El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Guillermo Castro Herrera
Se ha dicho antes, y mucho, que sin Canal no hay país. Hoy resulta empieza a ser evidente que sin país no habrá Canal. Tal es la lección mayor que nos ofrece lo ocurrido en la designación de un candidato propuesto por sectores populares a la Junta Directiva del Canal de los panameños – todos.
Guillermo Castro H.
Desde Alto Boquete, Panamá
“El problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu. […] La colonia continuó viviendo en la república; y nuestra América se está salvando de sus grandes yerros – de la soberbia de las ciudades capitales, del triunfo ciego de los campesinos desdeñados, de la importación excesiva de las ideas y fórmulas ajenas, del desdén inicuo e impolítica de la raza aborigen – por la virtud superior, abonada con sangre necesaria, de la república que lucha contra la colonia.”
José Martí, 1891
En Panamá, la lucha de la república contra la colonia ha obtenido una nueva victoria. Por primera vez desde que el Canal pasara a ser una entidad del Estado nacional en 1999, la Presidencia de la República ha designado a un intelectual vinculado a los sectores populares para ocupar un lugar en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Se trata del académico Luis Navas Pájaro, director del Instituto del Canal y Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, con méritos indudables para ejercer el cargo una vez que la Asamblea Nacional lo ratifique.
Sin embargo, tras la designación del profesor Navas hay un hecho mucho más trascendente. En efecto, al llegar el momento de renovar tres posiciones en esa Junta Directiva, un conjunto de movimientos y sectores populares – aquello que en nuestra América llamamos la izquierda -, decidió poner a un lado sus desencuentros para postular a un grupo de candidatos de formación, experiencia y trayectoria intachables, que además de Navas incluía a los economistas Juan Jované y Maribel Gordón, la politóloga Amelia Márquez y el dirigente sindical Elberto Cobos.
A esa Junta Directiva corresponde “fijar las políticas para el mejoramiento y modernización del Canal, así como supervisar su administración de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá y los reglamentos que se dicten en desarrollo de la ley.” La importancia de estas funciones es de por sí evidente, en un país en el que el Canal es el activo más importante de la Nación, y su principal medio de inserción en la economía mundial.
De su Junta Directiva activo depende, en buena medida la atención a dos grandes problemas nacionales. Uno consiste en el papel del Canal en la lucha por un desarrollo integral del país, que en la actualidad padece las contradicciones e inequidades de una economía de enclave en la cual “la exportación de servicios representa el 88% del total y los sectores de servicios generan más de dos terceras partes del PIB.” El otro, en la inserción de Panamá en el proceso de globalización en términos que beneficien al país en su conjunto.
Esos problemas de orden general operan a través de retos específicos. Así, Rodrigo Noriega, analista del diario La Prensa, plantea que la Junta Directiva de la ACP no opera en un vacío histórico, o bajo la dictadura de las tablas de Excel. Las personas que conforman el máximo organismo de gobierno de la Autoridad del Canal de Panamá nos representan a todas y a todos. De allí que es esencial que se entienda la situación actual de Canal de Panamá, el entorno y las perspectivas a futuro.
Para Noriega, esa situación se sintetiza en cuatro desafíos principales. Uno es de carácter logístico, planteado por una economía mundial cada vez más organizada en cadenas de valor de alta complejidad. Otro radica en la formación de nuevas regiones económicas – sobre todo en torno a la cuenca del Pacífico -, cuyos intercambios no requerirían como hasta ahora de los servicios del Canal de Panamá. El tercero se refiere a los problemas ambientales y el cambio climático, de especial relevancia para un canal que opera mediante esclusas alimentadas por ríos, y el tercero, a la “identidad institucional” y las relaciones laborales dentro de la Autoridad del Canal.
Es poco probable que este tipo de problemas haya llegado hasta ahora a una Junta Directiva integrada desde su creación por empresarios vinculados al sector de servicios de la economía. En ese sentido, cabría agregar otro desafío a los planteados por Noriega.
En efecto, la transferencia del Canal del Estado norteamericano al panameño resolvió sin duda un importante problema político. Sin embargo, esa solución tuvo lugar al interior de una formación económico-social transitista, establecida en Panamá tras la conquista europea, y que perdura hasta el presente.
