El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
La comparecencia de altos funcionarios del MICI y Mi Ambiente a la Asamblea Nacional en la noche de ayer, parecían más abogados de la empresa minera que defensores de nuestro interés nacional.Insistían los funcionarios en defender las negociaciones con la empresa Minera, como algo bueno, olvidando el aspecto fundamental que desde diciembre de 2017, habiendo quedado en firme y ejecutoriado la Sentencia de inconstitucionalidad de la Ley que sirvió de cobertura al contrato Ley, éste dejó de tener soporte jurídico y desapareció por tanto de la vida jurídica, es decir no existe y desde entonces la empresa minera cayó en un desacato o estado de rebeldía contra nuestras instituciones y el Estado de Derecho que hacen de todos sus actos una existencia penosamente írrita.
El haber persistido, por encima de toda legalidad, en continuar con la operación de extracción y comercialización del Oro, el Cobre y otros minerales de alto valor comercial, lo único que convalida es la acción típica antijurídica y culpable, es decir delito y la generación de un grave daño patrimonial y ambiental a la república de Panamá, porque todo lo actuado desde entonces, es absolutamente ilegal y ciertamente delincuencial.
El gobierno como cohonestador de la ilegalidad.
Sentarse como Estado panameño, con alguien que cometió un grave daño a la república y que además lo continúa haciendo sin mayor reparo a pesar de la prohibición oficial de detener tales actos, sin que ello los sonroje ni les impida el soberbio desafío del desacato de nuestra legalidad, convierte al gobierno absurdamente en cohonestador de semejante crimen legal, lo cual no tiene ningún fundamento legal, sino que, el Estado entra en una fase de Autofagia y quienes gobierna faltan deliberadamente en la preservación del interés supremo de todos los panameños.
El gobierno debe corregir su rumbo
El gobierno está obligado por, la impronta de la realidad histórica a corregir su rumbo de sepulturero de nuestra dignidad, de entreguista y genuflexo, y en esa redirección necesaria, a convocar al pueblo y darnos a respetar, llamar a una licitación internacional transparente a todas las empresas que deseen tener un trato justo de socios con Panamá y a proceder a impetrar las demandas necesarias contra Minera Panamá y FQM para que indemnicen a Panamá por todos los daños que le han ocasionado y que ascienden a más de 12 mil millones de dólares.
Una Ley no puede suspender la Constitución Política, ni su control.
Todos los “recursos” que ha interpuesto la minera ante la Corte Suprema han sido declarados inviables, es más ni siquiera han adquirido el grado de recursos, sino escritos, y declarados todos improcedentes, por la sencilla razón jurídica, de que ellos no fueron parte de la demanda de inconstitucionalidad que, se resolvió en diciembre de 2017, y es sabido que nuestro Código Judicial solo permite que las partes dentro de un proceso tengan acceso a intervenir en el mismo con derechos procesales plenos y en este caso a la empresa minera no podía proceder como lo hizo, como pedir aclaración de sentencia, porque ellos no eran, ni nunca fueron parte del proceso, lo cual significa que, lo que han introducido, han sido deliberadamente, gazapos jurídicos para intentar sorprender a nuestras instituciones judiciales y exceder el tiempo de su accionar absolutamente ilegal, configurando con la anuencia de ciertos funcionarios un gigantesco daño a la república y a quienes vivimos como sus ciudadanos y personas en esta hermosa tierra, que por tener tanta riqueza en el subsuelo, lo que está destinado a ser una bendición, ha sido lo que ha motivado a tantos piratas para arrebatarnos nuestro patrimonio que debe servir para sacarnos de la angustiosa circunstancia de desigualdad y pobreza que nos confronta.
Escuché anoche, a un ministro citado a la Asamblea Nacional decir “Tarde o temprano, el gobierno va a firmar el contrato con Minera Panamá”. Tal afirmación es una confesión perversa, porque parece que no importan que nos roben, que nos maltraten, que nos abusen, que no haya fundamento o amparo jurídico alguno, a todos los actos groseros y aberrantes que de hecho ha cometido y continúa cometiendo la empresa Minera Panamá.
Me tocó escuchar a Diputados que preguntaron asuntos pertinentes que, dejaron en evidencia que nuestras autoridades no tienen, no solo presencia actual en el lugar, sino que, no disponen de información cierta de todo lo que se están robando día tras día, lo cual configura una inmensa negligencia inexcusable de nuestro gobierno.
Salen a relucir traidores de la patria
Escuché también a un diputado que a pesar de que fue hasta ministro de estado pasado, a cuento de “preocupado” por el destino d ellos trabajadores, se arrastró con argumentos que aprecia ejecutivo de la empresa, tal vez buscando con su defendida la clorofila que requiere para optar por su reelección como vecino. Se le olvidó a este legislador que los trabajadores panameños directos solo son un poco de más de tres mil y que extranjeros, violando todas las normas del Código de Trabajo, son casi la misma cantidad y que los extranjeros especialmente, los ejecutivos, que son casi todos extranjeros, mantienen salarios de Canadá y Europa y los nuestros son solo mínimos y sometidos a los trabajos más extenuantes y los menormente remunerados.
El Descomunal daño ambiental
El daño ambiental que produce la planta de generación de energía eléctrica por carbón genera tal carga de contaminación que se requieren millones de árboles maduros para poder absorber la generación violenta de CO2.
La Carretera, que hizo Omar Torrijos en desde 1974 hasta Coclesito, ahora nos lugareños de Donoso y el Distrito Omar Torrijos no lo pueden usar porque los delincuentes de la empresa minera les impiden a nuestros compatriotas trasladarse libremente por las carreteras que ellos nos rehabilitaron y se la consideran de su propiedad y exclusivo uso.
La respuesta necesaria
En Panamá palpitan aún corazones de patriotas que, estamos dispuestos a enfrentar a quienes, con la colaboración abierta de traidores, motivados por las treinta monedas que reciben y dispuestos como siempre lo han estado a no responder a nuestra patria, sino al infame sonido de sus cajas registradoras, ayudan a consumar el acto del homicidio de la libertad y la dignidad nacional a la cual nunca renunciaremos.
¡Así de sencilla es la cosa!
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