El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar S.
Se trata del proyecto de ley 356, que establece descuentos salariales y la disminución sustancial de privilegios y de los famosos gastos de representación para altos funcionarios del Ejecutivo, mismos que no pagan cuota obrero patronal y esquivan la obligación de abonar las sumas correspondientes a la CSS, en medio de una crisis que no tiene parangón histórico y en el que todos debemos asumir algún grado de responsabilidad y el otro es el proyecto de Ley 371 que modifica disposiciones de la ley 21 de 1997, que aprueba el plan regional para el desarrollo de la región interoceánica y el plan general de uso, conservación y desarrollo del área del Canal, y que abre puertas para acabar con la cuenca del canal y pone en peligro el funcionamiento futuro del Canal, que opera con agua y que busca satisfacer a personas que de alguna manera han ido ocupando territorios del Canal y estudios serios indican que la cuenca del Canal, lejos de aumentar, ha disminuido peligrosamente por la agresión y destrucción de la que ha sido objeto todos estos años.
El Canal de Panamá aporta en forma directa más de 1,700 millones de dólares al año al Estado, pero estos dineros en vez de ser orientados para la inversión en programas de desarrollo de generación de empleos y de reactivación estratégica de la economía, son, sin embargo, consumidos en gastos del Estado y en mantener una onerosa planilla estatal y privilegios de altos funcionarios que, hoy día son inviables a la luz de la crisis sanitaria que vivimos los panameños.
El Pueblo panameño tiene que mirar con ojos de profunda preocupación, cómo se está manejando este tema que, en modo alguno, debe servir para satisfacer propósitos clientelares y exponer y liquidar la gallina de los huevos de oro de la economía del pueblo panameño.
La Socióloga, Aida Torres, presidenta de la Asociación de Comunidades del Área del Canal, (ACAC), El Arquitecto Gerónimo Espitia, La Arquitecta Denia Araúz, la arquitecta Magaly Jurado, la Economista y empresaria, Rocío de Carneiro, La socióloga Amelia Sanjur, y otros miembros distinguidos de la ACAC, están convocando al pueblo panameño para que estemos alertas a fin de evitar un camarón legislativo que dé al traste, en medio de esta crisis, en contra del principal patrimonio nacional.
Si este proyecto llegara a prosperar, sería afilar el cuchillo para meterle una puñalada trapera a la Operación del Canal, que depende esencialmente del mantenimiento y en todo caso ampliación de la cuenca del Canal y no de su reducción irresponsable. Por algo, desde que traspasó en 1982, gran parte del territorio del Canal, se adoptó una Ley, que luego se rescata en el artículo 315 de la Constitución Vigente: “El Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación panameña; permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones y su uso estará sujeto a los requisitos y condiciones que establezcan esta Constitución, la ley y su Administración”.
Por lo cual este proyecto de Ley resulta claramente contradictorio con ese artículo de la Constitución y por tanto el Reglamente Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea nacional Prohíbe al Legislador proponer semejante desatino.
¡Así de sencilla es la cosa!
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