calovébora, Veraguas, nunca se construyó.

No era la primera vez que Van Rijswijk hacía negocios con fincas secuestradas. En el 2012 seis fincas en Veraguas fueron vendidas a la sociedad Hurricane Assets Inc., a través de seis fundaciones: Calovébora, Punta Escribano, Tropical Village, Bahía Exótica, Río Caño y Veraguas Eco Development. Todas son de su propiedad. El agente residente de Hurricane Assets Inc. es el bufete Panama Legal Group, donde Janice Becerra, directora legal del proyecto Quantum Oasis, aparece como fundadora.

La venta se hizo a pesar que desde el 2003 la Fiscalía Primera Anticorrupción había secuestrado las fincas 35620, 35623, 35625, 35628, 35635 y 35619. Y así se mantuvieron hasta el 2019, cuando se decretó el levantamiento del secuestro, luego de que la investigación por delitos contra la fe y la administración pública fue archivada en el 2013.

También en el 2012 otra sociedad vinculada al holandés, Bahía Rincón S.A, vendió 61 hectáreas en las costas de Donoso, en Colón. Minera Panamá las compró por 3.5 millones de dólares, a pesar de que la sociedad era una de las que había sido secuestradas en el 2011. Esto fue antes de que la operación minera fuese adquirida por la canadiense First Quantum Minerals.

La utilización de una finca secuestrada como garantía podría haber violado la ley, según el abogado Mario Cruz, quien ha defendido los derechos de propiedad de campesinos en Veraguas. “Es un delito penal: omisión de los deberes del servidor público, quien debió frenar cualquier trámite de venta o de cesión de la propiedad como garantía”, dijo.

El turismo como gancho, la especulación detrás

Para atraer inversionistas Van Rijswijk siempre retoma la misma fórmula: promueve destinos en la costa caribeña como si fueran lo último en turismo de bienestar. Así captó el interés del español Alejandro Loring. Y de tantos otros.

En el 2018, Loring firmó un contrato para invertir en el proyecto que en ese entonces era conocido como Ocean Oasis, y que nunca se construyó. Entre los incentivos que Van Rijswijk le ofreció a Loring estaba un apartamento en las islas artificiales de Ocean Reef, un proyecto inmobiliario de “superlujo” en las aguas de la Bahía de Panamá.

En el 2023, Loring reincidió. Prestó 200 mil dólares a nombre de la sociedad Guazaro Eco Paraíso S.A., cuyo presidente es Van Rijswijk. A cambio recibió como garantía la finca 30403008, ubicada en Calovébora.

Aunque Van Rijswijk se jacta en entrevistas de que en su negocio el “riesgo es mínimo”, no fue así para un empresario panameño que “lleva más de cinco años en pleito legal” para recibir el terreno dado en garantía tras prestarle dinero. Por lo menos cuatro de sus socios lo demandaron.

El “juega vivo” con las tierras que una vez fueron del Estado sigue. Ahora Van Rijswijk lo intenta nuevamente en las costas de Veraguas. Ahí promociona a Quantum Oasis como un retiro para viajeros interesados en su crecimiento personal. Y también para, no faltaba más, tomar un trago frente al mar, comprar un recuerdo o meterse al spa. El proyecto, que según la dirección en Google tiene sus oficinas en un barrio que desemboca a la Avenida Balboa, en Ciudad de Panamá, tiene como fecha de lanzamiento enero del 2026. ¿Otro cronograma que quedará sin cumplir?

Visualización: Data Crítica

Con información de Daniel Molina Alarco y Sol Lauría

*Esta investigación fue realizada con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR).