El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Victoriano Rodríguez Santos
Increíble como el gobierno, presuntamente de corte social, toma decisiones aberrantes y pretende tomar de tontos útiles a la población panameña.
Hicieron negociaciones con Minera Panamá por un contrato que ningún panameño -salvo los negociadores y algunos otros del gobierno- conoce e intentan hacer una presunta “consulta ciudadana no vinculante”, lo que a todas luces es un contrasentido porque de nada sirve lo que pudiera aportarse si no será tomado en cuenta, además, desde 2017 la Minera está funcionando sin contrato (implica fuera de la Ley) e inconstitucionalmente, porque así declaró la Corte Suprema de Justicia la ley que amparaba el contrato anterior.
Si entre los socios capitalistas de Minera Panamá, existen otros gobiernos, conocido tanto por los negociadores -que este pueblo no quiere- y el gobierno, ¿estarían o no violando la Constitución de la República?
Artículo 285. “Ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrán adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional, salvo cuando se trate de las sedes de embajadas de conformidad con lo que disponga la Ley.”
Se escuchó al ministro de comercio indicar que esa “presunta consulta ciudadana” vencería el 22 de abril. Implica ello que la población pensante tendrá escasos 30 días para el análisis y propuestas, las cuales no tomarán en cuenta, por lo cual no hay que ser muy inteligente para entender que es una imposición la entrega de parte de nuestro territorio nacional a Minera Panamá, en consecuencia a sus accionistas, los gobiernos extranjeros.
Panamá cuenta con cerca de 30,000 abogados. Es importante hacer un llamado a todos ellos, serios, honestos, patriotas, y que quieran a su País, a manifestarse con argumentos legales, pero también a que agrupados o no presenten demandas contra el contrato que pretenden imponernos como si fuera una fruta de consumo de un supermercado.
Tenemos miles de abogados patriotas y honestos que estarían dispuestos a tan noble causa, independientemente del partido político o amistades dentro del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, porque su patria es primero, por lo que estoy seguro conoceré de presentación de demandas contra este aberrante contrato que pudiera ser otro tratado Hay Bunau Varilla, pero firmado por panameños.
Tenemos que suspender y eliminar cualquier vestigio de imposición de un contrato que atenta contra la riqueza nacional, la flora, fauna, los afluentes del Canal y la vida de los panameños. Se requiere un plebiscito revocatorio a la firma de ese contrato y que sea la población nacional quien determine si aceptan o no un contrato, pero no de espaldas al pueblo. Dios te salve Panamá.
Ciudadano humanista.
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