Victoriano Rodríguez Santos
El modelo utilizado en Panamá, para administrar la Cosa Pública, es tan deprimente, que cada día amanecemos con la esperanza de un cambio estructural, que permita a los panameños trabajo justo y remuneración adecuada, así como una vida digna y honrosa.
Vivimos en un país secuestrado por la corrupción, el narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento injustificado, politiquería y hasta empresas concesionarias de servicios básicos que cobran cada vez más brindando un servicio deteriorado, deprimente e ineficiente. Finalmente condenan a muerte lenta al hijo de Juana.
El actual modelo económico utilizado y prácticamente destruido, aunado a la falta de transparencia, rendición de cuentas y corrupción rampante, sin certeza de castigo, nos ha llevado a «un Estado Fallido».
Ningún Estado soberano puede ni debe permitir ser manejado interna ni externamente en su política y economía.
Incluso, nos imponen culturas extravagantes atentando contra la moral y buenas costumbres, con sus banderitas de colores -de sistemático adoctrinamiento- principalmente a los niños, permitido –solapadamente- por quienes administran el Estado.
Los gobernantes han fallado. Dicen garantizar el acceso a servicios básicos a la población, pero cada vez es peor y procuran satisfacer a consorcios o gobiernos extranjeros concesionándoles contratos que atentan contra la majestad de la Patria, violando su soberanía, seguridad alimentaria, así como el espacio marítimo y aéreo, permitiéndoles inclusive liberalidad en el pago de impuestos por las importaciones que puedan realizar.
Los niveles de corrupción son tan altos, que hasta en la exposición que hacen, algunos ministros o directores de instituciones, se refleja el desprecio a la población más vulnerable. El derecho a la salud y la alimentación.
Se burlan del hambre y necesidades de muchos pobladores, mientras un presidente ausente de nacionalismo y humanidad pretende justificarlo. Cualquier otro lo hubiera destituido, mientras aún exponía.
La indiferencia o ineficacia Judicial corroe, desde las más altas magistraturas hasta jueces y fiscales, que pudieran sucumbir ante politiquería o uso de medios económicos, razón por la cual quizás muchos casos se caen, sin que se les aplique sanción alguna, contraviniendo la certeza de castigo; sin embargo cuando del Hijo de Juana se trata, se le aplica el rigor de la ley, aún a sabiendas que pudieran no tener evidencias suficientes.
El sistema permite a los fiscales ofrecer ACUEDOS DE PENA que no son cónsonos con la realidad. Muchas veces amedrantan a la persona a tomarlo, para ser una estadística mas a favor de la Fiscalía, pero violentando el derecho a una defensa digna y poder probar su inocencia.
Ante tantas falencias de los gobernantes, de quienes imparten justicia, así como de quienes aspiran a la presidencia, asamblea de diputados, alcaldías y representantes de Corregimiento, es obligatorio hacer un balance claro, objetivo y preciso. No votar por los mismos.
Puntualmente, no votar por quienes aspiran a reelección, aún cuando hay algunos que la merecen. Es obligatorio considerar antes de votar, cuál ha sido el nivel de participación en los cargos públicos ostentados y cuál fue su ejecutoria. Quien robó, ¡robó! y no debería ser considerado para ningún cargo de elección popular, independientemente la pena impuesta. Simón Bolívar lo expuso muy claro, en la actualidad –por lo menos- la muerte política.
Muy importante, evaluemos el nivel económico -visto con ojos de buen cubero- ya que entran al gobierno limpios -manejando taxi (sin menospreciar a los conductores), o con un vehículo destartalado- y cinco años después, salen con mansiones y autos de las mejores marcas. Esos -en estas elecciones- no deben tener el aval de la población.
Las candidaturas de libre postulación -sin ataduras partidistas- deben ser valuadas y consideradas. No más continuismo. Si nos equivocamos que sea por ignorancia o desconocimiento –con gente nueva-, no por mantener corruptos en el poder. Dios te salve, Panamá.
Ciudadano humanista y patriota.
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