Editorial

 

La dirección política del país, ha tomado la decisión de aprobar el contrato minero por encima de cualquier consideración, incluyendo sacrificar la paz pública.

En una acción desesperada e irracional, el ministerio de Seguridad ha desplegado a un gran contingente de unidades de control de multitudes, que actúan contra todo lo que se mueva repartiendo indiscriminadamente bombas lacrimógenas, gas pimienta, perdigones y otros pertrechos para impedir la manifestación pública del rechazo a tan leonino contrato que lesiona el interés nacional y la vida y paz de los panameños.

En esta tarde de hoy jueves 19 de octubre, y hasta altas horas de la noche las fuerzas de seguridad persiguen a cualquier ciudadano sospechoso de estar en contra de tal contrato antipatria.

En este momento, los antimotines tienen sitiados a las fuerzas populares que están reunidas en un local sindical, con la amenaza de poner como prisioneros a todos los dirigentes sociales y populares, y poder acallar así, las voces de protesta nacional.

Estos hechos pueden desembocar en un descalabro y aumento de la tensión nacional, porque los niveles de violencia del estado contra la población en estos momentos, no tienen parangón con la historia reciente del país. Un joven que estaba en esta tarde en la manifestación fue víctima de un disparo de perdigones por la UCM y está la posibilidad de que pierda la vista.

Ojalá el gobierno atendiera un llamado a la sensatez, pero están borrachos del ejercicio de un poder arbitrario que no conoce de estado de derecho ni de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Ante ese dramático hecho, el pueblo encontrará el modo de restablecer la paz que el gobierno subvierte.

 

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