El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Rekha Chandiramani (corresponsal digital)
(Tomado de TVN-2)
La mina de Molejón es un negocio millonario, que pasa de las manos de Petaquilla a Broadway Minerals, una empresa cuyo único proyecto minero en su página web es el que planean hacer en Panamá.
El gobierno de Laurentino Cortizo, cuyo vicepresidente José Gabriel Carrizo fue abogado de Petaquilla Minerals, tomó las acciones para dejarles el recurso minero en bandeja de plata.
A través de las resoluciones 89 y 90, publicadas el pasado 13 de mayo en la Gaceta Oficial, el Ministerio de Comercio e Industrias agregó más de 25 mil hectáreas nuevas al régimen de tierras adjudicables para explotación minera en las provincias de Coclé y Colón. Dentro del área está la fenecida mina de oro Molejón, cuya concesión fue cancelada en 2015 cuando Petaquilla Gold abandonó el proyecto dejando una estela de deudas laborales y daños ambientales que tuvo que contrarrestar parcialmente el Ministerio de Ambiente con fondos estatales.
“ Los golpes no se anuncian, se dan” es una frase que usa constantemente Cortizo para evadir cuestionamientos de periodistas por escándalos de corrupción. Quizás el jab más inesperado lo dio cuando anunció que no solo tenía todo listo para iniciar la negociación de un nuevo contrato con Minera Panamá —el actual fue declarado inconstitucional— sino que, además, doblaría la apuesta del país por la minería metálica a cielo abierto, poniendo las 25 mil hectáreas más en la cartelera.
El ministro actual de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, anunció días después de emitir las resoluciones, que recibió una propuesta de la canadiense Broadway Strategic Minerals para la explotación de la mina Molejón, aduciendo que la empresa “ se comprometió a sanear el área y a pagar 30 millones de dólares” para saldar las prestaciones laborales de “ trabajadores que quedaron desamparados con el cierre de esta mina”. También dijo que la empresa invertiría 200 millones de dólares en reacondicionar la mina y que con este acuerdo estrenaría “ una estructura novedosa de regalías y de impuesto sobre la renta que permite que el Estado tenga ingresos de 35 millones de dólares en regalías e impuestos más los aportes que se van a llevar a la CSS por el empleo de 1000 personas”.
Martínez también adelantó en aquel comunicado televisado que hizo tras una avalancha de críticas por el hermetismo, que Broadway Strategic Minerals construiría una refinería que daría servicio a todas las mineras de la región, con una inversión de 250 millones de dólares y de la cual Panamá sería socio con el 50%.
El vicepresidente Carrizo fue abogado de Petaquilla Minerals, empresa que subdividió su concesión para extraer oro y cobre para luego vender los derechos para extraer cobre a Minera Panamá. Su jefe era Richard Fifer, a quien la fiscalía abrió un proceso por el no pago de cuotas laborales. La parte de la concesión para extraer oro es la que Petaquilla Gold abandonó y que ahora el propio gobierno Cortizo-Carrizo entregaría a Broadway Strategic Minerals, de aprobarse.
El ministro de Comercio e Industrias también admitió —en su comunicado televisado— que la Dirección Nacional de Recursos Minerales “ realmente no estaba preparada para fiscalizar, controlar una operación de tal magnitud como la de Minera Panamá”, y que con expertos de Chile, Canadá y Perú han estado capacitándolos en el manejo de regalías y supervisión de minas.
El asesor jurídico de Broadway Strategic Minerals, el abogado panameño Manuel Nuñez, confirmó que “ la propuesta que hicieron al gobierno está en evaluación”. Nuñez, quien figura como director, suscriptor y agente en Broadway Strategic Minerals Panama S.A., también fue Jefe Legal del Departamento de Recursos Naturales del Ministerio de Comercio e Industrias entre 2009 y 2012, lapso en el que Petaquilla Gold extrajo oro por más de $200 millones. Al ser cuestionado por conflictos de interés, negó tener participación accionaria en la empresa y circunscribió su participación a servicios profesionales que brinda a la misma.
¿Por qué una nueva empresa asumiría los pasivos laborales de otra? Nuñez aduce que “ es imposible iniciar sin cubrir los temas laborales porque quizás sean los mismos empleados que tengan que contratar después”. Sobre la cercanía del vicepresidente Carrizo con Petaquilla, Nuñez ripostó que “no tenemos nada que ver con política ni con el vicepresidente”.
Otra conexión que tiñe a la empresa que pidió la concesión fue la mención de Andrea Zanon, el tesorero original de Broadway Strategic Minerals cuando esta se registró en noviembre de 2019. Zanon era un consultor italiano del Banco Mundial que —según publicó el diario El País— era investigado por idear un fraude con la plataforma de criptomonedas Nimbus, con la cual habría estafado a incautos por más de 112.5 millones de euros. Nuñez también se distanció de Zanon y dijo que éste “ ya no tiene nada que ver la empresa, que fue directivo pero que renunció en abril de 2020, pero que por la pandemia, el cambio no se pudo inscribir en el Registro Público sino hasta octubre de 2020”. La nota de El País se publicó el 20 de mayo de 2021, pero las pesquisas arrancaron en octubre de 2020, cuando un inversor denunció la plataforma por haber cerrado operaciones sin que este pudiese recuperar más de 9 mil euros.
Pero además del escándalo internacional que envuelve a Zanon, la futura posible concesión tiene varios vicios de ilegalidad, según el abogado y director de la Asociación de Derecho Ambiental, Donaldo Sousa, quien interpuso un amparo de garantías ante la Corte Suprema para frenar las resoluciones 89 y 90 emitidas por el Ministerio de Comercio e Industrias en mayo pasado.
El sustento de la acción es que, entre otras cosas, las resoluciones no toman en cuenta la participación ciudadana, algo que desde la adhesión del país al Acuerdo de Escazú, es imprescindible para cualquier proyecto que afecte el ambiente. “ Tampoco contemplan la consulta pública como exigen las normas ambientales panameñas y los convenios internacionales” explicó el jurista. Y justo la falta de una consulta pública fue una de las razones por las que la Corte falló como inconstitucional el contrato original de Petaquilla (después usado por Minera Panamá).
Sousa adelantó a este medio que ya existe un proyecto de fallo pero que “ debido a las presiones políticas y económicas” los magistrados no se han pronunciado.
Se contactó al Ministro Martínez, pero desde el departamento de Comunicaciones informaron que él no podía contestar, porque estaba en una misión. Se enviaron las preguntas pero al cierre de esta nota, no se había recibido respuesta.
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