En lo esencial, esa formación está definida por cuatro grandes rasgos: la concentración del tránsito interoceánico por una sola ruta; el control estatal de esa ruta de tránsito; la concentración de los beneficios generados por los servicios al tránsito en los sectores sociales que controlan al Estado, y la subordinación del resto del país a los intereses y necesidades del tránsito interoceánico. Esto, además, en el marco de una visión dominante del tránsito así organizado como el producto de una “vocación natural” sintetizada en el lema del escudo nacional: Pro Mundi Beneficio.
En esta perspectiva, la designación de un candidato a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá como resultado de una iniciativa unitaria de sectores populares respaldada por la Universidad de Panamá tiene una singular importancia histórica. Cabe recordar, en efecto, que durante todo el siglo XX –y en particular de la década de 1950 en adelante- el proceso de construcción de la República de Panamá y su economía operó en dos dimensiones estrechamente relacionadas entre sí.
Una fue la disputa entre Panamá y los Estados Unidos por el ejercicio de la soberanía en el Istmo; la otra, la disputa por el control de la renta generada por la operación del Canal y otras actividades económicas asociadas al tránsito interoceánico.[6] En la práctica, la solución del conflicto por la soberanía a partir del Tratado Torrijos-Carter de 1977-1999, trasladó la disputa por la renta transitista al interior del país.
Esto dio lugar a un conflicto sordo, pero constante, entre los sectores dominantes en el país en torno al papel del Estado nacional como agente a cargo de la administración de dicha renta. Esto ayuda a entender, por ejemplo, que cada momento de avance en del proceso negociador entre Panamá y los Estados Unidos a lo largo del siglo XX estuviera asociado, de una u otra manera, al uso de la violencia como recurso político.
Así, los Tratados de 1936, 1955 y 1977 fueron firmados, por la parte panameña, por políticos involucrados en golpes de Estado ocurridos en 1931, 1951 y 1968. Todos ellos fueron precedidos por momentos de gran inestabilidad política, asociada al deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares, el descontento político de las capas medias y conflictos de interés entre sectores empresariales. Todos, también, fueron seguidos, tras la firma de nuevos tratados, por la restauración del orden liberal democrático y por periodos de crecimiento económico renovado.
Aun así, la transición del gobierno de Panamá hacia el pleno ejercicio de los deberes de la soberanía se vio alterada entre 1984 y 1989 por el conflicto por el control de la renta canalera entre grupos de poder vinculados a un régimen cada vez más militarizado y amplios sectores sociales liderados por organizaciones empresariales de clara orientación neoliberal en lo económico. Dicho conflicto, como se sabe, fue resuelto por el cambio de régimen impuesto por la intervención de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en diciembre de 1989, la restauración del régimen democrático liberal existente antes de 1968, y la adhesión de Panamá al Consenso de Washington, que a su vez allanó la instauración en plenitud del neoliberalismo en la economía y la sociedad panameñas.
El país ha cambiado mucho – y más rápidamente de lo que se imagina – de entonces acá. Los sectores que promovieron las candidaturas de las que surgió la designación del profesor Navas había vivido en conflicto constante desde la década de 1970. Otros indicios sugieren que ese ejemplo de unidad tiende a expandirse. Y eso es bueno, porque desafíos como los que nos presenta Noriega solo pueden ser encarados por la sociedad en su conjunto.
Se ha dicho antes, y mucho, que sin Canal no hay país. Hoy resulta empieza a ser evidente que sin país no habrá Canal. Tal es la lección mayor que nos ofrece lo ocurrido en la designación de un candidato propuesto por sectores populares a la Junta Directiva del Canal de los panameños – todos.
Alto Boquete, Panamá, 21 de febrero de 2022
“Nuestra América”. El Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. VI:19.
Chapman, Guillermo (2021,6): Hacia una nueva visión económica y social de Panamá.
Una propuesta para la reflexión. https://www.indesa.com.pa/wp-content/uploads/2021/04/HACIA-UNA-NUEVA-VISION-ECONOMICA-Y-SOCIAL-EN-PANAMA-GUILLERMO-CHAPMAN-JR..pdf
https://www.prensa.com/impresa/panorama/la-cuestion-de-la-junta-directiva-de-la-autoridad-del-canal/
Esto, en el sentido en que Carlos Marx (1857:14) señala que “En todas las formas de sociedad existe una determinada producción que asigna a todas las otras su correspondiente rango [e] influencia […]. Es como un éter particular que determina el peso específico de todas las formas de existencia que allí́ toman relieve.” (c: gc)
En lo esencial, el concepto de renta canalera expresa el conjunto de los ingresos generados directamente por la operación del Canal de Panamá
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