El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Texto y Fotos PL: Osvaldo Rodríguez
Panamá, 1 oct (Prensa Latina) Una ley contra el lavado de dinero en la marina mercante podría devastar en Panamá el multimillonario negocio del abanderamiento de buques, advirtió hoy aquí la Asociación Panameña de Abogados Marítimos (Apademar).
Belisario Porras, expresidente de Apademar, dijo al semanario Capital Financiero que presiones de organismos internacionales obligan al país a emitir nuevas normas de información por los armadores de buques no requeridas en otras jurisdicciones, como es la presentación de todos los recibos o facturas de gastos e ingresos.
Según el abogado, esto responde a coerción del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), como requisito para salir de las listas negras de esas instituciones.
El proyecto de ley 624, actualmente en proceso de análisis en la Asamblea Nacional, obliga a que cada sociedad naviera presente estados financieros y contabilidad suplida por documentación de soporte, lo que el experto considera una tramitología innecesaria y engorrosa.
Porras refirió que los ingresos de ese sector están entre 125 y 150 millones de dólares anuales, además de generar puestos de trabajo en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y los consulados panameños en el exterior, y todo ello se impactaría negativamente de aprobarse la legislación.
Jazmina Rovi, de la Junta Directiva de Apademar, amplió la explicación al revelar que una mayoría de las embajadas y consulados son financiados con los ingresos de la AMP a través del registro de naves, y de aplicarse el código, consideró que ocurrirá una baja sensible en los clientes.
Ejemplifica la nueva norma propuesta con un crucero, el cual tendría que justificar ‘desde cada soda que compra un pasajero en el barco, hasta cada documento que tiene que ver con el financiamiento y las operaciones portuarias’, o sea, una carga documental extra al usuario, mientras realiza una operación altamente compleja.
Por su parte Ramón Franco, presidente de Apademar, dijo al medio que es peor aún, porque ante el incumplimiento de la norma, el código prevé multas y sanciones prácticamente de nivel confiscatorio, ya que pueden elevarse hasta los cinco millones de dólares.
Aseguró que este tipo de exigencias no existen en ninguna legislación del mundo, lo que en materia competitiva pondría a Panamá en desventaja con sus más cercanos seguidores en la industria del abanderamiento de naves, como Liberia e Islas Marshall, y perderían mercado.
Panamá tiene bajo su bandera el 16 por ciento de la flota mundial, al reportar actualmente ocho mil 617 naves con 235,9 millones de toneladas de registro bruto, entre las cuales tiene a los 24 mayores portacontenedores del orbe, según la AMP.
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