PIEDRAS QUE ESTAN SONANDO

Lic. Víctor Collado S.

Desde los reproche causados por el proyecto 163, convertido ahora en la Ley 462, suenan todo tipo de especulaciones sobre secuelas que se proyectan a corto, mediano y de largo.
Una de ellas dice relación con las intenciones imperialistas de Trump sobre recuperar el control sobre el Canal para detener la presunta avanzada presencial de China en la administración y uso de la vía acuática.
No advierto ganancia en el esfuerzo por demostrar el embuste en el argumento de los sectores conservadores y belicistas que integran el círculo cero trumpista. Ese grupo sin ser típicamente ignorante; saben lo que pretenden y con esa obsesión (bien comercializada) es poco lo que les estaría importando el tamaño de sus infundios.
Frente a esa campaña no se debe prestar oídos sordos pero tampoco taparnos los ojos porque aquellos tienen alianza con los del patio.
Cualquiera sea el tamaño o el tipo de piedra en curso, nada es descartable a buenas y primera. Podrían darse acciones directas, rudas, como otras más sutiles, con menos riegos y de escasa visibilidad.
La creencia que una creciente inestabilidad general, que empezó desde que el gobierno se empeño en desmantelar la CSS para beneficiar al sector privado y que seguirá con los planes vinculados con la mina y el reservorio del río Indio, podría servir de pretexto a los EU para recurrir a los resortes del Tratado de Neutralidad, no parece lógica por su alto costo político y por el derrame de recursos a invertir en un período de tiempo indeterminado.
Esta salida es, en su esencia, demencial pero para nada improbable aunque ciertamente útil para el imperio en su gestión para obtener y recobrar concesiones y garantías en el marco misterioso del bilateralismo escogido por el sr. Mulino, en cuyo circuito se siente conforme y a sus anchas.

Una segunda especulación que corre con ruido en el río de los acontecimientos, se vincula con la situación penal de RM.
Si asumimos que el asilado es el del capital político (y que JRM administra), no es del todo extravagante asumir que el gobierno podría recurrir a concederle libertad, directamente o a través de los Jueces, si ello le permite afrontar los efectos de la Ley 462 y recomponer o consolidar el piso político que necesitaría para abordar sus planes de reapertura de la mina y lo de la cuenca de río Indio, con la premura que se ha impuesto.
La salida podría no ser difícil, jurídicamente hablando, porque el mecanismo legal posible queda a discreción del Ejecutivo para cuya viabilidad bastaría tramitar la respectiva bendición de 5 de los 9 magistrados de la Corte Suprema, de ser necesaria esa gracia judicial.
En otro terreno, el sr. Mulino tendría poco para arriesgar porque, ateniéndonos a su confesión, no tiene ni aspira a un futuro político.
Faltaría contabilizar si las personas o grupos que lo apoyan estarían o no dispuestos para acompañarlo hasta el cadalso del degollamiento político.