Radiografía de un Grave Desacato

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Desde diciembre de 2017, cuando quedó ejecutoriado el dictamen, resolución judicial o sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia, la empresa minera a través de sus abogados ha ensayado toda una suerte de acciones, todas improcedentes y sin fundamento legal alguno, con el ánimo de generar una cobertura a la dinámica delincuencial de la acción continuada de apropiación o robo del patrimonio nacional a cuento de que tienen en sus manos un contrato extendido que dejó de existir hace más de cinco años en el mundo jurídico.

Además, cualquier negociación en la actualidad con First Quantum Minerals LTD o Minera Cobre Panamá su subsidiaria, es absolutamente improcedente, ya que nuestro ordenamiento constitucional subraya que, «la exploración, el desarrollo y la utilización de los recursos naturales deben estar bajo el control y la supervisión plenos del Estado»

Y el artículo 290 constitucional señala que: Ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrán adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional, salvo cuando se trate de las sedes de embajadas de conformidad con lo que disponga la Ley. Y este es el caso que esa empresa precisamente pertenece la mayoría de su capital accionario a un conjunto de Estados extranjeros, lo cual es violación flagrante de nuestra Constitución.

Desde hace más de un mes que, el Gobierno Nacional ordenó la suspensión de las actividades de comercio y exportación de minerales desde Donoso, la empresa ha hecho caso omiso a tales directrices, asumiendo una conducta abiertamente de confrontación contra el orden público y el Estado de Derecho en el país.

Sin embargo, también el gobierno se ha prestado para que, conociendo la realidad del desacato de esta empresa, se ha permitido sentarse a hablar y “negociar un supuesto futuro contrato” lo cual los hace parte y colaboradores del delito.

Si, por ejemplo, el Ejecutivo continuara actuando al margen de la Constitución y la Ley, se harían acreedores a la sanción penal por su conducta típicamente antijurídica y culpable, todos lo que de una forma u otra participan de tales actos, sino que, además, si lograran llegar a firmar algún documento, éste debe pasar a la Asamblea Nacional que según el artículo 163 dice textualmente que tiene prohibido a la Asamblea Nacional:
1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución.

Pero, además el Artículo 257 en su numeral 5 dice:

5. Las riquezas del subsuelo, que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación según lo establezca la Ley. Los derechos mineros otorgados y no ejercidos dentro del término y condiciones que fije la Ley, revertirán al Estado. Esto quiere decir que, desde la ejecutoría de la sentencia en 2017, los derechos mineros objeto del contrato declarado inconstitucional, debió regresar de inmediato al Estado Panameño, por lo cual la explotación continuada por parte de FQM o Minera Panamá corresponde a un atraco o robo sin ningún fundamento de derecho de bienes de la república y de los panameños.

Por su parte, el artículo 259 constitucional establece que: “Las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público”.

Hasta donde sabemos, aquí en ese contrato perverso y leonino, declarado inconstitucional en 2017, no se atendió la norma constitucional de este artículo que habla de interés público, y solo se le otorgaba al país, una mísera participación de 2% de las ganancias declaradas, contenidas en el Código Minero, a todas luces anticonstitucional y absolutamente favorable para piratas mineros.

Al Estado Panameño le corresponde asumir el control de la mina hasta tanto se haga una licitación internacional en nuevos términos conforme lo establece el artículo 286 que dice que:  “El Estado creará por medio de entidades autónomas o semiautónomas o por otros medios adecuados, empresas de utilidad pública. En igual forma asumirá, cuando así fuere necesario al bienestar colectivo y mediante expropiación e indemnización, el dominio de las empresas de utilidad pública pertenecientes a particulares, si en cada caso lo autoriza la Ley.

En el día de ayer, los moradores de Panamá Este y Darién salieron a las calles que estaban absolutamente militarizadas, por causa del mal estado de la carretera que les impide desarrollar con sosiego sus actividades productivas, de la cual obtienen su sustento y en este caso se dieron dos hechos curiosos que marcan un modo de actuar desde el Estado con amplia diferenciación.

La gente de Darién reclama un derecho frente a una realidad dramática de las condiciones desastrosas de su vía de comunicación, que el estado elude con el discurso de que no hay recursos financieros para poder enfrentarlo y que están negociando un préstamo internacional con un organismo de crédito.

No obstante, quienes resisten la Ley desde hace cinco años y más concretamente desde hace un mes en que no le paran bola a las decisiones del gobierno y que merecen que se dirijan hacia allí las fuerzas antimotines y los componentes del Servicio de Fronteras que desde antes de ayer están por cientos en Tortí y que aún permanecen, dado que los maleantes que se están robando el oro, el cobre y otros minerales de alto valor comercial, lo siguen haciendo contra las disposiciones legales de nuestras autoridades judiciales, pues no, a esos maleantes se sientan a negociar y a los pobres pobladores de Este de Panamá y Darién, a ellos se les intimida y se les niega el derecho a reclamar sus derechos.

Es más, nuestro Estado no tienen necesidad de seguir mendingando ni endeudándose para rehabilitar o construir ninguna carreta nueva, solo hay que parar a los maleantes que se están llevando la riqueza nacional de todos, desde 2017 hasta esta fecha, el robo alcanza más de diez mil millones de dólares y orientar esos recursos a la solución de los ingentes problemas de toda nuestra sociedad, incluyendo carreteras, escuelas, centros médicos y salvar a la Caja de Seguro Social, pero para eso nos tenemos que amarrar los pantalones, dejar la vergonzosa genuflexión del gobierno y enfrentar frontalmente a la perversa corrupción.

¡Así de sencilla es la cosa!

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