¿POR QUÉ UNA MORATORIA DE LA MINERÍA?.|

 El Discurso que no nos dejaron pronunciar ante la Asamblea Nacional (28 de enero de 2011)

 

Por: Julio Yao Villalaz

 

El Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá) ha acompañado al Comité pro Cierre de Mina Petaquilla desde su fundación en 2004 y ha conocido la problemática desde cuando Cáritas Panamá, bajo Héctor Endara, la puso bajo su radar años antes.

Igualmente, hemos acompañado a la Coordinadora Campesina por la Vida en sus luchas contra los embalses y por el mejoramiento y la defensa del campesinado, específicamente de Colón, Coclé y Panamá.

Hemos acompañado a la Asociación Rey Quibián, representativa de más de mil indígenas Ngobe repartidos entre Nueva Lucha, Nuevo Sinaí, Río Palmilla y Chicheme, que viven en el distrito de Donoso, dentro y alrededor de la concesión minera en Petaquilla.

Hemos realizado cientos de reuniones con todas las comunidades campesinas e indígenas de Petaquilla, lo que nos ha acarreado, en distintas ocasiones, amenazas y atentados en carretera a nuestra integridad física por parte de elementos asociados a las mineras.

Por razones expuestas en esta Comisión y por otras cuya elucidación no cabe en el corto tiempo asignado, el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, la Coordinadora Campesina por la Vida, representada en María Muñoz; la Asociación Rey Quibián — cuyo presidente Martín Rodríguez nos ha facultado para hablar en nombre  de las cuatro comunidades indígenas — y la Asociación de Productores Agrícolas de La Pintada, bajo Rubén Bernal, rechazamos rotundamente el proyecto de reformas al código minero y exigimos una moratoria lo suficientemente amplia que nos permita examinar algunos aspectos parciales de la minería, como la cuestión de las regalías, tasas y aspectos administrativos, que se tocan en el proyecto de ley y  que son importantes, pero no suficientes.

Necesitamos una moratoria  que nos permita aclarar integralmente la responsabilidad que le cabe a la minería a cielo abierto en los efectos negativos del cambio climático mundial; el impacto real de dicha minería cuando se asienta en zonas tropicales como Panamá – de intensas precipitaciones pluviales, extraordinaria biodiversidad y riqueza hídrica; la tendencia mundial a prohibir la minería a cielo abierto; la prohibición creciente en la Unión Europea del uso del cianuro, especialmente en la explotación de oro; el incumplimiento masivo de normas y obligaciones ambientales a nivel mundial; el irrespeto bárbaro y salvaje a la Carta de los Derechos de los Pueblos Indígenas proclamada por las Naciones Unidas, de quienes (me refiero a los indígenas) los proyectos mineros en Panamá han hecho tabla rasa y han declarado, en Canadá, por ejemplo, que “dentro de sus concesiones no viven indígenas porque son áreas despobladas”, mintiéndole y ocultándose al gobierno canadiense sobre cómo se comportan sus empresas en Panamá.

Necesitamos una moratoria que nos permita examinar los efectos de la minería a cielo abierto en Panamá, particularmente en Petaquilla; que nos permita analizar las decisiones de los distritos de Tonosí, Macaracas, Guararé, Soná, La Palma y otros que prohíben la minería a cielo abierto; que nos dé tiempo para conocer por qué el  resto de los municipios de la República, que suman decenas y que desconocen todo acerca de la minería a cielo abierto y están expuestos a ella, especialmente en Chiriquí, Bocas, Darién y la Comarca Ngobe-Buglé,  aún no se han pronunciado sobre este tema que les concierne de manera tan  íntima y vital.  

Necesitamos saber por qué, pese a ingentes esfuerzos de nuestra parte, de las asociaciones que hemos acompañado, no ha sido posible que el tema de Petaquilla sea analizado en ninguna reunión provincial de coordinación, en total irrespeto a solicitud pertinente por parte de casi todos los representantes de corregimiento en Coclé.

Necesitamos una moratoria lo suficientemente amplia para aclarar por qué Petaquilla Gold ha continuado ilegalmente sus operaciones si, desde 2004 por lo menos, carecía de Estudio de Impacto Ambiental; por qué han apelado con total éxito todas las medidas dictadas en su contra por la ANAM, entidad que los ha multado con un millón de Balboas  y condenado a pagar gastos mínimos de mitigación; que les ha anulado su presunta consulta pública de diciembre de 2007; que les ha permitido continuar a condición de que Petaquilla Gold cumpliese con 30 requerimientos de los cuales no ha cumplido ni uno solo. 

Necesitamos saber por qué no han progresado en las instancias judiciales ninguna de las demandas y querellas promovidas por Serpaj-Panamá en nombre de las comunidades.  Necesitamos saber por qué tienen amenazados a maestros y profesores en Coclesito por realizar actos en contra de las mineras y si es cierto, como se rumorea, que la escuela del lugar es financiada parcialmente por Petaquilla Gold, de la misma forma que se dice que algunos funcionarios de la provincia de Colón recibían o reciben prebendas de dicha empresa.

