El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Propuesta del gobierno y los empresarios, de reformas a la ley orgánica de la caja del seguro social, viola derechos humanos que tienen que ver con la existencia humana.
La defensoría del pueblo no puede pasar agachada, debe pronunciarse.
Por Ramiro Guerra.
Jurista, escritor y cientista político.
La defensoría del pueblo, no puede pasar agachada en el tema pertinente a la propuesta de ley de reforma a la ley 51 de 2005 de la caja de seguro social.
En el proyecto de marra, se toca temas fundamentales, que inciden en la calidad de vida de los asegurados, sus descendientes y también trascienden a la economía.
Suficientes elementos en ese proyecto 163, dan cuenta que, el mismo tenderá a bajar la calidad de vida de los panameños. También pone en manos del sector privado, las reservas de la caja de seguro social. Se trata de un negocio altamente rentable que tiene nombres.
A medida que pasan los días, quedan al descubierto, muchas mentiras al igual que la campaña de terror que estos sectores han montado, para justificar un negocio suyo a gran nivel.
Nadie discute que la institución tiene problemas, sobre todo en el programa del IVM. Pero ha habido una perversidad para vender la idea, de que el seguro está en su momento de sucumbir su existencia, para justificar y vender el draconiano y perverso proyecto de ley.
Soluciones hay; lo que no hay es voluntad política. Toda la campaña ha estado a satanizar el sistema de reparto definido, solidario. Una campaña que retrata la mezquindad de los clanes del poder económico.
El problema de los clanes de la oligarquía, es que creen que hemos vuelto a la patria boba y el pueblo es ignorante. Que pueden engañar y manipular y nada pasa.
Reeditan un escenario como de la lucha contra la minera, First Quantum. Están convencidos que pueden imponer la perversidad que se denomina proyecto de ley 163.
Son los mismos actores. Por un lado, el pueblo, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y por el otro lado, la oligarquía.
En materia penal, existe el delito de falsedad ideológica. Mentir desde las esferas del estado, para hacer daño al pueblo y al país, da cuenta de la estatura inmoral y pérfida de esa gente.
Reiteramos la Defensoría del pueblo, debe pronunciarse. No se puede pasar por alto semejante ultraje a los asegurados, al país.
En esa dirección, también las iglesias deben definirse. Los pronunciamientos a media tinta, no sirven a las causas de los trabajadores y del pueblo en general.
Coincidimos con los que plantean que ese proyecto de ley 163, por lo pernicioso, debe ser retirado de la asamblea nacional.
Por la patria todo.
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