El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
En los últimos días, se ha dado a conocer una noticia acerca de la instalación en Panamá de una oficina conjunta entre Estados Unidos y Panamá llamada Fuerza de tarea contra el lavado de activos tendrá su sede en Amador, dice la noticia que El Ministerio de Seguridad, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, inició la rehabilitación de un Edificio ubicado en Amador, que se convertirá en la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el lavado de activos y la corrupción, como parte de la lucha contra el crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
Durante el acto, en el que estuvo presente Katherine Dueholm, encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos y todos los directores de los estamentos de seguridad, el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino declaró que “el Gobierno de Panamá adelanta una agenda nacional, que conlleva un compromiso con la transparencia, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de nuestras instituciones, pero es extraño que no aparece nadie del ministerio de Relaciones Exteriores que según la Constitución Política vigente, es el Encargado de definir nuestra política exterior y eso incluye la realización de cualquier convenio internacional de cooperación como se alega , es el presente.
Y es que este supuesto Centro, vincula al Ministerio Público con fiscales de circuito, fiscales adjuntos y asistentes operativos, que no son subalternos de ministerio de Seguridad.
Katherine Dueholm, encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, resaltó que “estas instalaciones servirán como un modelo para la región para mejorar la capacidad y el intercambio de información para desarrollar investigaciones más completas y eficientes contra el lavado de dinero” y nos preguntamos si puede ser modelo un Centro de empieza por desconocer la Constitución Nacional.
Según la información vertida por los medios, “La construcción de esta infraestructura tiene una duración de ocho meses. Costará 767 mil 227 dólares y los fondos se obtendrán del convenio de Spedd Joyeros, un modelo de cooperación internacional bilateral entre Estados Unidos y la República de Panamá, que sirve para combatir el narcotráfico.
El 10 de febrero de 2021, el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Stewart Tuttle, y el ministro de seguridad pública de la República de Panamá, Juan Pino, suscribieron un memorando de entendimiento entre los dos países dirigido a continuar con la asistencia estadounidense a los estamentos de seguridad panameños que operan en el mar, mediante la dotación de equipos y capacitación técnica. El memorando suscrito cuenta como destinatarios a la Fuerza Marítima Conjunta de Panamá (FMCP) y el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), los cuales operan bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública.
También fue creada hace cuatro años atrás, una Fuerza de Tarea Conjunta Migratoria que fue acordada luego de una reunión, entre una delegación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y estamentos de seguridad panameños, encabezados por el entonces Ministro de Seguridad (Minseg) Alexis Bethancourt.
Todos estos actos se han realizado en abierta confrontación con el ARTICULO 194 de nuestra constitución política que dice: “Los Ministros de Estado son los jefes de sus respectivos ramos y participan con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con esta Constitución y la Ley”
Es claro que las relaciones con Estados Unidos o sus Agencias o de cualquier otro Estado u organismo Internacional es competencia exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el Presidente de la república, por lo cual no entendemos quien ha delegado el manejo de nuestras relaciones internacionales al Ministerio de Seguridad.
Adicionalmente, cuando se utiliza el término conjuntamente, implica la aceptación expresa de que autoridades extranjeras realicen investigaciones en nuestro territorio con sus agentes. Esto es un desconocimiento flagrante a la jurisdicción nacional y está muy cerca de un delito de traición a la patria. Cedemos soberanía jurisdiccional en violación de la Constitución y de la Ley.
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