El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Desde 2007 la Dirección de Investigación Judicial está bajo el paraguas de la Policía Nacional, algo que muchos califican como un retroceso. Antes de eso, la Policía Técnica Judicial tenía más autonomía y estaba adscrita al Ministerio Público. Los muchos casos y sus pocos resultados hablan por sí solos.
La denuncia de Porcell fue apaciguada por el Ejecutivo con declaraciones tibias que argüían el respeto por la independencia de los poderes y la institucionalidad. Acto seguido, el director de la DIJ anunció que no los había trasladado sino que los había enviado de vacaciones. Sin embargo, meses después llegó la filtración de chats con el expresidente Varela que logró lo que no lograron los traslados de la DIJ: Porcell renunció a su cargo dejándole al presidente Cortizo la vía libre para nombrar otro procurador.
El reemplazo de Porcell, Eduardo Ulloa, fue más allá. Trasladó a casi todos los fiscales anticorrupción que investigaban los casos de alto perfil. La movida devino –entre otras cosas– en que apenas ahora se estén dando las audiencias preliminares de algunos de esos casos, muchos de ellos por delitos supuestamente cometidos hace más de una década.
Volviendo a la controversia de la DIJ, en palabras de la exprocuradora, el personal de esa entidad es el “policía investigativo del fiscal”. Es decir, a pesar de que son policías con funciones investigativas y están bajo el paraguas de la Policía Nacional –que está bajo el mando del Ministerio de Seguridad– deben ejecutar las órdenes de los fiscales del Ministerio Público. En palabras más sencillas, es una suerte de préstamo de personal que hace la Policía al Ministerio Público.
Pero esto no siempre fue así. Antes de 2007 existía la Policía Técnica Judicial, que tenía autonomía y estaba adscrita al Ministerio Público. Su personal, muchos de ellos policías, tenían entrenamiento especial en investigación forense, peritaje y criminalística. El entrenamiento policial no hacía más que añadirle una capacidad adicional a algunas unidades en su abordaje investigativo. Pero a partir de ese año y bajo el mandato del expresidente Martín Torrijos, se creó la DIJ y se pasó –nuevamente– al brazo de la Policía Nacional.
Haciendo mayor retrospectiva, Torrijos revirtió lo que un anterior presidente, también perredista, juró recomponer. En su discurso de toma de posesión en 1994, Ernesto Pérez Balladares dijo lo siguiente:
“Por la gravedad de su significado y debido a los escándalos en que está envuelta, hago pública mi determinación de introducir cambios profundos y radicales en la legislación que regula a la Policía Técnica Judicial. Ese organismo solo dejará de ser un cuerpo corrupto e ineficaz en la medida en que se convierta en lo que nunca debió dejar de ser: un instrumento por entero al servicio del Ministerio Público, dedicado a la investigación de los delitos y a establecer la responsabilidad de los criminales, sin inmiscuirse en otros menesteres. Tampoco parece tener sentido alguno conservar la dualidad en que opera la jefatura de ese organismo. La práctica se ha encargado de demostrar que lo más saludable es que la dirección de la Policía Técnica Judicial quede por completo subordinada al Procurador General de la Nación sin ningún tipo de ambigüedades”.
Ernesto Pérez Balladares, discurso de toma de posesión, septiembre 1994.
Y así fue. Aunque no se cumplió a cabalidad la promesa de despojarla de escándalos, el gobierno de Pérez Balladares creó así la Policía Técnica Judicial como ente independiente de la Policía y adscrita al Ministerio Público. Esto se revirtió con Torrijos una década después, en 2007, quedando la DIJ como opera hasta ahora, como una dependencia de la Policía Nacional.
Jaime Abad, ex director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), reconoció en entrevista previa que fue partidario de incorporar la PTJ a la Policía, pero pasados los años, dice que nunca pensó que “la iban a someter como lo han hecho…lo que hicieron fue uniformarlos y ponerle rangos”. También advirtió que “la presidencia tiene mucho poder” a diferencia de lo que pasaba cuando él dirigió la institución.