Necesitamos una moratoria que nos permita conocer en qué condiciones Petaquilla Gold les expropió, compró o usurpó terrenos y fincas a campesinos e indígenas de Petaquilla, engañandolos acerca de las facultades que les otorga la concesión de 1997, amenazandolos de que les iría peor con el gobierno si no se retiran ya de sus predios porque “les iban a echar  de ñapa a la Policía”, tal como había ocurrido con los Nasos, a quienes el gobierno desalojó a favor de Ganadera Bocas.

Es importante averiguar a quiénes se traspasaron las tierras usurpadas, arrancadas a los campesinos e indígenas de Petaquilla.

Desde hace cuatro años (2007), el indígena Merardo Morales y el propio Martín Rodríguez esperan que Petaquilla Gold nos explique por qué les incendiaron sus ranchos en Agua Colorá y por qué quemaron y destruyeron otros ranchos a indígenas que huyeron aterrorizados, abandonando sus viviendas, que en total fueron como diez, luego de lo cual los jefes y empleados de Petaquilla Gold consumieron gallinas, cerdos y productos agrícolas de los verdaderos propietarios.

Y necesitamos una moratoria, señores Diputados, porque fueron muchos los desmanes de los mineros contra las comunidades sin que ni la ANAM ni el gobierno haya hecho absolutamente nada por interesarse, mucho menos para defender a las comunidades.

Necesitamos saber por qué, antes de que se implantara la minera, en Coclesito y regiones y aledañas no había problemas de drogas, alcoholismo, desintegración familiar, madres solteras, violaciones a menores y mayores de edad, y Sida, y ahora todo eso se ha presentado.  Necesitamos saber por qué la Universidad de Panamá no cumplió con la decisión unánime del Consejo General Universitario de ayudar a las comunidades de Petaquilla.

Necesitamos una moratoria para que la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos investigue si Petaquilla Gold y Minera Panamá cumplieron con los requisitos legales que exige la Constitución Política para sus operaciones en nuestro país; para que averigüemos si es cierto o no que las tinas no se construyeron en el sitio más adecuado y si su construcción adolece de defectos congénitos que expliquen la continua y permanente contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

Al sol de hoy, ni el gobierno ni nadie ha realizado una gira médica a Petaquilla, a pesar de las inundaciones, derrames de las tinas de lixiviación y otras tragedias que han padecido sus moradores y que afectan gravemente su salud.

Señores Diputados:  Necesitamos una moratoria que nos permita conocer si Inmet Mining, la compañía canadiense madre de Minera Panamá, ha sido objeto de sanciones, multas y decisiones ambientales y judiciales en países de la Comunidad Europea, el Medio Oriente, África, Canadá, Estados Unidos  o Latinoamérica, de manera que nos permita a los panameños saber si la empresa merece ser autorizada para operar en Panamá.

En fin, necesitamos una moratoria para cotejar el proyecto de reformas al código minero con nuestra Constitución Nacional, con el Derecho Internacional Ambiental, y con el sistema internacional de protección a los derechos humanos.

Y una última cuestión, señores Diputados: 

Uds. tienen la obligación de hacer cumplir nuestras leyes tanto a empresas como a gobiernos; de que nuestras leyes sirvan para nuestras necesidades y no para resolverles problemas financieros a las empresas.  Nuestras necesidades de inversión no están por encima de nuestros intereses nacionales ni nuestra soberanía.  Yo no acepto que un gobierno del Lejano Oriente que no es China Popular, haya lanzado un ultimátum al gobierno del presidente Martinelli para que reforme el código minero antes de tal fecha o “aténgase a las consecuencias”.

A principios de siglo XX, algunos países europeos bloquearon con barcos de guerra a Venezuela para hacer efectivo el cobro de una deuda que este país se negaba a pagar.  A raíz de este incidente, se aprobó la Doctrina Drago, que prohibía el uso de la fuerza para cobrar deudas.

Si los panameños no hemos sido capaces de poner orden siquiera en Petaquilla Gold o en Minera Panamá, ¿qué le hace pensar al gobierno del presidente Ricardo Martinelli que puede enfrentar a las cañoneras de Singapur, Corea del Sur y Canadá cuando vengan a reclamar sus derechos conculcados; o sea, cuando sean Estados y no simples empresas las que entren en conflicto sobre temas mineros  con Panamá, pues exactamente eso persiguen las reformas al código minero?

Los dejo con esta reflexión.

Muchas gracias.

Asesor de Política Exterior (1972-1977), Presidente de Serpaj-Panamá (2003-2013), fundador del Comité pro Cierre de Mina Petaquilla.

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