El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
La Calificadora Fitch, encabeza la nueva campaña para mantener el proyecto minero en Panamá, al costo que sea. Concretamente esto tiene que ver con la última nota de la calificador Fitch y la posición de Conep, que también ha formado desde hace rato, parte del equipo de campaña y del coro de los agoreros.
Juan Jované
En los últimos días nuestra Nación ha venido sufriendo el asedio tanto de las fuerzas externa que representan al capital transnacional, como de la propia oligarquía local, que siempre ha jugado el papel de quinta columna. El tema principal, aunque no exclusivo, de estas presiones se debe al intento de revivir el proyecto extractivista – minero, que la población masivamente repudió en las movilizaciones de octubre y noviembre del año pasado.
Desde el primer momento se debe precisar que las acciones externas y locales por mantener y expandir la producción minera a cielo abierto, representan un claro ataque contra la voluntad nacional, expresada por la inmensa mayoría de la población. Datos de una encuesta, dados a conocer por el diario La Prensa el 8 de febrero de 2024, muestra que el 90% de los encuestados se manifestó contrario a las explotaciones mineras, mientras que el 81% se mostró favorable a que el gobierno cierre la mina de Cobre Panamá, S. A. Estamos, entonces frente a una contradicción en la que de un lado está el capital transnacional y los sectores económicamente dominantes locales, mientras que del otro se encuentra prácticamente toda la población.
Del bloque pro extractivismo minero, la voz cantante desde el exterior la han venido llevando las llamadas empresas calificadoras de riesgos, defensoras, a como dé lugar, de los intereses del capital financiero globalizado, tal como se demostró en su triste papel en la generación de la Gran Recesión de 2008. No es casualidad que la empresa J. P. Morgan, el mismo día en que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato minero, publicara un documento titulado “The plot thickens” (“La trama se complica”), en la que arremetía contra esa decisión, argumentando que esto llevaría a que Panamá perdiese el grado de inversión por no lograr un acuerdo con First Quantum.
La nueva oleada de ataque contra la Nación por parte de las calificadoras se concreta en una nota de Fitch, fechada el 16 de febrero de 2024, divulgada bajo el título de “Mine Closure Adds to Existing Credit Pressures in Panamá” (“El Cierre de Mina se Suma a las Presiones Crediticias Existentes en Panamá”). En la misma dirección que J. P. Morgan, Fitch alega que: “el cierre de la mina de cobre Minera Panamá ha reforzado la presión a la baja sobre la calificación soberana ‘BBB-‘al sumarse a los desafíos fiscales existentes, afectar las perspectivas de crecimiento a corto plazo y resaltar las debilidades de la gobernanza” (énfasis nuestro). Llama poderosamente la atención que Fitch señale que el cierre de la mina refleja las debilidades de la gobernanza en el país. Esto no puede entenderse de otra manera que no sea un reproche al actual gobierno, por lo que entiende fue su incapacidad de imponer el contrato minero, aún en las condiciones de una abrumadora oposición de la población panameña. En su visión intervencionista sobre nuestra soberanía, Fitch llega a afirmar que el hecho de que se le haya asignado a la educación un presupuesto equivalente al 7.0% del PIB para el 2024, constituye un grave error que empeora la situación fiscal. Obviamente no hace mención a la enorme evasión de impuestos del sector empresarial, que representa el 11.0% del PIB. Así mismo, se percibe en la argumentación de Fitch una urgencia por la reforma estructural tipo neoliberal en el caso del régimen de pensiones. En el caso de las fuerzas oligárquicas internas, pese a que intentan enmascarar su posición, siguen en la línea de rescatar y desarrollar el modelo extractivista – minero. La redacción del siguiente párrafo de la Visión 2050 del Conep así lo evidencia: “la oferta exportable actual se sostiene por el alto peso de las exportaciones de cobre que representan el 76.6% del total de exportaciones en el 2022 y las cuales tienen alta posibilidad de suspenderse por la declaración de inconstitucionalidad del contrato del Estado panameño y Minera Panamá S. A.” (énfasis nuestro). De este párrafo, además de ser capcioso, ya que solo se toma en cuenta la exportación de bienes, dejando de lado las exportaciones de servicios que realmente son las mayoritarias en nuestro país, muestra el afán del Conep de mantener en funcionamiento la mina de cobre, tal como lo planteó con claridad en su posición en el momento de las movilizaciones de octubre y noviembre del año pasado. En efecto, decir que simplemente existe una posibilidad de cierre de la mina, también significa que existe una posibilidad de que siga operando. No queda duda que la parsimonia, secretismo y falta de acciones contundentes por parte del actual gobierno son un signo de complicidad con la minera y de traición a la voluntad Nacional.
Es fundamental salirle al paso a los intentos de revivir el estilo de desarrollo extractivista minero, el cual ya está siendo avalado por varios de los candidatos de la partidocracia y de la falsa independencia. Para esto debemos mantener la batalla de ideas, volver a la movilización y trabajar en la confección de un programa nacional, democrático, con justicia social y respeto pleno a la naturaleza.
Panamá 19 de febrero de 2024
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