El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
El privilegio, al que nos referimos es, la condición de ventaja atribuida a una persona, grupo de personas, por una determinada circunstancia, que hoy en Panamá, vistas las nuevas circunstancias que, por causa de la pandemia, se hacen moralmente insostenibles y financieramente inviables.
Los privilegios en general son reminiscencias del pasado absolutista y feudal. En consideración al significado etimológico de la palabra, privilegio es una ley que regula a un particular o grupo de ciudadanos en forma exclusiva, logrando estos obtener un trato legal diferente al resto de la comunidad. Hacer esa diferenciación o exclusión se enfrenta al principio de la igualdad de los hombres ante la Ley, precepto fundamental de la dignidad humana, rescatado desde la Revolución Francesa de hace 242 años.
Los privilegios que más golpean en esta hora al erario público, son los que significan altas erogaciones a las arcas públicas que, no obstante, no pueden financiar más de cien balboas para unos bonos de comida para las familias que sufren el rigor de la cuarentena, pero sí se van millones de dólares en sostener privilegios económicos a sectores que no los necesitan. Este es otro rasgo de la gran e impresentable desigualdad que vivimos los panameños.
Sin embargo, la inmunidad parlamentaria es vista como un privilegio que gozan los diputados como protección al libre ejercicio e independencia de sus funciones parlamentarias, pudiendo emitir opiniones libremente sobre temas inherentes a sus responsabilidades, con la cual no tenemos ninguna objeción, porque no representa erogación alguna, es solo una protección necesaria para que los mismos no tengan cortapisas, ni temor a represalias, para exponer con absoluta libertad, dentro del marco del respeto, su sentir frente a los hechos que se debaten en el país.
Entendemos que un expresidente debe brindársele un servicio de seguridad, pero solo por un año inmediatamente después de haber salido de su gestión. No puede convertirse en una pesada carga millonaria que la tenemos que pagar todos los panameños, y actualmente ese servicio de escolta carísimo, con hasta 12 personas asignadas con altos salarios para que se pavonen por donde andan y hasta que se mueran, es simplemente insostenible.
En otro sentido, está la rebaja de salarios y emolumentos. Esta medida debe alcanzar al presidente y vicepresidente de la República, ministros, viceministros, Directores de Entidades autónomas y semiautónomas, directores nacionales a quienes el ejercicio del puesto significó un determinado aumento o beneficios, Asesores, diputados, gobernadores y alcaldes. Deben ser suspendidas las altas dietas de los concejos en todo el país y también todas las dietas de juntas directivas que el Estado deba costear, hasta tanto no se normalice la situación financiera de la nación.
Lo mismo debe ocurrir con todas las entidades públicas como la Caja de Seguro Social, su Director General, Subdirector, todos los directores nacionales y entidades financieras oficiales, como Caja de Ahorros, Banco Nacional, Banco Hipotecario y Banco de Desarrollo Agropecuario.
Tampoco se pueden salvar los casi 400 directores, subdirectores, jefes, Comisionados y Subcomisionados de las Fuerza Pública, llámese Policía Nacional, Servicio Aeronaval, SPI, Servicio Nacional de Fronteras, PTJ.
Este levantamiento de privilegios salariales, debe incluir, además, a los rectores y vicerrectores de la Universidad de Panamá, La Universidad Tecnológica, La Universidad de Chiriquí y la Universidad de Las Américas. Sus decanos y directores.
El Órgano Judicial también debe asumir las medidas de desmantelamiento de privilegios salariales y de viáticos, con los que se hacían casi otro salario y se la pasaban viajando al exterior descuidando, su responsabilidad de administrar justicia oportuna. Tales viáticos deben ser suspendido de inmediato y hasta tanto se den indicios de normalización de la economía.
En su orden tenemos a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todos los miembros de los Tribunales Superiores, Directores nacionales, Magistrados del Tribunal Electoral, que no tienen por qué ser permanente, como ocurre en España, que solo están vigentes en el proceso electoral, y el registro civil es una institución permanente, pero independiente, todos los directores nacionales del Tribunal Electoral, los jueces electorales, que no tiene sentido su existencia fuera del proceso electoral, Fiscales Electorales, Contralor y subcontralor; Directores nacionales de la Contraloría General de la República, Defensor del Pueblo y adjunto, y los miembros del gobierno, como embajadores, cónsules etc. Además, acabar con los privilegios en Notarías, establecer salarios y que sus ingresos de los servicios notariales se reporten al Estados, igual que es inadmisible el que existan consulados multimillonarios que no reportan sus ingresos al fisco, sino que son de propiedad del cónsul.
Todas estas medidas tienen el propósito de no quebrar al Estado, de sanear nuestras finanzas públicas, de no seguir pidiendo préstamos internacionales para pagar planilla, pagar deuda pública externa e intereses vencidos y privilegios y de viabilizar una existencia decorosa de la nación en medio de las dramáticas circunstancias. Estas medidas, de rebaja de salarios, deberán mantenerse hasta tanto el país se recupere, si Dios nos lo permite, en un plazo prudente.
La crisis actual, nos obliga a todos a ajustarnos y arroparnos hasta donde la manta nos alcance con la Ayuda de Dios, a poner las cosas claras y a enfrentar todo privilegio que se convierte en un acto ofensivo y grosero, frente a un pueblo que hoy sufre de falta de atención de salud, medicamentos, desempleo, incluso de hambre y que el sector trabajador acaba de recibir una reforma laboral que lo avienta a la incertidumbre e inestabilidad, mientras que otros se siguen dando la gran vida con privilegios inmorales e insostenibles.
¡Así de sencilla es la cosa!
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