Otro cambio trascendental que se dio en 2007 fue el traslado de las funciones de peritaje y criminalística a otra entidad, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), que ya existía desde 1973, pero en entonces se hacía llamar Medicatura Forense y estaba adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia.
Posteriormente, desde 1984 quedó bajo el paraguas del Ministerio Público, pero durante el lapso en que operó la PTJ bajo el MP -entre 1994 y 2007- el IMELCF solamente ofrecía servicios periciales de medicina forense y algunos laboratorios como explican en su página web.
Es desde 2007 que retoman el “brindar asesoría científica y técnica a la administración de justicia en lo concerniente a la investigación y a la descripción científica y médico-científica de los hallazgos y las evidencias médico-legales”.
Según Abad, ninguna policía investigativa del mundo se puede consentir sin el brazo científico de la investigación: la criminalística, que es la que estudia la escena del delito. Hoy, dice Abad, se le debería devolver esa función de investigación científica que le quitaron a la Policía, la cual, además, debería estar compuesta por investigadores. Deberíamos tener, según el jurista, una policía investigativa aparte, que tenga su propio organigrama, presupuesto, autonomía. “Y debería estar más cercana del Órgano Judicial, porque lamentablemente la han militarizado”.
En esa misma línea, Julio Alonso, quien trabajó casi 19 años en la PTJ como investigador y hoy es el encargado de docencia en la Asociación de Profesionales de la Investigación Criminal y Ciencias Forenses, también está convencido de que la DIJ debería retornar al MP y retomar la prerrogativa criminalística y forense. Alonso estuvo encargado de homicidios en Chorrera y fue Jefe de Narcóticos, pero en 2009 renunció cuando ya era DIJ porque no comulgó con “muchas cosas que pasaban ahí”.
Entre esas cosas, explicó que en la transición de PTJ a DIJ se perdió la iniciativa investigativa de los inspectores –ahora solo pueden buscar estrictamente lo que les pide un delegado del MP–, se dejó de valorar la investigación para dar paso al rango (policial), y se perdió la conexión entre un cuerpo multidisciplinario que establezca una hipótesis del caso que luego se pueda fortalecer y que lleve eventualmente a una condena.
Por otro lado, Alonso advierte que la esencia del trabajo policial es distinta a la de la investigación. “Nosotros éramos un brazo auxiliar del Ministerio Público; cuando deteníamos a una persona y llegábamos a juicio, ya teníamos bastantes elementos. Ahora la presión mediática obliga a la policía a tener una red de pesca bastante grande, entonces la policía comienza a detener a varias personas con el fin de que alguna confiese o ‘sapee’ y eso no es lo conveniente. Deben investigar para detener, no detener para investigar”, reflexionó.
Esto –explica Alonso– pasa porque como a la Policía la lidera el poder Ejecutivo, “ellos tienen que dar la imagen de que están haciendo su trabajo”. Y como prueba de que «la Policía no valora la investigación criminal como una profesión», Alonso recuerda que desde la transformación de la PTJ, no se ha graduado a ningún investigador especializado.
Incluso, Alonso aclara que la subordinación total a los fiscales es otro error, porque –sin demeritar su trabajo, aclaró– los fiscales estudian leyes, no criminalística. Ellos dirigen la investigación mas no la realizan en campo. La extinta PTJ llegaba hasta el juicio para sustentar las pruebas, algo que a juicio de Alonso, aseguraba un poco más de justicia que la que da actualmente en el sistema.
Todo esto, sumando a los acuerdos de pena, que también son criticados por varios sectores, la desconfianza que hay entre el MP y la Policía, la mediatización de las investigaciones y el principio de obediencia debida que impera en la fuerza pública, distorsionan el objetivo de las investigaciones, que no debería ser otro que la justicia independiente, oportuna y sin sesgos.
