Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Desde hace muchos años, un magistrado de la propia Corte y un distinguido catedrático universitario confesó públicamente que, sus ilusiones de justicia se acabaron una vez instalado en la Corte porque se percató que lo que había allí era “un potrero lleno de garrapatas”.
Esta confesión, no obstante, no daba detalles de casos específicos, sino la conducta que en nada parecía moral y llena de virtud del colectivo, sino todo lo contrario.
Ha habido casos en los que el dinero o la influencia ha permeado y la justicia ha desaparecido, por algo el profeta Isaías escribía de parte de Dios así: “Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios.
Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento.”
Pudimos ver incluso que, una sala de la Corte determinó la voluntad de un difunto, aunque él la había dejado escrita y notariada de otra manera absolutamente distinta.
Hace poco un Magistrado de la Sala Civil. persiguió por interpuesta persona a un comerciante dueño de una mueblería y una financiera y se ensañó contra aquel, asesora a la otra parte en un delicado proceso, y todavía no ha encontrado ocasión para separarse del caso, porque en esa causa él no es juez, sino parte, es decir, hasta ahora es las dos cosas.
La mayoría de los jueces penales y los defensores de garantías no son permanente y casi todos son interinos, cómo puede haber independencia para juzgar y trabajar en tales circunstancias.
Le hemos dado seguimiento a muchos casos, y hay razones para acotar que, la Corte es cortesana con el Órgano que la nombra e indulgente con el que la ratifica, por lo cual, el sistema de nombramiento de los miembros de Corte Suprema ha llegado a un límite en el que, no puede sostenerse igual porque se necesita revestir al máximo Tribunal de una verdadera independencia que ahora no la tiene para que pueda garantizar la tutela efectiva de las garantías constitucionales.
La muerte del Proceso
Lo hemos escrito muchas veces y no nos cansaremos, porque las garantías procesales son el fundamento del proceso en que las partes concurren para resolver los pleitos y las diferencias cuando se deciden judicializar las causas.
La Función Judicial la ha asumido el Estado y frente a los ciudadanos, debe garantizar el debido proceso a todas las partes que concurran.
Es inadmisible, por tanto, que, deliberadamente un juez o magistrado se convierta, en vez de director del proceso, en parte del proceso, liquidando con esa conducta, toda garantía procesal y dejando en indefensión a una de las partes y procurando de inmediato, el deceso tácito o automático del proceso.
Ahora se han interpuesto los recursos de inconstitucionalidad sobre La Ley 406 de 20 de octubre de 2023, y los panameños no solo queremos el apego al estricto derecho en esas decisiones, sino que, al emitirlo y quedar ejecutoriado, sino hay solicitud de las partes d e aclaración de sentencia, inmediatamente se ejecute la decisión, porque en la ocasión pasada, la Corte Suprema se prestó por abierta negligencia a que estemos en donde estamos, puesto que faltó al pueblo panameño, la garantía procesal de la ejecución, porque de nada vale una hermosa sentencia, si ella no se ejecuta, para poder restaurar el derecho conculcado.
Que está pasando hoy.
Hoy, se inició en el país un paro general que según informes que, me han llegado, es efectivo en todo el país. La Corte deberá entender que no puede jugar con un tema tan delicado como nuestra soberanía y el destino del país, incluyendo el patrimonio de las riquezas de nuestro subsuelo y del ambiente en general. El pueblo entero, está dispuesto a hacer valer su voz y ha hacer respetar nuestra patria.
Recientemente, dos ministros del gobierno que se creen intocables confesaron que tienen una compañía de su propiedad que, ha contratado un proyecto de 500 viviendas con Minera Cobre Panamá, subsidiaria de First Quantum Mineral Ltd. Ellos, como parte del Consejo de Gabinete, aprobaron el contrato minero, sin mayor rubor, asumiendo que será virtuoso tener esas relaciones comerciales y que no se trata en lo absoluto de nada inmoral o de cohecho.
Esos hechos son los que la gente ve y lo indignan, porque quienes desean llamarse servidores públicos, deben servir a la nación y no servirse ellos del país. Por lo visto no saben distinguir aspectos elementales del respeto a los ciudadanos y de ética, ni saben qué es.
La evidencia más clara de que, en el país no hay justicia, es el nivel de violencia que existe en Panamá, porque sabido es que, no es posible la existencia de la paz, sino la antecede el imperio de la justicia.
¡Así de sencilla es la cosa!
9 Hay varios Likes:) Gracias...