Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Hasta nuestra mesa de redacción, nos ha llegado la noticia de que al empresario de la localidad, Gustavo Vásquez, dueño de la empresa Financiera única y Mueblería Unión, con sede en Calidonia, ha sido objeto esta mañana de un burdo allanamiento promovido por el Magistrado de la Corte Suprema, Olmedo Arrocha Osorio, como parte de una acción de persecución y denegación de Justicia con quien desde hace más de 14 años se le estableció un proceso judicial que terminó hace 5 años y la jueza de circuito civil, Ana Isabel Terán, es el día de hoy que no ha levantado deliberadamente la fianza, causando un grave daño económico a la empresa, por el monto millonario de que se trata. Esta fianza ronda los diez millones de dólares que el demandado, Gustavo tuvo que poner en el inicio del proceso, según se dice, por instrucciones del magistrado Arrocha, superior de la Juez, quien al ser interina, y gracias al temor reverencial, ha congelado el negocio por mas de dos mil días, causando un daño irrecuperable a la empresa y los acreedores del capital de lo que se depositó.El proceso terminó hace más de cinco años, y una de las garantías procesales civiles es que, al término del proceso se devuelvan la sumas que se aportaron como fianzas, pero este es un caso en que la justicia esta secuestrada y uno de los magistrados, en este caso Olmedo Arrocha, obstruye abiertamente un proceso causando una denegación de justicia a quien la clama y que hoy, lejos de recibir la justicia que clama, se ensaña el poder judicial contra él y le allanan sus negocio para intimidarlo y perseguirlo por clamar justicia.
Nuestra justicia esta ampliamente cuestionada y no goza de confianza por nuestra sociedad, y no lo goza por actos arbitrarios como los de hoy contra un empresario que trabaja y produce empleos y aporta con sus impuestos a la riqueza nacional.
Los niveles de violencia se han incrementado en el país, y eso esta directamente vinculado al hecho de la falta de justicia, al no cumplimiento por parte del Estado de la función Judicial, ya que al no resolverse los casos sometidos a la judicialización, en el marco del derecho, los pleitos no se resuelven y ello deviene en violencia, o lo que es lo mismo, ausencia de paz.
Esperamos contar con mayor información en las próximas horas para poder transmitirla a nuestra sociedad que sigue de cerca este sonado caso, donde también la corrupción genera violencia.
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